Debido a la escasez generalizada, Venezuela ha iniciado una ofensiva contra el sector empresarial del país, pero su llamada “guerra económica” podría desestabilizar aún más la azarosa situación de seguridad, al concentrar los valiosos recursos del Estado en presionar a las empresas en lugar de atacar a los grupos delictivos.
Un año después de las masivas protestas contra el gobierno que sacudieron a Venezuela en febrero pasado, el presidente Nicolás Maduro parece estar apostando a las fallidas políticas que precisamente propiciaron los disturbios.
El 30 de enero, autoridades arrestaron al presidente y vicepresidente de operaciones de la cadena de farmacias más grande de Venezuela, Farmatodo, por los delitos de boicoteo y desestabilización de la economía. Poco después, el presidente Maduro acusó a Farmatodo de provocar una guerra económica al mantener largas filas en las cajas de pago.
La escasez de productos básicos ha generado largas filas en toda Venezuela y por esta razón el presidente Maduro ordenó en enero que las tropas vigilaran los supermercados.
Farmatodo no es la única entidad que enfrenta sanciones del gobierno. El 6 de febrero, Maduro ordenó una toma oficial de la cadena de supermercados Día a Día, que ahora será fusionada en un grupo de supermercados dirigido por el gobierno. El gerente general de la empresa, Manuel Morales, al parecer ha sido retenido por las autoridades, quienes lo acusaron de sabotaje y de desestabilizar la economía mediante acumulación de bienes.
Por otro lado, el presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales de Venezuela, Carlos Rosales, fue detenido dos días después de que se refiriera a la escasez de suministros médicos en un canal de televisión local. Las autoridades liberaron a Rosales poco después, no sin que antes el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) le advirtiera que dejara de hacer comentarios que pudieran alarmar al pueblo venezolano.
También se ha presentado agitación política recientemente por parte de la oposición política del país. El 19 de febrero, los participantes en una manifestación llenaron una plaza pública en Caracas exigiendo la liberación de todos los presos políticos, incluyendo al líder de la oposición, Leopoldo López, quien ha permanecido el último año en una prisión militar. Cuarenta y uno de los participantes de las protestas del año pasado continúan en prisión, según funcionarios del gobierno; no obstante, al menos una ONG ha señalado que el número es significativamente mayor, informó BBC Mundo.
Sin embargo, la detención, el 19 de febrero, de Antonio Ledezma, alcalde de Caracas y prominente líder de la oposición, es un fuerte mensaje de que el partido gobernante, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), sigue siendo intolerante ante cualquier tipo de disidencia política. Según los informes, funcionarios del gobierno han acusado a Ledezma de conspirar para derrocar al presidente Maduro.
La distracción de la “guerra económica” en Venezuela
Vale la pena preguntarse hasta qué punto la agitación política y económica que inquieta a Venezuela le va a restar importancia a los problemas a los que el gobierno realmente necesita prestar atención, como son la corrupción oficial en los altos niveles y la inseguridad, problemas que por mucho tiempo han sido soslayados.
En particular, el 8 de febrero, un funcionario de un partido de oposición del gobierno acusó al contraalmirante venezolano Rui Miguel de Sousa de dirigir una red de contrabando que trafica por lo menos 3 millones de litros de gasolina a Colombia, informó El Nuevo Herald. De Sousa era una de las autoridades de más alto rango en la lucha contra el contrabando en Venezuela, una próspera actividad de la que dependen muchas personas a lo largo de la frontera entre Venezuela y Colombia.
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Las acusaciones contra autoridades que realizan las mismas actividades criminales contra las que deberían luchar son ya familiares en Venezuela. Se considera que la mayor red de narcotráfico del país es el Cartel de los Soles, conformado por funcionarios militares corruptos involucrados en el contrabando de cocaína. En enero de 2015, un exguardaespaldas acusó a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, de encabezar un grupo de funcionarios narcotraficantes.
Crimen organizado, ¿el gran favorecido de la crisis venezolana?
Venezuela es ya uno de los países más violentos de Latinoamérica. Sus pandillas callejeras no han evolucionado tanto como en otras partes de la región, como en el Triángulo del Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), pero la mezcla tóxica de una economía agobiada, políticas de seguridad politizadas y una corrupción oficial profundamente arraigada no ayudará por cierto a mejorar la seguridad pública del país.
Hugo Pérez Hernaiz, profesor de Sociología en la Universidad Central de Venezuela, le dijo a InSight Crime que, en gran medida, la población venezolana no ha culpado al gobierno por la alta tasa de delincuencia y violencia. Como resultado, actualmente “las prioridades del gobierno son la crisis económica y las próximas elecciones legislativas de este año, pero no la seguridad”, señaló Pérez.
Sin embargo, la priorización que el gobierno le da a su “guerra económica” lo distraerá seguramente de las iniciativas de reforma de la policía, así como de los esfuerzos por contener las violentas pandillas callejeras del país.
Dado que las fuerzas de seguridad de Venezuela cuentan permanentemente con pocos miembros y equipos, el nivel actual de inseguridad en Venezuela “hoy día la situación ha rebasado a los Cuerpos Policiales [del país]”, le dijo a InSight Crime Pedro Rangel Rojas, director del Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Incosec).
El año pasado se informó sobre pandillas en Caracas que portaban armas de grueso calibre, mientras que en Maracaibo, la segunda ciudad del país, han surgido estructuras criminales más sofisticadas.
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Aparte de descuidar el tema de la seguridad pública, la falta de voluntad del gobierno de Maduro por perseguir la corrupción —que el gobierno ha intentado anteriormente describir como una gran prioridad— sin duda continuará fortaleciendo las redes de crimen organizado en el país.
Durante mucho tiempo la corrupción ha facilitado el crimen organizado en Latinoamérica, dado que los actores criminales tratan de obtener protección influyendo a todos los niveles y ramas del gobierno. La falta de investigación de la corrupción no es exclusiva de la administración de Maduro en Venezuela, pero la continua falta de voluntad para erradicarla —en particular en el ejército y en la guardia nacional— es profundamente preocupante.
Mientras el régimen Chavista se continúa derrumbando bajo el peso de una economía agitada, la convulsión política y la corrupción generalizada, los grupos criminales bien pueden aprovechar esta oportunidad para ganar cada vez más poder y causar aún mayores estragos en la población venezolana.
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