A pesar de una intervención del gobierno en Buenaventura el año pasado, la ciudad portuaria del Pacífico de Colombia sigue siendo asediada por la violencia, dado que los grupos criminales continúan matando, extorsionando y desapareciendo víctimas, según un nuevo informe de la ONG Human Rights Watch.
En marzo de 2014, el gobierno colombiano trató de combatir la violencia endémica en Buenaventura enviando 2.400 efectivos para ofrecer más seguridad en la ciudad y anunció que invertiría cientos de millones de dólares en programas sociales. Sin embargo, un año después de la intervención, la ciudad portuaria sigue siendo presa de las organizaciones neoparamilitares conocidas como Bacrim (de “bandas criminales”) y de las guerrillas izquierdistas, según un reciente informe de Human Rights Watch.
“Ha pasado un año desde que el gobierno anunció que iba a actuar en Buenaventura, y poderosos grupos criminales siguen aterrorizando a los residentes”, señala en el informe José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch.
Según el informe, las Bacrim desplazaron cerca de 7.000 residentes en los meses posteriores al anuncio de la oleada de inseguridad, lo que hizo de Buenaventura la ciudad con la tasa más alta de desplazamiento forzado en Colombia. Los grupos guerrilleros, principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también generaron el desplazamiento forzoso de más de 2.300 personas entre abril y septiembre de 2014, principalmente en las zonas rurales de Buenaventura.
Quizá lo más preocupante de todo es que ha aumentado el número de cuerpos desmembrados encontrados por las autoridades —se hallaron seis cuerpos en los dos primeros meses de 2015 solamente, en comparación con 12 en todo el año 2013 y 14 el año pasado—. Buenaventura llegó a ser reconocida por esta táctica brutal mediante el descubrimiento de las “casas de pique” conducidas por grupos criminales, uno de los factores que obligó al gobierno a militarizar la ciudad.
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La investigación de campo realizada por Human Rights Watch en 2014, así como en febrero de 2015, reveló feroces disputas territoriales entre los grupos criminales Los Urabeños y La Empresa, que básicamente les han prohibido a los residentes cruzar las fronteras “invisibles” entre barrios. Además de controlar las actividades criminales en Buenaventura, las Bacrim también controlan algunos sectores de la economía legítima. Algunos fiscales le informaron a Human Rights Watch que los vendedores de productos alimenticios básicos como huevos, carne y queso necesitan permiso de las Bacrim para vender sus productos.
Sin embargo, parece que hay algunas señales positivas de que la intervención del gobierno puede estar mejorando la situación de seguridad en Buenaventura. Los homicidios disminuyeron en un 36 por ciento entre abril y diciembre de 2014, en comparación con el mismo período en 2013. Además, aunque Human Rights Watch señaló que la impunidad sigue reinante en cuanto a todo tipo de delitos graves, la incorporación de ocho nuevos fiscales, así como investigadores enviados desde otras partes del país, ha conducido a detenciones en dos casos de desmembramiento desde abril de 2014. El año pasado las autoridades también arrestaron a más de 280 presuntos miembros de organizaciones criminales en la ciudad.
Análisis de InSight Crime
Dado que es el puerto más grande de Colombia (usado por los grupos criminales para enviar cargamentos de droga), Buenaventura ha sido un epicentro de actividad criminal. Sin embargo, las investigaciones de Human Rights Watch indican que, en lugar de mejorar sustancialmente la situación de seguridad de la ciudad, la intervención del gobierno puede simplemente estar forzando a los grupos criminales a mantener un perfil bajo después de años de una guerra abierta entre bandas rivales.
Un funcionario de justicia le dijo a Human Rights Watch que su despacho tiene información “creíble” de que los grupos criminales ahora están enterrando los cuerpos en fosas clandestinas en lugar de arrojarlos al océano, donde pueden ser fácilmente identificados una vez llegan a la orilla. El año pasado, las autoridades descubrieron 18 cadáveres en fosas clandestinas. Además, un sacerdote de Buenaventura le dijo a Verdad Abierta, organización que monitorea el conflicto, que los grupos criminales han acordado evitar los enfrentamientos directos con el fin de no “visibilizarse ante las autoridades”.
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Sin embargo, un perfil más bajo no necesariamente significa mayor seguridad. Esta nueva estrategia de los grupos criminales puede explicar por qué las desapariciones reportadas subieron un 10 por ciento entre 2013 y 2014, según las estadísticas del gobierno citadas en el informe, y los homicidios disminuyeron considerablemente en el segundo semestre de 2014. El supuesto creciente uso de las fosas clandestinas sugiere que un mayor número de asesinatos pueden ser reportados como desapariciones y por lo tanto no se incluyen en los datos sobre homicidios. Esta dinámica se ha visto anteriormente en El Salvador y muy probablemente también en México.
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