El director de una prisión de máxima seguridad de Honduras fue asesinado a plena luz del día, lo que representa el crimen más reciente de una cadena de homicidios que se han cometido tras la condena por narcotráfico dictada en Estados Unidos contra Tony Hernández, hermano del presidente hondureño.
El 12 de diciembre pasado, varios hombres armados le propinaron por lo menos seis tiros a Pedro Ildefonso Armas, director de la prisión El Pozo en el norte de Honduras, cuando este se desplazaba en una camioneta Toyota por la carretera panamericana, cerca de Marillal, en el departamento de Choluteca, al sur del país, según información de La Prensa.
Aunque no es claro por qué se produjo el ataque contra Armas, él había denunciado amenazas de muerte recientemente. El funcionario había sido suspendido de sus funciones como director de El Pozo, centro carcelario de estilo estadounidense en el departamento de Santa Bárbara, en límites con Guatemala, como parte de una investigación por el homicidio de Nery Orlando López, ocurrido el 26 de octubre último, según La Prensa.
Armas se encontraba hablando con López cuando un grupo de reclusos irrumpieron y le propinaron disparos y puñaladas en repetidas ocasiones hasta matarlo, en una escabrosa escena captada por una cámara de seguridad.
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López, quien antes de su captura se había cambiado de nombre por el de Magdaleno Meza para eludir a las autoridades, tuvo un rol destacado en el caso por narcotráfico que se llevó en Estados Unidos contra el exdiputado hondureño Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández. Las narcolibretas que las autoridades confiscaron durante el arresto de Meza —en las que se detallaban numerosas transacciones de cargamentos de cocaína recibidos por Tony Hernández y enviados a nombre suyo— constituyeron una evidencia crucial que los fiscales usaron para condenar al exparlamentario.
El juicio acaparó los titulares durante dos semanas y reveló no solo la colusión del Gobierno con los narcotraficantes, sino además un soborno de US$1 millón que el exjefe del cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, supuestamente entregó en persona a Tony Hernández y que debía llegar al presidente mismo.
Luego del asesinato de Armas y de la matanza de otros cinco presos en la cárcel de máxima seguridad de La Tolva el 17 de diciembre, el secretario de estado de la presidencia anunció un estado de emergencia en el sistema penitenciario. Todos los empleados carcelarios fueron suspendidos y se delegó temporalmente el control de las cárceles a las fuerzas armadas, como informó La Prensa.
Análisis de InSight Crime
Las secuelas de la condena de Tony Hernández en Estados Unidos dejan un rastro de sangre en Honduras.
El día antes de que López fuera asesinado, Marco Tulio Amador Varela fue abaleado dentro de la prisión de La Tolva. Según La Tribuna, Amador Varela era presuntamente la “mano derecha” del exalcalde de El Paraíso, Amílcar Alexánder Ardón Soriano. Los fiscales estadounidenses imputaron a Ardón en enero de 2019, acusándolo de que él también había participado en la conspiración de narcotráfico de Tony Hernández.
Apenas dos días después del asesinato de López, las autoridades anunciaron la captura de cuatro de los presos sospechosos de haber participado en su asesinato, según un comunicado oficial del Ministerio Público. Sin embargo, se observó que seis personas perpetraron el ataque. No es claro qué sucedió con las otras dos, o quién pudo haber ordenado el homicidio. Luego de su detención, se dice que López supuestamente estaba colaborando con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), según Univisión.
Pero la matanza no paró ahí.
Uno de los abogados de López, José Luis Pinto —quien también representó a los hermanos Valle Valle, cabezas de uno de los principales grupos del crimen organizado de Honduras— fue ultimado a tiros el 9 de diciembre, informó La Prensa. Sin mediar palabra, varios sicarios entraron a una cafetería en La Entrada, municipio del departamento de Copán, oeste del país, donde Pinto se encontraba comiendo, le dispararon y salieron.
Las autoridades aún no han capturado a nadie por la muerte de Pinto. Otros abogados del equipo de defensa de López también han denunciado amenazas de muerte. “Es lamentable que hasta la fecha el Estado de Honduras y el Ministerio Público no tengan una política efectiva” para hacer responder a los asesinos de abogados, según se pronunció el Colegio de Abogados de Honduras en un comunicado emitido el 11 de diciembre.
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Aunque Tony Hernández fue quien compareció en juicio en Estados Unidos, el presidente Hernández es quien está en la picota pública. Uno de los registros en las libretas de López identificaba un pago por US$440.000 a “JOH y sus socios”. No es claro si las iniciales se refieren al presidente, pero desde hace mucho tiempo los hondureños lo han llamado por sus iniciales.
El presidente Hernández ha negado reiteradamente las acusaciones que se le hacen de haber aceptado dinero del narcotráfico o de tener vínculos con grupos del crimen organizado, y califica esos alegatos de "absurdos y ridículos" y "menos serios que Alicia en el País de las Maravillas". El hermano del presidente también ha negado que tuviera conexiones con narcotraficantes.
Luego del asesinato de López en la prisión, las autoridades hondureñas arrestaron a Seth y Roberto Paisano Wood, dos hermanos de un poderoso clan político, quienes eran considerados los narcos más importantes de la costa Atlántica del país. Al mes siguiente, las autoridades en la vecina Guatemala arrestaron a Haroldo Lorenzana, un símbolo del mundo del narcotráfico en toda la frontera entre Guatemala y Honduras, a quien las autoridades estadounidenses tenían en la mira desde 2010.
Los tres eran socios cercanos de López y se cree que tenían profundos vínculos con el gobierno hondureño, lo que indica que el "posible caso contra el presidente Hernández sigue en construcción”, según expertos consultados por Univisión.
Estos asesinatos también ocurren cuando el mandato de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), avalada por la OEA, está a punto de expirar.
El organismo judicial de la OEA también lleva casos de corrupción que podrían implicar al presidente. Un equipo de la OEA que evaluó recientemente el trabajo de la MACCIH recomendó su continuidad, y el próximo mes el presidente Hernández decidirá si lo renueva.
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