Según un reciente informe, los grupos criminales y los funcionarios corruptos son los que más se benefician de los cambios en la política de México, promovidos por Estados Unidos, que ponen en peligro a los migrantes; por otra parte, la reciente decisión de Estados Unidos de otorgarles el estatus de refugiados a más inmigrantes centroamericanos no logrará evitar los abusos que se cometen al sur del Río Grande.
Las estrictas medidas de México sobre los migrantes indocumentados que cruzan su territorio con la esperanza de llegar a Estados Unidos los ha obligado a buscar “rutas más costosas, tortuosas y peligrosas”, según dice el informe (pdf) del Grupo sobre Crisis Internacionales (ICG por sus iniciales en inglés). Esta política ha hecho que los migrantes sean más vulnerables a la violencia ejercida por el crimen organizado.
Los Zetas son la red criminal que más secuestra y extorsiona a los migrantes centroamericanos en México. Pero un 20 por ciento de los migrantes informaron haber sufrido “crímenes a manos de las autoridades, incluidos robos, extorsión, golpizas y detenciones ilegales”, según una encuesta a 31.000 personas realizada por una organización mexicana sin ánimo de lucro mencionada en el informe del ICG.
El número de migrantes detenidos y deportados por el gobierno mexicano ha aumentado dramáticamente en los últimos cuatro años. Esta política de mano dura se debe en parte a la presión de Estados Unidos por detener la oleada de niños migrantes centroamericanos que llegaron a la frontera de Estados Unidos y México en 2014.
México detuvo a 190.366 migrantes indocumentados en el año 2015, en comparación con 66.583 en 2011. Casi el 90 por ciento de esos inmigrantes procedían de países centroamericanos, y muchos de ellos iban huyendo de la violencia relacionada con las pandillas criminales en sus países de origen en el Triángulo del Norte: El Salvador, Honduras y Guatemala.
En el año fiscal 2015, México devolvió a 166.000 centroamericanos al istmo, entre los cuales se encontraban unos 30.000 niños y adolescentes; por su parte, Estados Unidos deportó a más de 75.000 personas. Esta repatriación obligada se ha ralentizado este año, y ha sido de un poco más de 57.000 entre enero y mayo (PDF), según cifras de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) de México.
El informe del ICG advierte que “los controles fronterizos estimulan involuntariamente el contrabando de personas, y fortalece a las bandas criminales que controlan cada vez más esa industria”. El padre Alejandro Solalinde, un sacerdote católico mexicano y defensor de los migrantes en México, dijo en una reciente entrevista con el sitio web de noticias SinEmbargo que el crimen organizado es el que en última instancia decide quién cruza la frontera entre México y Estados Unidos, gracias a la complicidad de las autoridades en ambos lados.
Las mujeres y los niños son especialmente vulnerables a la explotación sexual por parte de las bandas criminales, que crean redes de trabajadoras sexuales, reteniendo a muchas mujeres en contra de su voluntad. El negocio del sexo en la frontera de México con Guatemala es un subproducto de la industria del tráfico de personas, y las organizaciones criminales también se benefician indirectamente del comercio sexual debido a que cobran por ofrecer protección, según el informe del ICG.
Según el informe, y como dice Rodolfo Casillas, experto en migración y crimen organizado, las redes de tráfico de migrantes —llamados coyotes o polleros—, que les cobran a los migrantes para ayudarles a cruzar México y entrar a Estados Unidos, han sido “subsumidas, subordinadas o utilizadas por las redes que se dedican al secuestro de migrantes”. Los traficantes y sus clientes tienen que pagar entre US$600 y 1.000 por migrante para recibir la protección de los grupos del crimen organizado, y aquellos que no pueden pagar son a menudo secuestrados, según consta en el informe. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de México, dijo en 2013 que cada año son secuestrados 11.000 migrantes.
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El informe señala además que México se está convirtiendo en un destino para los migrantes centroamericanos, en lugar de ser un país de tránsito. Se dice que las solicitudes de asilo en México se han duplicado y que cada vez se están aprobando más. Sin embargo, la gran mayoría de los delitos contra los migrantes quedan impunes.
