La revelación de que el presidente de Guatemala Jimmy Morales ordenó cambiar el destino de recursos donados por Estados Unidos para combatir el narcotráfico a la vigilancia de entes anticorrupción pone en evidencia las medidas que el mandatario está dispuesto a tomar para evitar que lo investiguen.
Una investigación de Plaza Pública expuso que, al contrario de la versión oficial de los eventos, el 31 de agosto, el gobierno de Morales ordenó que jeeps donados por Estados Unidos patrullaran los alrededores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), las embajadas de México y Estados Unidos, y la Corte de Constitucionalidad.
Los patrullajes ocurrieron cuando Morales anunció que no renovaría el mandato de la CICIG que, junto al Ministerio Público (MP), lo investiga por presunto financiamiento electoral ilícito.
La CICIG y el MP han pedido al congreso de Guatemala que levante el fuero a Morales para que responda por posibles delitos de financiamiento ilícito y corrupción ante un tribunal.
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La investigación periodística revela que el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC) dieron órdenes a la Fuerza de Tarea Chortí, un destacamento que usualmente opera en zonas de alta incidencia del narcotráfico, para que se desplegara a Ciudad de Guatemala para “apoyar en operativos para prevenir, combatir, desarticular y erradicar acciones criminales… del 31/08/2018 al 02/09/2018”.
Un comisario de la policía especificó en el documento que refleja la orden superior que las tareas de la Fuerza Chortí incluían patrullar alrededor de la CICIG y las embajadas de Estados Unidos y México “hasta nueva orden”, según Plaza Pública.
La embajada de Estados Unidos en Guatemala y varios congresistas en Washington han pedido explicaciones por el uso que el gobierno de Morales dio a los jeeps. Algunos incluso pidieron suspender parte de la cooperación bilateral si el tema no se aclara.
Hasta ahora, Morales y sus funcionarios han sostenido que los patrullajes eran algo rutinario.
Análisis de InSight Crime
La investigación de Plaza Pública brinda elementos contundentes que demuestran que, al contrario de lo que afirmó el gobierno de Morales, los patrullajes no fueron casuales.
En realidad, el escándalo de los jeeps expone la tentación del mandatario de abusar de su poder para intentar obstaculizar, desde mediados de 2017, a los entes que investigan el crimen en Guatemala y la acción de gobiernos extranjeros que respaldan esos esfuerzos.
Además de dar la razón a quienes, como los congresistas estadounidenses, lo señalan por posibles violaciones a la legalidad en su afán por evitar investigaciones criminales, Morales puede haber puesto en riesgo la cooperación estadounidense con su país, donde ya hay peticiones para limitar las ayudas si el presidente no explica el uso que dio a los jeeps.
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Las revelaciones sobre el uso político del recurso antidrogas también explican el énfasis que Morales ha dado a su fuerza pública en el marco de sus pleitos políticos con la CICIG. No es solo que el gobierno haya usado pertrechos militares para rondar la comisión y dos de las embajadas que la apoyan, es también que el gobierno guatemalteco ha recortado recursos policiales que estaban destinados a la CICIG.
Una de las consecuencias de esto, como ya lo señaló InSight Crime, es que los recursos del Estado —que supuestamente están dedicados a combatir el crimen organizado, la corrupción y delitos como el homicidio— no son efectivos porque el gobierno los utiliza para otros fines.
Algunos datos empiezan ya a encender alarmas. De acuerdo con Diálogos, un observatorio no gubernamental de violencia, los homicidios siguen mostrando tendencia a la baja respecto a 2017, pero la reducción se ha estancado desde que Morales nombró como ministro de Gobernación a Enrique Degenhart, uno de sus defensores más entusiastas, e incluso aumentaron un 13 por ciento desde que el gobierno impulsó cambios en la PNC para colocar en puestos de mando a oficiales afines.
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