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ANÁLISIS

La voracidad de la minería ilegal se sigue abriendo paso en Venezuela

ÉLITES Y CRIMEN / 31 JUL 2020 POR UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE VENEZUELA ES

La reciente incursión de una estructura armada irregular en inmediaciones del Río Caura, en el estado venezolano de Bolívar, parece ser parte de un consorcio criminal entre grupos al margen de la ley  esa guerrilla y fuerzas gubernamentales de Venezuela, el cual amenaza a las comunidades indígenas locales.

Sobre la llegada de esta comisión hay dos versiones. El pasado 14 de julio, el diputado opositor a la Asamblea Nacional de Venezuela, Américo de Grazia, publicó en su cuenta de Twitter la incursión de un grupo de 60 hombres pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a una zona turística conocida como Las Trincheras, ubicada en la población de Maripa, capital del municipio Sucre, en Bolívar.

Sin embargo, un operador turístico de la zona aseguró a el Correo del Caroní que se trata de 70 hombres armados pertenecientes a las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes llegaron al lugar.

A las denuncias se suman las voces de líderes indígenas locales, quienes han protestado desde mayo por la instalación de balsas mineras en la cuenca baja del Río Caura.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de Venezuela

A principios de mayo, grupos irregulares armados asesinaron al menos a dos personas —incluso hay reportes de que fueron 13— de la comunidad Yekuana, quienes ya habían exigido un mes atrás la salida de los grupos criminales que circundaban los ríos Caura y Erebato.

A pesar de esto, el gobierno de Nicolás Maduro publicó un decreto en abril que abrió la puerta a la extracción de minerales en los ríos Caura, Cuchivero, Aro, Yuruari, Cuyuní y Caroní. Según los pobladores locales, esta explotación aurífera ha venido acompañada por la presencia de grupos armados ilegales que brindan protección a las instalaciones mineras.

Una de las expansiones criminales más notorias en zonas mineras en Venezuela ha sido la del ELN. En octubre del 2018, se atribuyó a esta guerrilla la masacre de siete mineros en el sector El Bochinche, en el municipio Sifontes del estado Bolívar, en la frontera entre Venezuela y Guyana.

Análisis InSight Crime

La disputa por el botín criminal que yace sobre la región del sur del Río Orinoco está encabezada por una alianza operativa entre facciones del gobierno venezolano y las organizaciones criminales.

Desde que el sector minero se consolidó como el principal salvavidas financiero de Venezuela, a través del decreto de creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco (AMO)” en el 2016, el gobierno de Maduro ha recurrido a una serie de maniobras legales e ilegales para asegurar su control.

Dentro de este repertorio de medidas, la alianza con el ELN ha sido una pieza clave en la protección de zonas.

“El gobierno de Maduro tiene la intención de limpiar las zonas mineras de Bolívar con la ayuda del ELN. Sabe que la mejor forma de no ensuciarse las manos y asegurar el control territorial de esta región es por medio de la colaboración clandestina de esta organización guerrillera”, comentó Américo de Grazia en conversación con InSight Crime.

La extracción ilegal minera en Venezuela también ha estado relacionada con grupos ex - FARC mafia, como lo documentó la ONG SOS Orinoco en noviembre de 2019 en varios corredores fluviales ubicados en los estados Bolívar y Amazonas, en donde estarían controlando y sometiendo a las comunidades locales a sus reglas.

VEA TAMBIÉN: Por qué Venezuela depende de su oro ahora más que nunca

En esta avanzada territorial, las comunidades indígenas han sido víctimas.

Los pueblos indígenas yek’wana, sanemá y hoti que habitan sobre la cuenca del Río Caura han venido padeciendo este flagelo desde hace más de 10 años. Lo que empezó siendo un plan para ordenar la actividad minera ilegal en la zona en 2008, conocido como el Plan Caura, terminó siendo una movida estratégica del gobierno para apropiarse de los yacimientos que hay en esta zona.

InSight Crime consultó a Olnar Ortiz, abogado de Foro Penal y defensor de los derechos de las comunidades indígenas en Venezuela, quien explico que: “los pueblos indígenas se encuentran en una trampa económica de la que no pueden salir. La presión ejercida tanto por actores estatales como por grupos criminales organizados y las escasas oportunidades laborales los han llevado a trabajar en estas minas y a renunciar a las tradiciones de sus territorios ancestrales”.

En el informe más reciente publicado el pasado 15 de julio por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) se resalta que la expansión de la actividad minera en el AMO ha ido en contra de los derechos de autonomía y autodeterminación de estos grupos indígenas, quienes solo tienen dos caminos: el del sometimiento o el del desplazamiento.

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