La decisión de Venezuela de cerrar su frontera con Colombia en el año 2015 ha sido muy provechosa para los grupos criminales, los cuales ahora tienen un control sin precedentes sobre el contrabando en la región.
Hace casi diez meses, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro anunció que el país cerraría su frontera con Colombia. Desde entonces, los grupos de exparamilitares (también conocidos como “bandas criminales”, o Bacrim) en el departamento colombiano de Norte de Santander se han vuelto más poderosos que nunca, según una investigación de La Silla Vacía.
“La nueva forma de sostenimiento de las bandas criminales en la frontera es la extorsión a contrabandistas”, le dijo el director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, a La Silla Vacía. “Está generando ingresos exorbitantes”.
Funcionarios de control de fronteras han reportado una disminución del 70 por ciento en el contrabando de gasolina desde que se cerró la frontera, así como de la consecuente ofensiva de seguridad. Gran parte del negocio del contrabando es actualmente controlado por las bandas criminales de Los Rastrojos y Los Urabeños. Estas organizaciones criminales controlan las rutas de cruce no oficiales, conocidas como “trochas”, donde les cobran impuestos a personas, vehículos y contrabandistas de gasolina y otros productos.
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“Aquí nada se mueve sin que ellos sepan”, le dijo a La Silla Vacía un habitante del municipio de Puerto Santander, uno de los principales centros de contrabando en la región. “Ellos son los que mantienen el orden y todos les obedecen”.
Las fuerzas de seguridad venezolanas y colombianas también se están beneficiando del contrabando, según lo confirmó La Silla Vacía durante su visita a la zona en los alrededores de Cúcuta, la capital de Norte de Santander.
Los habitantes de la región les dijeron a los reporteros que para pasar clandestinamente a Venezuela de manera individual se deben pagar cinco “impuestos” por trayecto: a la Guardia Nacional Venezolana, a la policía colombiana, a las Bacrim, al transportador y al propietario de la tierra por donde se cruza. Incluyendo el soborno, una travesía en carro puede costar US$20.
Según los informes, Los Rastrojos han estado activos en Norte de Santander desde el año 2007, mientras que Los Urabeños —ahora más fuertes que sus predecesores— llegaron en 2011. Los habitantes del área temen llamar a los grupos por sus nombres, y prefieren referirse a ellos como “paracos”, forma abreviada de paramilitares.
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Casi una cuarta parte de los 217 puntos de cruce ilegales identificados a lo largo de la frontera con Colombia se encuentran en Norte de Santander, donde las recientes operaciones anticontrabando han dado como resultado la detención de 50 contrabandistas y la incautación de 70.000 galones de gasolina —tres veces más de lo incautado durante el mismo período de 2015—.
Sin embargo, los traficantes de gasolina y diésel continúan atravesando la frontera fácilmente, y los cruces ilegales destruidos por las autoridades son rápidamente remplazados por las Bacrim.
Análisis de InSight Crime
Como claramente lo muestra la investigación de La Silla Vacía, el cierre de la frontera colombo venezolana ha aumentado los ingresos del crimen organizado y ha promovido la corrupción oficial en la región. Norte de Santander ya es uno de los territorios más rentables en Colombia para las actividades de narcotráfico y contrabando, por lo que es hogar de múltiples grupos criminales, entre ellos las Bacrim y varias facciones de la guerrilla.
La presencia de estas organizaciones en la frontera se convirtió en un gran activo para ellas después de que el presidente venezolano Maduro anunciara que el cruce internacional se cerraría en agosto de 2015, debido a la violencia y a la actividad criminal en la zona. La investigación de campo de InSight Crime en Norte de Santander determinó que hasta ese momento el contrabando había sido en gran parte una actividad “familiar”, en la que las personas contrabandeaban pequeñas cantidades de mercancías a Colombia a lo largo de las rutas tanto oficiales como informales.
Cuando esto ya no fue posible, el contrabando pasó a realizarse por los cruces fronterizos no oficiales alejados de los principales puentes, donde los grupos del crimen organizado llegaron a acuerdos con elementos corruptos de la Guardia Nacional Venezolana y comenzaron a controlar el tránsito ilegal y a establecer cobros. En este lugar, las mercancías son transportadas por caminos ocultos a través de la frontera fluvial bajo la mirada de los militares venezolanos y los grupos armados colombianos.
Este tipo de acuerdos pueden tornarse fácilmente violentos. Se sabe que las autoridades militares venezolanas atacan a los contrabandistas que se niegan a pagar las extorsiones.
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Sin embargo, estos cruces no son controlados solamente por las Bacrim. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) —que se encuentran adelantando negociaciones de paz con el gobierno colombiano— también controlan el contrabando transfronterizo en ciertas partes de Norte de Santander. Más al este, en el departamento de Arauca, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) realiza operaciones similares.
En tanto la crisis económica y social de Venezuela sigue creciendo, la dinámica criminal en la región fronteriza con Colombia también se ha venido transformando. Los productos venezolanos baratos, que por muchos años abundaron en los supermercados y restaurantes locales, ahora escasean, y hay evidencias de que actualmente los alimentos se contrabandean en la dirección contraria para suplir la crónica escasez del país socialista. También hay informes de que las Bacrim en la frontera han estado reclutando a inmigrantes venezolanos para que se desempeñen como contrabandistas y sicarios.
Durante una reciente visita a Arauca, InSight Crime descubrió que la pobreza generalizada en toda la frontera del río provocó una afluencia de venezolanas que se dedican a la prostitución. La inmigración a gran escala al parecer también ha provocado un aumento de las invasiones de tierras, el desempleo y el consumo de drogas.
Sin embargo, las regiones fronterizas también han reportado una disminución en delitos violentos como el homicidio y el robo a mano armada, lo cual se ha atribuido a que para los delincuentes venezolanos es más difícil ingresar al país.
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