El ataque a un guardaparques en Costa Rica y el asesinato de otro en una reserva en Colombia muestra los peligros que enfrenta este grupo en zonas protegidas, tan diversas en flora y fauna como en economías criminales.
El guardaparques de Costa Rica fue herido de bala en el estómago por tres narcotraficantes armados que abrieron fuego sobre las autoridades al ser descubiertos en las playas del Parque Nacional Corcovado, informó EFE.
El 11 de mayo, el trío había abandonado un semisumergible con drogas en las costas del parque que bordea el litoral Pacífico. Las condiciones climáticas adversas impidieron a los rescatistas llegar esa noche hasta el guardaparques herido, pero al día siguiente fue trasladado a un hospital, donde se informó que su condición era estable.
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En Colombia, un guarda del Parque Nacional Sierra Nevada de Santa Marta fue muerto a tiros a mediados de enero. Wilton Orrego León, de 38 años, fue abaleado en un asentamiento dentro del enorme parque, ubicado en el sistema de montañas conocido como la Sierra Nevada, al norte de Colombia.
Las autoridades no han establecido por qué el ataque a León, pero la directora de Parques Nacionales, Julia Miranda, declaró luego de episodio que en su departamento se contaron cerca de 17 amenazas contra guardaparques y directores en 11 parques diferentes en 2018.
Análisis de InSight Crime
Los dos ataques con armas de fuego ponen en evidencia los riesgos que enfrentan los guardaparques cuando patrullan reservas remotas, donde también circulan grupos armados.
Aunque la dinámica criminal varía a lo largo de la región, son comunes muchas de las economías ilícitas que atraen a esos grupos a esos parques alejados: el cultivo de coca, el narcotráfíco, la minería aurífera ilegal, la caza furtiva y la explotación maderera ilegal.
Esas economías han llevado al menos a 17 grupos armados a establecer operaciones en algunos de los 60 parques nacionales de Colombia, que históricamente se han visto envueltos en el conflicto armado. Un legado del prolongado conflicto en Colombia es que varios parques han sido zonas vedadas durante años, en algunos casos por la presencia de minas antipersonal.
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La desmovilización del mayor ejército guerrillero de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), buscó abrir estos espacios. Pero muchas de esas zonas anteriormente controladas por las FARC han quedado expuestas desde entonces a una variedad de actores criminales, incluyendo disidencias de las FARC, otros grupos guerrilleros, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y grupos narcotraficantes armados menos numerosos.
Por ejemplo, la directora en Santa Marta declaró que un grupo conocido como Los Pachencas había incursionado en zonas cercanas al asentamiento donde asesinaron al guardaparques con el fin de asegurar rutas de narcotráfico.
Además de brindar una pantalla para la producción y el trasiego de cocaína, las tierras de los parques se usan para sembrar coca. En 2017, se contaban unas 8.300 hectáreas de coca cultivadas en 16 parques nacionales colombianos, un salto desde las 3.237 hectáreas del año anterior, según el informe más reciente del sistema de monitoreo de cultivos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) en Colombia. En 2011, los terrenos de parques solo representaban 1.295 hectáreas con coca.
La minería ilegal de oro también ha elevado tanto el peligro para los guardaparques en el Parque Nacional Farallones de Cali que solo pueden salir de patrulla con el ejército. Solo el año pasado, se descubrieron unas 30 excavaciones mineras activas dentro del parque, ubicado en el departamento del Valle de Cauca, occidente de Colombia.
Los guardaparques en Costa Rica también están bajo amenaza por el tráfico de drogas a lo largo de las costas del país, que son rutas de contrabando marítimo privilegiadas. Después del ataque al guarda, el sindicato que representa a los funcionarios del Ministerio Ambiental de Costa Rica cuestionó los limitados recursos y adiestramiento que se da a las autoridades de los parques.
Más aún, una encuesta entre cerca de 300 guardaparques centroamericanos halló que el 70 por ciento no sentía que tuviera un equipo adecuado para garantizar su seguridad.
En otro lugar, dos guardaparques en la reserva nacional Tapytá, en Paraguay, fueron también asesinados a tiros el año pasado. Las autoridades dijeron que ambos se habían cruzado con cazadores ilegales. Luego del tiroteo, familias y amigos de los guardas protestaron y exigieron que sus asesinos fueran llevados ante la justicia.
Un estudio informal entre sitios web y otros grupos en línea arrojó un saldo de 79 guardaparques asesinados en Latinoamérica entre 1995 y 2015.
Mientras los grupos armados sigan incursionando en áreas protegidas, el trabajo de los guardaparques será más peligroso.
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