Gobiernos deben ir tras dinero para combatir crimen transnacional: informe

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Un nuevo informe calcula que el crimen transnacional en los países en desarrollo puede alcanzar varios billones de dólares anuales, que generan inmensos flujos financieros ilícitos que deben investigarse y desestabilizarse como parte de la lucha global contra el crimen organizado.

El informe de la Global Financial Integrity (GFI), organización activista con sede en Washington DC, calculó que las actividades de la delincuencia transnacional generan entre US$1,6 y US$2,2 billones al año.

La falsificación de moneda fue el crimen más rentable en los países en desarrollo, según halló el informe, que calculó el valor anual de esa industria entre US$923 mil millones y US$1,13 billones. China e India son los principales actores globales de esa industria, pero la falsificación de moneda, medicamentos y otros productos son comunes, tanto en la producción como en el consumo, en Latinoamérica.

Los ingresos anuales del narcotráfico, estimados entre US$426 y US$652 mil millones, ocuparon el segundo lugar entre las 11 actividades ilegales analizadas en el informe. Prácticamente toda la cocaína del mundo se produce en Latinoamérica, al igual que gran parte de otros narcóticos de uso común, como la marihuana, la heroína y las metanfetaminas.

La tala ilegal, el tráfico humano y la minería ilegal también se contaron entre los delitos de mayor valor de los analizados en el informe.

Según el informe, el narcotráfico, la tala ilegal y la minería ilegal tuvieron un impacto más específico en Latinoamérica que los demás delitos investigados. Aunque por largo tiempo Latinoamérica ha sido un fortín de las organizaciones narcotraficantes, los grupos criminales han comenzado a diversificarse y ampliar sus operaciones a la tala y la minería ilegales.

La tala es el delito contra los recursos naturales que mayores ganancias genera, según el informe, con un valor estimado entre US$52 y US$157 mil millones al año. Y la cuenca del Amazonas en Suramérica está en el epicentro de dicha industria.

En particular, la cadena de valor para la caoba peruana pone en evidencia la disparidad en los ingresos generados por la industria. Los taladores, muchas veces miembros de las comunidades indígenas, ganan cerca de US$70 por metro cúbico de caoba peruana. Pero en el trayecto de la madera por la cadena de suministro, los importadores y exportadores ilegales son quienes se quedan con las ganancias. Los investigadores hallaron que los exportadores de caoba peruana ganan US$1.804 por pie cúbico, un incremento de 2,477 por ciento en los ingresos en comparación con los taladores de la madera. Más aún, el informe halló que los importadores ganaron US$3.170 por metro cúbico, un pasmoso incremento de 5.200 por ciento.

Muchas veces, esta industria ilícita tiene relación con organizaciones narcotraficantes en países productores de drogas, como Colombia. Con el fin de despejar el terreno para los cultivos de coca y las pistas de aterrizaje para el tráfico de drogas ilícitas, en los últimos años se han talado miles de hectáreas de selva.

La minería ilegal comenzó a crecer en Latinoamérica hacia 2002, como resultado de lo cual, se concluye en el informe de la GFI, esta actividad ha impactado seriamente a Latinoamérica en los años transcurridos. Con base en un estudio de la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional Organizado, que se centró en nueve países latinoamericanos específicos, los autores del informe de la GFI avaluaron la minería aurífera ilegal en US$7 mil millones por año.

Colombia, Perú y Venezuela exhibieron la mayor cantidad de minería ilegal de oro, en relación con el valor total, según concluyó el informe. En particular, la industria ilegal de la minería aurífera en Colombia se estima en US$2 mil millones anuales, que representan 80 por ciento del total de la minería de oro. Solo Venezuela tuvo una participación mayor de la minería ilegal de oro como porcentaje del total (entre 86 y 91 por ciento), pero los ingresos del negocio en ese país solo llegaron a los US$700 millones.

Análisis de InSight Crime

Los autores principales del informe, el analista de políticas de la GFI Channing May y la gerente de programas Christine Clough, comentaron a InSight Crime que el crimen transnacional debe tratarse como una “industria” que “tiene el lucro como motor”. Para combatir el crimen transnacional organizado de manera efectiva, dijeron, los gobiernos deben hacer mayor énfasis en los flujos financieros ilícitos que generan las actividades criminales.

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“Estos son negocios, y no puede tratarse de usar técnicas ya empleadas”, comentó May. “Debemos ir tras el dinero. Cualquier negocio, independientemente de que ofrezca bienes o servicios, tiene que tener el dinero en orden para funcionar”.

Clough repitió estas declaraciones, añadiendo que muy a menudo la discusión sobre la reducción del crimen transnacional se centra en el dinero en relación con las ganancias que llegan a los bolsillos de los delincuentes implicados. Lo que suele pasarse por alto, señala Clough, es la necesidad que tienen los grupos del crimen organizado de reinvertir su dinero para permitir la continuidad de sus actividades ilícitas.

Para que eso suceda, las ganancias del crimen organizado deben pasar muchas veces por entidades financieras legítimas. Muchas veces los grupos del crimen organizado usan lo que se conoce como “empresas fachada” para lavar dinero en los sistemas bancarios sin ser detectados. También han usado esquemas de lavado de dinero en el comercio, que buscan ocultar flujos financieros ilícitos haciéndolos aparecer como transacciones comerciales legítimas.

Clough y May recalcaron que la transparencia financiera podría combatir estos delitos. De manera específica, argumentan a favor de la divulgación obligatoria de información sobre la propiedad del usufructo de las corporaciones, es decir, obligar a las corporaciones a que revelen la persona o personas vivas que se benefician en últimas de la existencia de la firma.

“Debemos saber quién hay detrás de esas cuentas, quién se lucra de ellas y quién las controla”, comentó Clough a InSight Crime. “Solo mire los Panama Papers. Sabemos lo que está pasando y sabemos quién está detrás. Las más de las veces son actores ilícitos usando una red de estructuras corporativas en todo el mundo para lavar y mover el dinero para hacer negocios”.

El informe describe la divulgación de información sobre el propietario que recibe el usufructo como “el instrumento más importante de transparencia financiera para combatir el crimen transnacional”. Pero los autores también recomiendan reforzar el escrutinio sobre las transacciones en las que participan entidades ubicadas en las llamadas “jurisdicciones con sigilo”, cuyas legislaciones dificultan determinar los propietarios del usufructo de una corporación dada.

Además, el informe recomienda incrementar el escrutinio sobre los flujos comerciales globales con el fin de detectar inconsistencias que pudieran ser resultado de lavado de dinero usando el comercio como vehículo.

De manera más general, sostiene la GFI, implementar sus recomendaciones requerirá mayor cooperación tanto dentro de los gobiernos como entre ellos.

La “meta fundamental” de las recomendaciones de los autores “es aumentar el acceso a información sobre los flujos de dinero que apuntalan el crimen transnacional para combatirlo”, sostiene el informe. “Compartir esa información dentro de los gobiernos y entre ellos ampliará su impacto permitiendo el establecimiento de conexiones entre las áreas de fiscalización y policía, tradicionalmente separadas”.

Lea el informe completo a continuación: 

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