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ANÁLISIS

Guatemala y la legalización de facto del contrabando

7 OCT 2014 POR GERSON ORTIZ* ES

El río Suchiate, ubicado en el municipio de Ayutla, en el departamento de San Marcos, lleva sobre sus aguas enormes balsas artesanales que trasladan cada día toneladas de mercadería de México a Guatemala y viceversa. Cerca de uno de los pasos ciegos más vistosos de la frontera está la aduana de Tecún Umán, pero pocos se inclinan por el papeleo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la espera de las autorizaciones para cruzar y menos por el pago de los impuestos que implica trasladar cualquier producto de un lugar a otro. El tiempo tiene sus agujas y el río su corriente. Ninguno de los dos se detiene, el contrabando tampoco.

“Es una realidad que estamos viviendo del contrabando, pero hay que saber que en este pueblo es una cultura trabajar en esto, es la única fuente de trabajo que se tiene en Ayutla”. Guadalupe Polanco tiene 48 años y 23 de ellos los ha repartido entre México y Guatemala debido a su trabajo como “camarera” en el río Suchiate. Su trabajo es remar, vencer las corrientes y pasar de un país a otro cualquier tipo de producto, o personas, para ella no hay diferencia.

Este artículo es un extracto de un informe que apareció originalmente en elPeriódico y fue publicado con el permiso del autor. Vea el artículo original aquí.

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Guadalupe cuenta que cada vez llegan menos personas al Suchiate porque tienen miedo, se sienten intimidadas. ¿Qué los intimida? “Las autoridades que no nos permiten seguir trabajando porque se dice que este es un paso de contrabando y que trabajamos ilegalmente”.

Según lo observado durante la tercera semana de julio, cada hora llegan de una orilla a otra aproximadamente seis balsas cargadas con productos como: huevos, leche, cereal, papel higiénico, servilletas, café, frijol, arroz, entre muchos otros. En la frontera de Guatemala y México, las autoridades del Ejército guatemalteco dijeron haber detectado 20 puntos ciegos hasta febrero de 2012, pero en diciembre de 2013 la cifra ascendió a 65.

“Del lado guatemalteco casi no pasan cosas para el otro lado, solo verdura”, afirma otro balsero que ha trabajado ahí por más de una década. La mayoría de los entrevistados admitió que lo que transportan es ilegal o de contrabando. ¿Temen ir a la cárcel por esa actividad? “Sí”, respondieron todos, pero más miedo les da dejar a sus hijos sin comida.

Los balseros hablan con tranquilidad del tema, viven su rutina como cualquiera, pero a kilómetros de la frontera, en las oficinas del Estado y en los burós de los empresarios los nervios se exacerban cuando se aborda el tema del contrabando. Estudios como el titulado Una revisión del panorama fiscal en Guatemala, las dificultades que se presentan y las posibles soluciones para enfrentar dichos retos, de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), estima que esa actividad podría generar pérdidas al fisco por hasta unos US$ 755 millones anuales, lo cual representa alrededor del 1,6 por ciento del PIB y supera lo asignado en el presupuesto de este año a cada una de las tres carteras más importantes del Estado: Salud US$ 651 millones, Gobernación US$ 564 millones y Defensa US$ 259 millones.

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No obstante, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional para la Prevención y Combate de la Defraudación Aduanera y el Contrabando (Conacon), Manuel Chocano, calcula que las pérdidas por ese ilícito no son menores a US$ 1,6 mil millones al año. A esos cálculos se suma una tercera opinión, la del ministerio de Finanzas Públicas, que considera que la pérdida por defraudación en aduanas está entre US$ 780 millones y mil millones de dólares anuales.

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Tres ruedas, un trabajo

Luis Valladares es triciclero, su trabajo es el siguiente eslabón en la cadena del “contrabando hormiga”, como es conocida esa actividad en el Suchiate. Cuando las balsas llegan hasta la orilla guatemalteca, él se apresura a ofrecer su servicio de transporte de tres ruedas. Carga su triciclo con todo el producto y lo traslada pedaleando hasta la terminal, el mercado o cualquier comercio pequeño de Ayutla. Hace 28 años hace lo mismo.

A Luis no le cuesta calcular, pues su mamá vendía comida a la orilla del Suchiate cuando él apenas era un niño y con eso le pagó sus estudios. Se graduó de perito a los 19 años y empezó a trabajar en un banco de Ayutla, donde no ganaba más de US$ 234 al mes. Tuvo que regresar al río porque el dinero ya no le alcanzaba, entonces se volvió triciclero y cada día traslada quintales de mercadería en su vehículo de tres ruedas, que pedalea bajo el incesante sol de San Marcos.