El 26 de julio, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció sus planes para expandir su actual programa para permitir que los menores de edad centroamericanos ingresen a Estados Unidos como refugiados, incluyendo a las familias de dichos niños, una medida que provocó críticas del Partido Republicano, según informó el New York Times.
Estados Unidos también realizó una alianza con Costa Rica, mediante la cual ese país recibirá a los inmigrantes cuyas solicitudes de asilo están en proceso. Con la ayuda del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Estados Unidos también comenzará a tramitar las solicitudes en el país de los solicitantes, en los casos de menores de edad y sus familias, como una manera de disuadirlos de emprender el peligroso viaje hacia el norte a través de México.
Análisis de InSight Crime
La violencia que Los Zetas y otros grupos del crimen organizado ejercen sobre los migrantes en México no es nada nuevo. En agosto de 2010 fueron asesinados 72 migrantes centroamericanos en un rancho en San Fernando, Tamaulipas. Se ha informado sobre los posibles motivos de esta masacre, como la falta de dinero de los migrantes para pagar por su protección o el haberse negado a trabajar para la organización criminal. Los informes sobre migrantes que son asesinados, secuestrados y extorsionados siguen siendo frecuentes.
Hasta el 2014, las autoridades mexicanas solían hacerse las de la vista gorda frente al flujo de migrantes provenientes del Triángulo Norte y que pasaban por su territorio, a pesar de que los medios de comunicación llamaban la atención sobre los trenes da carga que se dirigían hacia el norte repletos de migrantes en condiciones precarias, trenes a los que se les conocía en general como “la bestia”. Miles de migrantes han muerto o perdido alguno de sus miembros al caer bajo las ruedas de estos trenes.
La mayoría de los migrantes que asumen el riesgo de viajar en los trenes de carga les deben pagar un impuesto a Los Zetas o a personas oportunistas que dicen trabajar para el grupo, y algunos son bajados de los trenes si no pueden pagar dicho impuesto. También ha habido informes de que Los Zetas tratan de reclutar a los inmigrantes centroamericanos para que se unan a sus filas.
A diferencia de la mayoría de las organizaciones criminales mexicanas, Los Zetas se enfocan más en ejercer violencia y en realizar chantajes que en el tráfico de drogas. Este grupo, iniciado por oficiales de las fuerzas especiales que desertaron del ejército mexicano, se especializa en cobrarles “impuestos” a otras organizaciones criminales que operan en territorios controlados por Los Zetas.
Cuando los niños centroamericanos comenzaron a aumentar en la frontera entre México y Estados Unidos en 2014, el presidente Enrique Peña Nieto fue presionado por la administración Obama para que detuviera el flujo de migrantes.
El gobierno federal de México puso en marcha el proyecto “Frontera Sur”, que implicaba que los funcionarios de inmigración, apoyados por la Policía Federal y el ejército, bajaran a los migrantes de los trenes y autobuses y que los sacaran de los hoteles baratos donde se encontraban, informó los Angeles Times. En consecuencia, México comenzó a detener y deportar a los inmigrantes más que Estados Unidos, impidiendo que incluso llegaran a la frontera. Para evitar ser detectados, muchos migrantes han dejado de viajar en los trenes y han comenzado a tomar rutas menos visibles, las cuales aumentan su vulnerabilidad frente a diversas formas de abuso y explotación.
Quizá los cambios en la política estadounidense con respecto a los migrantes centroamericanos no tendrán un gran impacto en los crímenes cometidos contra los migrantes en territorio mexicano.
“Es un paso positivo, pero [es] difícil pensar que ofrecerá suficiente protección a un gran número de personas que la necesitan, y no aborda los problemas de México”, escribió Mary Speck, autora del informe del ICG, en un correo electrónico dirigido a InSight Crime.
El informe del ICG insta a Estados Unidos a establecer centros en los cuales se procesen las solicitudes de asilo en México y Centroamérica, con el fin de evitar que los solicitantes inicien el peligroso viaje a la frontera. El ICG también insta a México, una vez más, a que le ponga fin a la impunidad de la que disfrutan el crimen organizado y los funcionarios corruptos que explotan a los migrantes en ese país.
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