La historia judicial fracasada contra las pandillas

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El pasado 24 de agosto la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró a la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) y a su antagónica Barrio 18 como grupos terroristas.

La asignación se produjo luego de que el historial delictivo de ambas organizaciones empata con los delitos tipificados en la “Ley Especial Contra Actos Terroristas” promulgada en 2006. Su calidad de grupos terroristas permitirá al Estado atacar de manera más eficaz y con mejores herramientas a estas pandillas que en agosto pasado causaron parte de los 907 asesinatos cometidos en el país, una cifra histórica registrada por la policía.

Este nuevo esfuerzo forma parte de una larga lista de acciones que se han tomado a lo largo de casi 20 años tanto en el Triángulo Norte de Centroamérica como en Estados Unidos para contener la violencia y expansión de estos dos grupos. Sin embargo, la historia ha demostrado que su persecución en lugar de debilitarlas, las ha fortalecido y les ha permitido extenderse. Las evidencias invitan a pensar que se trata de una historia judicial fracasada.

Estados Unidos

Las primeras disposiciones de las que se tiene registro se remontan a 1997 en Los Ángeles, California, cuna de ambas asociaciones. En ese año la Barrio 18 recibió dos medidas cautelares por parte de la fiscalía mejor conocidas como gang injuctions, que prohibieron a 68 de sus miembros reunirse dentro de una milla cuadrada. Estas gang injuctions fueron dirigidas contra las clicas o células ubicadas en la avenida Alsace y en el vecindario Pico Union.

Un año después, la Mara Salvatrucha recibió la misma resolución en contra de 40 integrantes de la clica Hollywood Locos, logrando disminuir el delito, pero no su proliferación. De acuerdo con datos elaborados por el antropólogo Thomas Ward, para 1999 la MS13 había ensanchado sus filas hasta 3.000 miembros activos en todo el condado de Los Ángeles, mientras que la Dieciocho seguía conservando su fama de ser la pandillas más grande de todo el sur de California, según reportes de Los Angeles Times.

A finales de los noventa la MS13 se expandió a la costa este y se regó por estados como Maryland, Virginia, Nueva York y el distrito de Washington DC. En la primera década del 2000 diversos delitos realizados por este grupo orilló a las autoridades a aplicarle la ley “Racketeering Influenced and Corrupt Organizations” (RICO) y “Violent Crime in Aid of Racketeering” (VICAR). Estas leyes hechas para atacar organizaciones mafiosas fueron empleadas en contra de la pandilla que aumentaba su peligrosidad. La MS13 llegó a esparcirse en 2011 hasta 32 de estados del país, según datos del National Gang Intelligence Center del FBI.

Mientras tanto, en California la aplicación de gang injuctions continuó en repetidas ocasiones sin erradicar la propagación y violencia de ambas pandillas.

Honduras

Honduras fue el primer país del Triángulo Centroamericano en emplear operativos contra las pandillas. Desde la entrada en funciones del presidente Ricardo Maduro, en 2002, se ejecutó el Plan Libertad Azul que se configuró como el primer operativo cero tolerancia en contra de estos grupos. El plan consistía en capturas masivas a pandilleros sin orden judicial mediante el uso de la fuerza, involucrando a la policía y al ejército.

Los pandilleros eran acusados bajo el delito de asociaciones ilícitas por su simple apariencia. Para respaldar legalmente esas acciones el 7 de agosto de 2003 el parlamento reformó el artículo 332 del Código Penal y con ello dio entrada a la primer Ley Antimaras de toda Centroamérica.

Como reacción a la ley, un año y cuatro meses después se presentó uno de los episodios más violentos en la historia criminal de Honduras. El 23 de diciembre de 2004 la MS13 ejecutó a balazos a 28 pasajeros inocentes que viajaban en un bus de San Pedro Sula, un ataque que según el gobierno fue en represalia por la Ley Antimaras.

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No sólo generó uno de los sucesos más lamentables del país, sino que trasladó parte del problema a las cárceles. A cuatro meses de iniciada la ley, Gerson Ramón Belisle Castro, miembro de la Mara Salvatrucha fue encarcelado únicamente por asociación ilícita, sin ningún cargo delictivo, y fue asesinado brutalmente al interior de la cárcel. Lo anterior era una muestra que la disposición además estaba cobrando vidas.

Datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dejaron claro que el número de homicidios en el país bajaron, pero según el analista hondureño Tomás Andino, el nivel de crueldad y violencia alcanzó su momento más crítico en esos años. La violencia pandilleril como su expansión no estaba solucionándose. Desde que inició la Ley Antimaras hasta diciembre de 2006 habían sido capturados 6.711 pandilleros bajo el delito de asociaciones ilícitas, de los cuales 66% quedaron en libertad.

En julio pasado, la Ley Antimaras fue reformada para aumentar drásticamente las penas y dejar que la decisión acerca de si un acusado es miembro o no de una pandilla quede en manos de los jueces y fiscales ya que, después de años de evolución, ya no se visten como miembros de pandillas o muestran tatuajes de pandillas.

El Salvador

En El Salvador el gobierno del presidente Francisco Flores replicó el modelo de su homólogo hondureño ante la presencia cada vez mayor de descuartizados. El 10 de octubre de 2003 entró en vigor la Ley Antimaras, bajo el programa Plan Mano Dura que se venía realizando extra judicialmente desde julio, reformando el artículo 345 del Código Penal y Procesal Penal.