“Yo tengo tres niños y les debo dar educación. Aquí gracias a Dios por medio de este trabajo sale para eso, pues cobramos Q10 [US$ 1,3] a la terminal, Q5 [US$ 0,65] al parque, a veces vamos a echar unas vueltas con turistas y ganamos un poquito más y gracias a eso redondeamos un sueldo de Q3 mil, a Q3 mil 100 al mes, 100 [US$ 390 a US$ 400] aunque hay días malos”.

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La defraudación tributaria y la defraudación aduanera, se tipifican como delitos en el Código Penal y la Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduaneros de Guatemala. No obstante, el estudio “La eficiencia de la captación fiscal por la vía judicial”, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) señala que la efectividad de la persecución penal de los delitos tributarios (entendida como la aplicación de una sentencia condenatoria o de un mecanismo simplificador del proceso penal), no supera el 10 por ciento de los casos judicializados, lo que significa que el 90 por ciento de los delitos tributarios que se denuncian en el Ministerio Público (MP) no se resuelven. El mismo informe revela que los montos recuperados por la vía penal, equivalen al 2,7 por ciento del total de los casos.

“Es un mal necesario”

Para un buen número de pobladores que viven cerca del Suchiate, el contrabando es un acto de rutina, una forma de subsistencia diaria. Pero, ¿Qué tendría que decir al respecto una autoridad como Erick Zúñiga, alcalde de Ayutla, sobre ese tipo de actos que la ley guatemalteca sanciona con prisión?

“Hablar del contrabando tiene sus raíces, estamos hablando de 70 años atrás, esto ya se culturizó en nuestro pueblo y en nuestro municipio es algo normal ver esto. La gente ha ido heredando esos puestos. Un camarero o triciclero gana entre Q100 y Q70 diarios [US$ 9 y US$ 13], nadie se va a hacer rico con esa cantidad. Como alcalde te puedo decir que no soy la persona competente para poder interferir en eso. No voy a quitar en un año algo que tiene 70 años de existir”.

Además de presidir la Municipalidad de Ayutla por segundo período y creer que el contrabando es una “cultura” en su municipio, Zúñiga es hombre con un presente turbulento: el 1 de agosto de 2013, el Juzgado de Extinción de Dominio resolvió pasar a nombre del Estado ocho fincas expropiadas a un testaferro de Juan Alberto Ortiz López, alias “Juan Chamale”, extraditado en mayo hacia Estados Unidos por supuesto trasiego de cocaína a ese país desde 1998. Pero la judicatura también ordenó que se iniciara una investigación por lavado de dinero contra cinco hombres que realizaron transacciones monetarias con Chamalé, entre ellos el alcalde de Ayutla.

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El 13 de junio de este año, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero del MP, allanó la Municipalidad de Ayutla para secuestrar información de los arbitrios municipales de cinco cambistas, quienes trabajaban en las orillas del Suchiate cambiando pesos mexicanos por quetzales. Estas personas fueron detenidas el 3 de diciembre de 2013 junto a 18 más. Según las investigaciones, la estructura criminal habría lavado US$ 48 millones entre ambos países. Entre los detenidos figuraban: Emilio Meoño Barrios, quien fungía como concejal de Ayutla y tesorero del equipo de fútbol del municipio, y Érika Eugenia Villagrán Agustín, cuñada de Érick Zúñiga.

El alcalde también tiene entre su historial haber instalado un peaje donde los tricicleros debían pagar un “impuesto” de US$ 0,4 a la comuna por cada transporte de mercadería. Según Zúñiga, ese dinero solo se cobró unos meses y sirvió para remozar una carretera que permitía a los transportistas transitar con más facilidad. “En ningún momento hemos tratado de hacerles más fácil el trabajo, lo que sí hemos tratado es de que la gente que visita nuestro municipio tenga seguridad y entonces lo que tratamos es de descampar lugares que estaban muy incómodos”, justificó.

¿Cree que ese trasiego no controlado de mercancías es un mal inevitable?

“Para mí sí. Como alcalde te digo que es un mal necesario. Va dejar de ser un mal necesario hasta que se les presente una mejor opción, hasta entonces va ser un mal que le va a dar de comer a muchos niños”.

