El Salvador había cerrado 2018 con buenas noticias de acuerdo con las cifras oficiales de homicidios. El gobierno anunció que el año cerró con una reducción de 15 por ciento en los homicidios respecto a 2017. La tasa quedó en 51 por 100.000 habitantes, muy por debajo de 2015 e incluso 2016, cuando la violencia entre pandillas y la fuerza pública puso al país como uno de los dos más sangrientos del continente.
Hay un pero. El reciente repunte de los homicidios en la víspera de las elecciones, brutal pero poco significativo en términos estadísticos, ha vuelto a encender las alarmas sobre la capacidad de la MS13, y de las pandillas en general, de desafiar al Estado con su letalidad.
La cercanía de las elecciones presidenciales, a realizarse el 3 de febrero próximo, también han vuelto a despertar dudas sobre las capacidades de las pandillas de influir, mediante el uso de la violencia letal, en los procesos electorales del país.
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Entre el sábado 12 y el martes 15, una serie de ataques armados, algunos de ellos dirigidos contra miembros de la fuerza pública, elevaron los promedios de homicidios a cifras que el país llevaba un tiempo sin ver. El lunes 14, de acuerdo con reportes policiales, 26 salvadoreños fueron asesinados, según reportó Diario El Mundo.
La Policía Nacional Civil (PNC) publicó las cifras de los primeros 16 días del año: 169 muertos. Esto es 10,6 muertos diarios, un alza importante, en solo una quincena, en comparación con los 9,4 que arrojó el promedio de 2018.
Miembros de la fuerza pública, sobre todo la PNC; están entre los objetivos prioritarios de los pandilleros, según las autoridades. En los primeros 19 días del año, nueve policías y un soldado habían sido asesinados, según un reporte de La Prensa Gráfica. Uno de los ataques ocurrió el fin de semana pasado, cuando una patrulla policial fue atacada con armas largas en las cercanías de San Miguel, la tercera ciudad del país.
El gabinete de seguridad suspendió todos los permisos a raíz de los ataques, mientras las autoridades policiales anunciaban que iban a aumentar la presión a los líderes pandilleros en las calles y en las cárceles.
Análisis de InSight Crime
Los homicidios, y en general, la situación de seguridad en el país, no han sido tema central en la campaña electoral que vive El Salvador.
El candidato del partido oficial pasa de puntillas por el asunto, motivado acaso por los cuestionamientos que el gobierno actual ha recibido por el uso excesivo de fuerza contra población residente en zonas bajo control pandillero. Los dos candidatos de oposición tampoco han hablado mucho al respecto, quizá para evitar reconocerle al oficialismo la baja innegable en las cifras.
Tampoco han hablado los contendientes sobre las pandillas. Una explicación a este silencio puede ser que los tres principales partidos en contienda han hecho pactos electorales con las pandillas en el pasado. Los hizo el FMLN durante los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén. Los hizo el actual alcalde de Arena en San Salvador. Y los hizo Nayib Bukele, candidato presidencial de GANA y favorita según las encuestas, cuando él fue alcalde de San Salvador.
La MS13 había dejado recientemente de ser un tema en el discurso político. Hasta ahora.
En un intento por explicar el alza reciente, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez, ha atribuido la mayoría de los homicidios de los últimos días a la MS13. Las autoridades han recurrido, de nuevo, a viejas fórmulas al hablar de muertes de pandilleros en enfrentamientos con la policía para explicar algunos de los asesinatos.
Lo cierto es que ya en el pasado las pandillas, sobre todo la MS13, han utilizado la violencia letal, así como su capacidad para controlar el alza o disminución de homicidios, como su principal argumento de negociación con el gobierno central. Lo hicieron así, por ejemplo, durante las negociaciones en torno a la tregua de 2012 y 2013, o como respuesta a la aplicación temporal de medidas penitenciarias extraordinarias, que incluyen restricciones de visitas familiares, confinamiento de algunos reos a celdas de máxima seguridad y limitaciones a todo tipo de contactos con el exterior.
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Gracias en parte a la tregua de hace seis años, las pandillas, en especial la MS13, consolidaron su control sobre importantes porciones del territorio salvadoreño. En 2015, en el marco de una investigación que InSight Crime realizó sobre la MS13, un alto oficial de la PNC decía que ese control permitió a las pandillas hacer tratos con partidos políticos para aumentar sus ejércitos electorales y su caudal de votantes.
“Es casi lógico -decía el policía- que en territorios donde los pandilleros ejercen mayor control territorial su influencia en cualquier actividad que involucre logística o movilizaciones masivas, por ejemplo en jornadas electorales, sea importante”.
El gobierno del actual presidente, Salvador Sánchez Cerén, atribuyó a la efectividad de las medidas extraordinarias, así como a las acciones represivas de la fuerza pública en el territorio, el supuesto debilitamiento de las pandillas. Y a eso atribuyó el gobierno, en parte, la baja en los homicidios en 2018. Hoy, sin embargo, las autoridades muestran dudas, al menos en lo que toca al reciente repunte.
A poco más de dos semanas de las elecciones presidenciales, este nuevo repunte de homicidios en El Salvador vuelva a abrir interrogantes sobre el estado de salud real de las pandillas y sobre su capacidad para, a punta de homicidios, intentar enviar mensajes al futuro presidente del país.
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