La diferencia con Honduras, era que en El Salvador, ambas pandillas presentaban un mayor índice de homicidios y una mayor penetración nacional. Así que la captura de miles de pandilleros saturó los centros penales y permitió a ambas facciones organizarse de manera sofisticada y comenzaran a enviar órdenes desde las cárceles. Se elevaron las extorsiones y los miembros presos comenzaron a recibir dinero. Desde los penales comenzaron a salir órdenes para asesinar testigos que actuaban en contra de la pandilla, se pidió a miembros retirados volver a activarse, entre varias acciones más.

Plan Mano Dura dejó 19.275 arrestos de julio de 2003 a agosto de 2004, según la policía, de los cuales 17.540 fueron puestos en libertad ante la falta de pruebas, es decir, casi todos. La cifra de homicidios se elevó de seis a siete el número de muertos diarios.

La ley fue derogada el primero de abril de 2004 por violar principios fundamentales de igualdad ante la ley, pero ese mismo día la Asamblea Legislativa aprobó la “Ley para el combate de las actividades delincuenciales de grupos y asociaciones ilícitas especiales” que sirvió de campaña electoral para el partido político Arena.

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A partir del Plan Mano Dura todas las siguientes administraciones presidenciales emplearían programas contra las pandillas en El Salvador para legitimarse.

A tan sólo 60 días de comenzar funciones, el 30 de agosto de 2004, el presidente Antonio Saca, dio a conocer su programa Súper Mano Dura para intensificar la captura de pandilleros. La nueva ola de represión permitió a los delincuentes cambiara su manera de operar para no ser capturados fácilmente.

Nuevamente, de los 12.725 arrestados, la mayoría quedó libre por falta de pruebas. Datos de la Organización Panamericana para la Salud estimó que la tasa de homicidios de 2004 a 2005 saltó de 57 a 61 asesinatos por cien mil habitantes. Lo que indicaba que los planes no estaban cobrando ningún sentido, sino empeorándolo.

Cinco años después de Súper Mano Dura y como reacción a la quema de 17 personas inocentes por miembros de la Barrio 18, el gobierno del presidente Mauricio Funes aprobó el primero de septiembre de 2010 la de “Ley de Proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal”. Su ineficiencia fue tal que en marzo de 2012, se dio a conocer que el gobierno salvadoreño negoció con ambas pandillas la disminución de los homicidios en el país, en la llamada tregua entre pandilas.

Guatemala

En junio de 2003 el gobierno guatemalteco también comenzó detenciones masivas con el llamado Plan Escoba sin ley que respaldara los operativos. Pero a diferencia de sus pares centroamericanos el Congreso guatemalteco rechazó en 2005 las iniciativas “Ley Antimaras” y “Ley para Prevenir, controlar y erradicar las pandillas juveniles agrupaciones ilícitas y delincuencia organizada”, dejando al país sin un marco legal en el tema pandilleril.

Sin embargo la policía creó la Unidad de Acción Nacional Contra el Desarrollo de Pandillas (Panda) para atacar a las organizaciones. Las acciones de cero tolerancia fueron infructuosas, el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales de Guatemala estudió que de las más de 5.000 detenciones efectuadas sólo el 1.1% tuvieron una acusación formal.

Medio año después, el 15 de agosto de 2005, el sistema penitenciario se bañó de sangre al romperse el pacto de no agresión entre la MS13 y Barrio 18, generando enfrentamientos en cuatro penales que dejaron 36 pandilleros asesinados. A partir de ese suceso el fenómeno pandilleril se hizo más visible y temido por la sociedad.

En 2010, ante el aumento de la violencia, se buscó nuevamente echar a andar la “Ley Antimaras”, pero no trascendió.

La Ley Antimara a nivel transnacional

El flujo de pandilleros entre Estados Unidos y Centroamérica, principalmente de la Mara Salvatrucha, llevó en diciembre de 2004 al FBI a crear la primera tarea federal en contra de una pandilla. La llamaron MS13 National Task Force para neutralizar y desmantelar al grupo antes de que se siguiera sofisticando. La dieciocho fue sumada a esta tarea en 2007 y en El Salvador, Honduras y Guatemala se abrieron las oficinas del Centro de Antipandillas Trasnacional para compartir información con el FBI.

Ocho años después, el 11 de octubre de 2012, el Departamento del Tesoro designó a la MS13 como una “organización criminal trasnacional”.

Las medidas han ayudado a rastrear mejor el fenómeno, pero no a erradicar sus actividades internacionales que en 2013 y 2015 llevaron al Departamento del Tesoro a sancionar nueve pandilleros de la MS13 por posesión de bienes de procedencia ilícita. Todos líderes nacionales.

Actualidad

Desde que a mediados del año pasado se rompió la tregua entre pandillas en El Salvador, la violencia y el número de homicidios han alcanzado cifras alarmantes. El pasado mes de julio ambas pandillas ordenaron el paro de labores a la red transporte de buses dejando ver su poder fáctico, por lo que la administración del actual presidente, Salvador Sánchez, ha decidido atacarlas bajo la mirada de organizaciones terroristas bajo la “Ley Especial Contra Actos Terroristas”. Aventurándose a probar si esta medida servirá.

Por su parte, el congreso hondureño ha mostrado interés en replicar la misma disposición a pesar de que en su territorio el número de delitos por pandilleros sea mucho menor.

Una vez más las autoridades buscan encontrar soluciones al fenómeno pandilleril. ¿Volverán a fracasar? Esa es la pregunta clave que enfrenta la región.

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