La reciente fuga del narcotraficante más famoso del mundo, Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha puesto de manifiesto la incoherente política de México con respecto a la extradición de sospechosos de narcotráfico a Estados Unidos.
La fuga de Guzmán de una prisión de máxima seguridad estuvo precedida por disputas entre funcionarios de Estados Unidos y México sobre su extradición, que se iniciaron casi inmediatamente después de su captura en febrero de 2014. Poco después del arresto de El Chapo, fiscales estadounidenses dijeron que estaban buscando su extradición, aunque no se sabe si hicieron alguna petición oficial.
Por su parte, el gobierno mexicano dejó claro que no tenía ningún interés en enviar el jefe del Cartel de Sinaloa (considerada la más poderosa organización de narcotráfico en el hemisferio Occidental) a enfrentar cargos en Estados Unidos. Funcionarios mexicanos insistieron en que El Chapo primero debía pagar una pena de cárcel en México, antes de que pudiera ser extraditado.
El entonces procurador general de México, Jesús Murillo Karam, le dijo a Associated Press en enero: “El Chapo se tiene que quedar aquí a cumplir su condena y después lo extradito”, y agregó: “Unos 300-400 años después, falta mucho”.
Murillo Karam también dijo que mantener a El Chapo bajo custodia mexicana, en vez de extraditarlo a Estados Unidos, era una cuestión de soberanía nacional.
El Chapo se había escapado de una prisión de máxima seguridad en 2001, pero Murillo Karam afirmó, durante su entrevista con la AP en enero, que la posibilidad de un segundo escape “no existe”.
La reciente fuga de Guzmán ha producido el enojo de las fuerzas de seguridad estadounidenses, que colaboraron en la larga y multimillonaria persecución del capo de la droga. El riesgo de otra fuga “es exactamente la razón por la que pedíamos su extradición”, le dijo a CNN un agente del orden público cuya identidad permanece anónima.
Análisis de InSight Crime
La extradición se sustenta en tratados bilaterales, pero la fuga de El Chapo ha llamado la atención sobre la incapacidad de México para establecer un manejo coherente del tratado que tiene con Estados Unidos (vea el tratado de extradición entre México y Estados Unidos aquí: pdf), especialmente porque se trata de la extradición de capos de la droga requeridos por Estados Unidos.
De hecho, El Chapo es sólo uno de los muchos narcotraficantes que aún tienen que ser enviados a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con el tráfico de drogas. Mientras que otros crueles violadores de la ley de Estados Unidos y México ya han sido extraditados a Estados Unidos.
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La lógica del gobierno mexicano en estos asuntos es difícil de entender. Por ejemplo, funcionarios mexicanos extraditaron al hermano y al hijo del líder del Cartel de Sinaloa Ismael Zambada García, pero afirmaron que la extradición de su socio, Guzmán, habría sido una violación a la soberanía nacional de México.
El gobierno mexicano extraditó al líder del Cartel del Golfo Osiel Cárdenas Guillén a Estados Unidos, pero su homólogo anterior, Jorge Eduardo Costilla Sánchez, ha estado recluido tres años en una cárcel mexicana.
La extraña y contradictoria lista continúa (vea el gráfico siguiente).
Por supuesto, hay cuestiones legales involucradas. Los mexicanos tienen derecho a solicitar lo que se conoce como un “amparo”, que es similar a una orden judicial en Estados Unidos. Los narcotraficantes han solicitado amparos una y otra vez, y ello ha retrasado muchas extradiciones.
Y por cierto, también hay consideraciones políticas involucradas, como lo ilustra el caso de El Chapo. Esto también es evidente en los procesos mexicanos: el Ministerio de Relaciones Exteriores, y no los tribunales, tiene la última palabra en cuanto a las extradiciones.
Sin embargo, no hay ningún grupo que haya sido favorecido, ni se puede discernir ningún patrón claro a partir de los registros públicos. Cada grupo criminal importante ha visto cómo se extradita a alguno de sus dirigentes, mientras algún otro está en espera de juicio en una prisión mexicana.
La pugna por la extradición entre México y Estados Unidos data de los años ochenta, cuando miembros del desaparecido Cartel de Guadalajara secuestraron, torturaron y asesinaron a Enrique Camarena, agente secreto de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés). A pesar de las acusaciones de Estados Unidos contra 22 personas, el caso no llevó a ninguna extradición.
A raíz de esta frustración, Estados Unidos tomó medidas por cuenta propia, ejecutando varias de las denominadas “entregas extraordinarias”. La primera ocurrió en 1988, cuando el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos, con la ayuda del gobierno de Honduras, detuvo al ciudadano hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros en Tegucigalpa y lo llevó a Estados Unidos. Las protestas dieron como resultado cinco personas muertas y partes de la misión estadounidense incendiadas por completo.
La segunda ocurrió en 1990, cuando delegados de Estados Unidos capturaron el ciudadano mexicano Humberto Álvarez Machaín en México y lo enviaron a Estados Unidos, violando claramente el tratado de extradición entre México y Estados Unidos. México envió tres notas diplomáticas sobre el incidente, y Álvarez Machaín y sus abogados libraron una valiente batalla para invalidar su caso porque su rapto violó el tratado de extradición.
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El caso llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, pero en un fallo sorprendente, la corte determinó que el rapto de Álvarez Machaín fue justificado. Tanto Álvarez Machaín como Matta Ballesteros enfrentaron juicios por participar en el asesinato de Camarena. Matta Ballesteros fue declarado culpable y permanece en una prisión de Estados Unidos, pero Álvarez Machaín fue absuelto por falta de pruebas.
Tras el incidente de Álvarez Machaín, las extradiciones cesaron y México logró añadir una nueva disposición al tratado con Estados Unidos, para “prohibir los secuestros transfronterizos”. En 1996, las extradiciones se reanudaron, aunque poco a poco y, como se ha señalado, de manera irregular.
Resultó apropiado que antes de la fuga de El Chapo se hubieran reanudado las discusiones sobre la extradición debido a un sospechoso en el caso del asesinato de la DEA. Gracias a un tecnicismo, Rafael Caro Quintero —exjefe del Cartel de Guadalajara que fue encarcelado en México por su participación en el narcotráfico y en el asesinato de Camarena—fue liberado de manera anticipada en agosto de 2013.
Para los funcionarios de Estados Unidos, su prematura liberación y la incapacidad para garantizar su extradición antes de que ella ocurriera, fue como una pedrada en el ojo. La Corte Suprema de México anuló posteriormente la sentencia y emitió una orden de detención contra Caro Quintero, pero como El Chapo, el capo de la droga debe volver a ser detenido por las autoridades.
Por desgracia, aceptar que México maneja la extradición de manera incoherente es mucho más fácil que encontrar una solución duradera al problema. La persecución masiva para capturar a El Chapo ya está en marcha, pero restaurar las relaciones entre México y Estados Unidos en lo que se refiere a la extradición puede ser un proceso mucho más largo y complicado.
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