Organizaciones de derechos humanos en México están solicitando que la Corte Penal Internacional investigue los presuntos crímenes de lesa humanidad en el estado de Coahuila, lo que vuelve a suscitar interrogantes sobre la jurisdicción de la corte en casos de violencia criminal y la impunidad que rodea a la misma.
En un documento compilado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), 17 grupos de derechos humanos presentan evidencia de que los crímenes cometidos en el estado de Coahuila, al norte de México, entre 2009 y 2016, representan crímenes de lesa humanidad que no han sido ni serán investigados en el país, y que en consecuencia la Corte Penal Internacional (CPI) debe abrir sus propias investigaciones.
Usando entrevistas con las víctimas, investigaciones sobre desapariciones realizadas tanto por el estado como por grupos de derechos humanos, junto con informes, declaraciones y artículos de medios informativos y organismos internacionales, el informe pone de relieve tres áreas en las que sostiene que tendría jurisdicción la CIP.
Las dos primeras tienen que ver con el presunto favorecimiento del gobierno del estado al avance de la organización criminal Los Zetas en Coahuila entre 2009 y 2011.
En relación con esto, el primer caso que se presentó es la masacre de Allende en 2011, donde miembros de Los Zetas, presuntamente en colusión con organismos estatales, emprendieron una venganza indiscriminada en el municipio de Allende, masacrando entre 42 y 300 personas. El segundo tiene que ver con la Cárcel de Piedras Negras, en la cual las autoridades presuntamente permitieron que Los Zetas establecieran una base de operaciones para asesinar y desaparecer un estimado de 150 víctimas.
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El último caso señalado por la FIDH trata del periodo 2011-2016, cuando por iniciativa de un nuevo gobierno en el estado, un nuevo cuerpo de élite de las fuerzas de seguridad fue presuntamente responsable de cientos de desapariciones, además de casos de tortura y privación ilegal de la libertad. Aunque se creía que algunas de sus víctimas pertenecían a redes del crimen organizado, a muchos otros no se les conocían nexos con estas o no eran más que expendedores callejeros de estupefacientes.
El caso de la FIDH se basa en demostrar que estos delitos representan un ataque sistemático contra la población civil de Coahuila dirigido por el gobierno estatal. Sostiene que los casos de la primera época son resultado de una colusión "innegable" entre el gobierno y Los Zetas, y que en la segunda época las abducciones y desapariciones representan una política estatal para presentar a las víctimas como miembros de redes del crimen organizado.
Como evidencia de que los casos cumplen el requerimiento de ser "de naturaleza organizada", el informe destaca evidencia de coordinación en la ejecución y el encubrimiento de estas atrocidades y patrones consistentes en relación con los métodos, especialmente la abducción y la tortura.
Para que la CPI intervenga, la FIDH también debe demostrar que estos crímenes de lesa humanidad no se están investigando adecuadamente en el país. Para hacer esto, la FIDH cita sus propias investigaciones de los casos, y llega a la conclusión de que aunque no es claro si puede considerarse que ha habido una investigación adecuada sobre la responsabilidad de Los Zetas, es muy claro que la participación del estado no se ha investigado y es improbable que llegue a investigarse en el futuro.
Análisis de InSight Crime
Históricamente, la corrupción y la impunidad han sido características centrales de la guerra contra las drogas en México, y los grupos de derechos humanos que conforman la FIDH no son los primeros que recurren a la CPI en un intento por buscar justicia y responsabilizar de sus fallas al Estado mexicano.
El primero de esos intentos, en 2011, apuntó alto; los activistas pidieron a la CPI que investigara al gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, así como a los jefes de las fuerzas de seguridad y de los principales carteles del narcotráfico del país. Aunque esa tentativa no prosperó, ha habido otras; más recientemente fue una solicitud para que la CPI investigue al exgobernador del estado de Veracruz Javier Duarte, quien afronta una serie de cargos que incluyen corrupción y colusión con el crimen organizado.
Sin embargo, la CPI no se creó para combatir el crimen organizado, y no es fácil determinar su jurisdicción en esos casos. Los demandantes no solo deben demostrar que se perpetraron crímenes de lesa humanidad, sino también que esos crímenes representan un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, a manos de actores estatales o de la autoridad de mayor rango en la región.
No es claro si este documento salva esos obstáculos, en su mayor parte porque la solidez de los argumentos presentados por la FIDH varía de un caso a otro, y no es clara la participación del gobierno en los operativos criminales en sí.
La evidencia de colusión estatal en la masacre de Allende es apabullante, y queda poca duda de que esta atrocidad fue facilitada por el accionar de facciones gubernamentales. Sin embargo, es poco probable que la matanza misma pueda considerarse parte de una política de estado o de un ataque sistemático contra la población. El hecho fue aislado y las muertes de civiles parecen haber sido más producto de la política de estado de colusión con el crimen organizado que un objetivo de la misma.
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De igual modo, cabe poca duda de que el estado permitió que Los Zetas establecieran una base en la Cárcel de Piedras Negras y la usaran para realizar atrocidades. Pero, también en este caso, está lejos de demostrarse si la violencia resultante puede considerarse un ataque sistemático contra la población o más el resultado violento de la corrupción y la debilidad de las instituciones del estado.
De lejos, el caso más fuerte de los presentados por la FIDH es el relacionado con las desapariciones, abducciones y tortura de civiles por parte de cuerpos de las fuerzas de seguridad. En estos casos, los actores estatales son actores intelectuales y materiales de los delitos y por ende es más sencillo determinar la causa y el efecto de las acciones estatales, así como el hecho de que las investigaciones en México han sido claramente inadecuadas.
Aunque, como lo admite la FIDH, los motivos de esa campaña siguen siendo inciertos, el elevado número de casos que siguen un mismo patrón y el número de víctimas al parecer inocentes son señales de un ataque deliberado y sistemático contra la población civil, como parte de una estrategia o una política trazada desde dentro del estado.
Sea que la CPI acepte o no el caso, como lo señala un informe reciente de Open Society, una intervención así no sería un escenario ideal para México, pues equivaldría a admitir que la justicia está básicamente por fuera del alcance de las instituciones mexicanas. Aun así, podría resultar ser el único recurso que queda.
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