Francisco Reyes Pacheco es un hombre con muchos problemas legales. Estados Unidos lo acusa de ser parte de un escándalo de narcotráfico que toca a las más altas esferas de la política hondureña. En Honduras le estaba prohibido salir del país mientras esperaba juicio por el caso de corrupción estatal más grande de la historia reciente. Hace poco, el gobierno de Juan Orlando Hernández intentó ayudarlo a cambiar su suerte.
Con una carta de la cancillería hondureña, los defensores de Reyes Pacheco pidieron a la jueza que lleva su caso que lo deje salir de Honduras. Un movimiento de última hora del Ministerio Público logró evitarlo.
La investigación
Reyes Pacheco no puede salir de territorio hondureño por su presunta implicación en el llamado Caso Pandora, un esquema de corrupción atribuido a una red de políticos y funcionarios que desviaron a sus bolsillos y a campañas electorales del gobernante Partido Nacional unos 282,016,175 lempiras (unos US$11.3 millones).
El Ministerio Público acusa a Reyes Pacheco de lavar dinero ilegal proveniente de ese desvío millonario. Así lo determinaron las investigaciones que las extintas Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) y Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) llevaron adelante entre 2017 y 2019.
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En agosto de 2017, la compañía Aviación Tecnológica S.A. (Aviatsa), de la que Reyes Pacheco es socio, firmó un convenio con el ministerio de turismo del gobierno de Juan Orlando Hernández para promover el turismo en Islas de la Bahía, en el Caribe hondureño. Por ello, la compañía recibió 2,876,712 lempiras (unos US$113,000).
La investigación también encontró que Reyes Pacheco había recibido transferencias sospechosas de dinero de la Fundación Todos Somos Honduras, una organización benéfica asociada con el Partido Nacional del presidente Hernández. Estos fondos estaban vinculados al caso de lavado de dinero de Pandora y los fiscales ampliaron su búsqueda a empresas vinculadas a Reyes Pacheco, entre ellas Aviatsa.
Entre agosto y septiembre de 2018, la justicia hondureña dictó medidas cautelares contra Reyes Pacheco, que incluían libertad condicional y la inmovilización de bienes, entre ellos activos de Aviatsa.
La orden de intervenir Aviatsa, según una fuente del Ministerio Público hondureño consultada por InSight Crime, se cumplió a medias debido a la influencia que Reyes Pacheco adquirió como contratista del Estado en 2017, un año antes de que se hicieran públicas las acusaciones en el Caso Pandora.
Amparado en su cercanía con el poder político hondureño, el presunto lavador en el Caso Pandora intentó cambiar su suerte el 26 de marzo pasado.
Un intento por liberarlo
Ese día, sus defensores presentaron al tribunal que sigue el Caso Pandora una carta oficial en la que el canciller hondureño, Lisandro Rosales Banegas, pide que Aviatsa, la empresa de Reyes Pacheco, se haga cargo de repatriar de Cuba a "50 hondureños médicos con capacidad en infectología, epidemiología y microbiólogos…”, para que apoyen las acciones estatales en el marco de la emergencia decretada por la pandemia de coronavirus.
Según la carta de cancillería, el gobierno de Hernández no tenía otra alternativa para repatriar a los médicos que acudir a la empresa de Reyes Pacheco.
“Nos vemos en la imperiosa necesidad de solicitar su valiosa colaboración, ya que el Estado de Honduras no cuenta con una aeronave para trasladar a dicha cantidad (de médicos)”, dice la carta firmada por el canciller Rosales Banegas que los defensores presentaron al tribunal para asegurar la salida de Reyes Pacheco del país.
Un día después, el tribunal había accedido. La Unidad Fiscal Especializada contra la Corrupción (UFERCO), sustituta de UFECIC en el Ministerio Público hondureño, protestó desde su cuenta de Twitter la medida del tribunal, a la que consideró “extraña” y la cual, dice, fue tomada “sin audiencia previa y de forma unilateral”.
El pasado 29 de abril, fiscales de UFERCO apelaron la decisión y la jueza tuvo que retroceder: Reyes Pacheco no podrá salir de Honduras a recoger a sus compatriotas médicos en Cuba.
Análisis de InSight Crime
El caso de Reyes Pacheco y el intento del gobierno hondureño por favorecerlo vuelve a poner el ojo en los aparatos político y judicial hondureño, de los que organismos internacionales han dicho que ocupa a la corrupción como sistema operativo.
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Reyes Pacheco y sus aviones no aparecen solo en el radar de la fiscalía hondureña. Su nombre también está escrito en una petición que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés) hizo a sus homólogos hondureños el 10 de abril de 2019 como parte de las investigaciones en el juicio por narcotráfico a Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente hondureño y quien fue condenado el 18 de octubre pasado.
“Podría significar que el sistema judicial hondureño establece que continuará manipulando la justicia a su antojo”, dice Claudia Mendoza, analista del Centro de Estudio para la Democracia de Honduras (CESPAD).
En este caso, la insistencia de la fiscalía especial impidió que la carta firmada por el canciller hondureño sirviera a una jueza para favorecer al presunto cómplice de Tony Hernández.
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