El 28 de noviembre de 2013, la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo un automóvil que transportaba mercadería de contrabando. Los trabajadores del Suchiate se enfurecieron y agredieron a los agentes y miembros del Ejército, quemaron una patrulla y recuperaron la mercadería.

“La municipalidad no puede contener el fervor de la población, no hay ningún alcalde que pueda detener al propio pueblo cuando el pueblo se enardece. Son 10 mil personas las que hay ¿y me voy a poner enfrente como Supermán? Me van a quemar, no puedo”, respondió el alcalde a ese hecho.

¿Teme que lo investiguen por no denunciar el contrabando?

“En política se espera todo, una de las cosas que da más miedo es la política, yo nunca había entrado a un mundo tan oscuro. Si me ponen una demanda estoy listo para lo que venga. De que tengo miedo, tengo miedo. Yo no estoy consintiendo lo malo, simplemente soy el alcalde de este municipio fronterizo, soy alcalde pero también soy ayutleco, yo no voy a hundir a mi propia gente. Esta es mi gente y necesitan una oportunidad. No tienen otra opción”.

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El fruto del árbol envenenado

Muy cerca de la orilla del Suchiate hay una patrulla de la PNC. El intenso calor del pueblo no logra que los agentes salgan del vehículo. Esperan vigilantes unos minutos y se marchan. El río no se detuvo y la mercadería tampoco cesó. Cientos de cajas de mercancía siguen pasando de México a Guatemala. En esa orilla Mynor del Cid también vigila, no le interesan las cargas pequeñas, él llegó por las toneladas de producto que algunas balsas traen. Él es fletero.

En Derecho existe una metáfora legal denominada “La doctrina del fruto del árbol envenenado”, la cual establece que cualquier evidencia obtenida de forma ilegal es inadmisible, así pues, el veneno es al fruto lo que la ilegalidad es a la evidencia, por lo tanto se infiere que si la fuente (el árbol) es corrupta, entonces cualquier cosa que salga de ella (el fruto) también lo es. En Ayutla el árbol parece estar bastante envenenado…

Un día cualquiera de junio de 2014, Mynor viajaba con su vehículo cargado de mercancía que acababa de atravesar el Suchiate. Se dirigía a una zona conocida como finca El Álamo, en Ayutla, cuando fue alcanzado por una patrulla cuyas siglas eran “DINC” (División de Investigación Criminal). “Me hicieron el alto y me detuve con respeto, pero al momento que me pidieron los documentos, agarraron mi licencia y se la metieron a la bolsa sin leerla. Me dijeron que si yo tenía la cantidad de Q5 mil [US$ 650] me dejaban trabajar, y si no que me iban a consignar”.

Mynor cobra de US$ 13 a US$ 39 dependiendo del peso de la mercadería y del destino. Aquel día infortunado no tenía US$ 650 en la bolsa, así que se negó. Uno de los agentes desenfundó su arma y se la puso cerca de la cabeza. “Yo les dije que me dejaran de estar extorsionando. El extorsionista, si uno no le paga lo mata pero los policías si uno no les paga, lo encarcelan”.

Después de dos horas retenido Mynor fue dejado en libertad. Reconoció que les pagó una “mordida” [soborno] a los agentes, aunque no quiso decir de cuánto. “Me dejaron ir pero se les tuvo que dar un dinero. A los fleteros nos pasa seguido eso, vienen patrullas de otro lado y ya no se sabe quién es el delincuente y quién es la autoridad porque están al mismo nivel”, dice el hombre mientras espera que llegue mercadería de contrabando para trasladarla.

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De vuelta al río…

Guadalupe Polanco, Luis Valladares, Mynor del Cid y una docena más de balseros, tricicleros, fleteros o cambistas que optaron por no identificarse coincidieron en una cosa: el contrabando les da de comer, a ellos y a sus familias, y como cualquier derecho están dispuestos a defenderlo, cueste lo que cueste.

“Nosotros estamos de acuerdo que el gobierno quiera quitarnos la fuente de trabajo siempre y cuando nos den opciones. Pero si solo vienen a querernos quitar el sustento diario de nuestros hijos y a dejarnos desempleados, claro que no somos mudos y vamos a pelear por nuestros derechos…”, dijo decidida Guadalupe, quizá consciente de que en más de 65 puntos ciegos ubicados a lo largo de la frontera con México está ocurriendo exactamente lo mismo.

*Este informe fue realizado por Gerson Ortiz para elPeriódico de Guatemala, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS.

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