Una serie de cambios en la composición y el rol del ejército de Guatemala impulsados por el presidente Jimmy Morales, podrían ser un intento del mandatario por generar apoyo al interior y exterior del país en medio de la crisis de legitimidad que enfrenta. Sin embargo, es poco probable que con estas medidas resuelva la corrupción en la institución militar.
Morales recientemente anunció que a finales de marzo el Ejército dejará de realizar funciones de seguridad ciudadana de manera definitiva, según informó la agencia de noticias EFE.
El presidente también dijo que, a partir de abril, 2.200 funcionarios del Ejército serán enviados a las fronteras del país y a las zonas estratégicas para combatir el tráfico de drogas, según elPeriódico.
Estos cambios son parte de un proyecto que se está poniendo en práctica desde el año pasado, a través del cual la seguridad interior pasará a ser responsabilidad exclusiva de la Policía Nacional Civil (PNC). En diciembre de 2017, la PNC graduó a más de tres mil agentes, quienes cubrirán los espacios que ocupaban los militares.
Los cambios en el Ejército también han incluido un reacomodo en las cúpulas de la institución. El 6 de marzo, Erick Cano Zamora, figura cercana al presidente Morales, se retiró de su cargo como jefe del Estado Mayor y fue sustituido por Julio César Paz Bone. Un día después, fueron relevados otros 187 oficiales de alto y mediano rango en las zonas fronterizas. Entre ellos, se destaca el coronel Fernando Álvarez Aguilar, quien estaba a cargo del combate al narcotráfico en el departamento de Petén, en el norte del país.
Fuentes cercanas al Ejército afirmaron a elPeriódico que estos cambios son parte de una “limpieza interna de la institución militar con el objetivo de hacer más efectiva la lucha contra el narcotráfico”.
Las políticas de seguridad han sido una importante área de enfoque del gobierno de Morales, sobre todo en lo que concierne a la lucha contra las pandillas y, ahora al narcotráfico. Sin embargo, el presidente ha dejado de lado el tema de corrupción que le afecta directamente a él, a su familia y a sus aliados políticos.
Análisis de InSight Crime
Si bien puede ser positivo que el Ejército vuelva a su rol constitucional de proteger al país de amenazas externas en lugar de combatir el crimen en las calles, el anuncio de Morales parece tener fines políticos, ya que se da en un momento en el que la legitimidad del mandatario pasa por uno de sus peores momentos.
Morales ha tenido una relación tensa con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) –un organismo independiente respaldado por las Naciones Unidas– y el Ministerio Público (MP), luego de que estos solicitaran levantar su inmunidad en agosto de 2017 para investigar la posible financiación ilegal de su campaña presidencial. El pasado 28 de febrero, un grupo de miembros de la sociedad civil y de la élite empresarial presentaron el Frente Ciudadano Contra la Corrupción como muestra de apoyo a la CICIG y al MP.
Fuera de Guatemala, Morales se enfrenta al escrutinio de Estados Unidos, quien también ha expresado su apoyo a la CICIG y a la lucha anticorrupción en Guatemala. Los cambios en el Ejército y la “depuración” de altos mandos podrían ser un intento de congraciarse con el gobierno estadounidense, ya que se dan justo una semana después de la visita de Nikki Haley, embajadora de ese país ante las Naciones Unidas.
La posible razón por la que el presidente eligiera específicamente al Ejército como herramienta para mejorar la opinión pública acerca de su gestión tendría que ver con la cercana relación que tiene esta institución con el actual gobierno.
Según una investigación de Plaza Pública, esta relación se viene gestando desde la campaña de Morales en 2015, la cual estuvo financiada por lo menos en un 37 por ciento por militares afiliados a su partido FCN-Nación. De hecho, ese mismo partido, que con Morales llegó a ganar por primera vez la presidencia de Guatemala, fue fundado por un grupo de exmilitares de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala.
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Uno de los fundadores es Edgar Justino Valle Maldonado, quien actualmente es investigado por delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado en Guatemala (1960-1996). Durante la campaña y los primeros años de la administración de Morales fue uno de sus principales asesores y estrategas. Como escribió Nómada en 2015, a Valle se le debe el sentido de oportunidad que encontró el FCN-Nación al promover a un candidato como Jimmy Morales para la presidencia.
Otro exmilitar destacado que también financió la campaña de Morales y se convirtió posteriormente en su asesor es Herber Armado Melgar Pandilla. El ahora diputado también estuvo a cargo de la seguridad de Morales durante el tiempo de la campaña. Hoy se ha cuestionado si la relación entre el presidente y Melgar Padilla influyó en la decisión de Morales de ascender a su hermano Erick Fernando Melgar Padilla a comandante de la Guardia de Honor en diciembre de 2017 y a designar a su otro hermano Manfred Alfredo como viceministro de Seguridad Alimentaria. Erick Fernando actualmente es acusado por el MP de manipular la justicia.
Los ejemplos anteriores sugieren que parte de las razones por las que Morales logró llegar al poder tienen que ver con el apoyo y acompañamiento que siempre tuvo de figuras militares. Es probable que el control sobre el Ejército que tiene el presidente gracias a estos vínculos le daría mayor facilidad para hacer cambios en la institución y así mostrar su compromiso con la lucha anticorrupción y el mejoramiento de la seguridad ciudadana sin enfrentarse a actos de resistencia. De hecho, hasta ahora el Ejército no ha criticado los cambios.
Por otro lado, algunos de los mandos destituidos como Cano Zamora pertenecen a la “Promoción 108”, una generación asociada con figuras militares controversiales que se graduaron durante la época del conflicto armado. De esta misma promoción también salió Erick Fernando Melgar Padilla y otras figuras como Francisco Estuardo Arana Barrera, apresado por robo agravado, Luis Alfonso Magaña Franco, acusado de lavado de dinero, y el infame Byron Lima, quien en vida fue considerado el “rey de las prisiones”. Si bien Cano Zamora no ha sido acusado de ningún delito, las acciones del presidente pueden ser interpretadas como un intento desesperado de mostrar ante la opinión pública su compromiso con “limpiar” a la institución castrense de la reputación de este grupo.
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Sin embargo, la corrupción sistemática dentro del Ejército también lleva a cuestionarse si el posicionar a militares en las zonas fronterizas con el objetivo de combatir el narcotráfico tendrá un efecto positivo o si los convertirá en un blanco fácil para los sobornos de los grupos criminales.
Es poco probable que los reacomodos generen algún cambio significativo. Por lo pronto, el Ejército continúa siendo uno de los pocos soportes que le quedan a Morales, por lo que varios de sus miembros seguirán teniendo una importante influencia en la política del país.
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