En Honduras, dos asesinatos de alto perfil han planteado la pregunta de si los actores criminales están librando una guerra contra el gobierno, en protesta por la posible extradición de nacionales hondureños hacia Estados Unidos.
Las víctimas de los homicidios incluyen uno de los principales fiscales del país para los casos de corrupción y lavado de dinero - quien también estaba trabajando estrechamente con el gobierno de Estados Unidos - y un periodista que supuestamente estaba asesorando al gobierno en materia de relaciones públicas.
El fiscal Orlan Chávez fue asesinado a tiros en abril. Alfredo Villatoro, un periodista que tenía estrechos vínculos con el Presidente Porfirio Lobo, fue secuestrado y retenido durante varios días, en mayo del año pasado, antes de que su cuerpo vestido con un uniforme de policía, se encontrara con dos disparos en la cabeza.
Una pregunta es si los responsables de los homicidios de estas personalidades públicas planeaban también enviar un mensaje de que la extradición de ciudadanos hondureños sería recibida con más manifestaciones de violencia y más homicidios de alto perfil. Los homicidios sucedieron con un año de diferencia, pero algunos funcionarios dicen que podrían estar conectados con los casos pendientes de extradición.
"Todo el mundo tiene miedo a la extradición", dijo un empleado de la Corte Suprema de Justicia, que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato. "Creemos que esto podría convertirse en otra Colombia".
Colombia estuvo dividida por cuestiones similares en los años ochenta, cuando Pablo Escobar libró una sangrienta batalla pública contra la extradición, que incluyó numerosas bombas en lugares públicos; asesinatos de jueces, policías y políticos; y los secuestros de miembros de la élite del país. Hasta cierto punto, la estrategia funcionó: los delegados en la Asamblea Nacional Constituyente del país prohibieron la ley de extradición en la Constitución de 1991. No obstante, Escobar fue asesinado durante una masiva persecución en 1993, y la extradición fue efectivamente restablecida en 1997.
Honduras se enfrenta a retos similares. El país centroamericano de ocho millones de personas, ve pasar a través de sus fronteras el 80 por ciento de la cocaína con destino a Estados Unidos, según el Departamento de Estado de Estados Unidos. Honduras también es un refugio relativamente seguro para los criminales de alto perfil, especialmente aquellos que buscan escapar del largo alcance de los fiscales estadounidenses. Muchos presuntos narcotraficantes salvadoreños y guatemaltecos, por ejemplo, han buscado refugio en Honduras, donde casi todos los delitos quedan impunes y aquellos que buscan justicia suelen pagar con sus vidas.
El gobierno de Lobo apoyó la medida para establecer la extradición en 2012. Esto fue en parte una concesión al gobierno de Estados Unidos que, desde 2009, ha dado a Honduras US$25 millones, en su mayor parte, en asistencia de seguridad. No obstante, el gobierno aún no ha extraditado al primer hondureño.
La falta de voluntad para implementar la medida ilustra el increíble poder que el crimen organizado tiene sobre las élites en este país. En algunas casos, los criminales tienen como rehenes a los políticos y empresarios, amenazándolos y a sus familias con violencia si no hacen lo que ellos desean, como puede ser el caso del a extradición.
En otros casos, el crimen organizado y las élites conspiran, o lo que es peor se han fusionado. Es el caso con José Miguel Handal Pérez, alias "Chepe" Handal, un político que ha desarrollado su propio mini-imperio, en parte, como producto de sus actividades narcotraficantes en la costa norte.
En abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Handal en su lista de capos, con lo cual se prohíbe a las compañías y a los ciudadanos de Estados Unidos y Honduras de hacer negocios con Handal, pues de lo contrario, enfrentarán sanciones y una posible acusación. El gobierno de Honduras y el fiscal Chávez rápidamente desempolvaron el caso contra de Handal y confiscaron varias de sus propiedades. Horas más tarde, Chávez fue asesinado. Handal sigue en libertad, pero en caso de ser capturado, también podría enfrentar la extradición.
El primero en la agenda es Carlos Arnoldo Lobo, alias "El Negro", de quien las autoridades dicen que no tiene relación con el presidente. El Negro Lobo está acusado en el Distrito Sur de la Florida por narcotráfico a través de Panamá y Honduras y, en últimas, a Estados Unidos (vea la acusación abajo). Él opera desde la isla de Roatán, uno de los principales destinos turísticos del país.
El cerco se está cerrando alrededor de El Negro Lobo. En 2011, el gobierno confiscó 32 propiedades de Lobo en San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán. En enero de este año, las autoridades colombianas arrestaron a dos de los principales proveedores de cocaína de Lobo: Amaury y Mario Smith Pomare, alias "Los Mellos de Casandra" ("Los mellizos de Cassandra") una aparente referencia a su madre.
Los Mellos habían negociado un acuerdo para obtener cocaína de la organización criminal de los Rastrojos en Colombia; la cual también se está desintegrando en medio de la presión, tanto de las fuerzas de seguridad colombianas como estadounidenses. Numerosos líderes de los Rastrojos han sido capturados o se han entregado a las autoridades estadounidenses.
Sin duda, Colombia es el país que actualmente extradita a más sospechosos de narcotráfico hacia Estados Unidos. Por su parte, México ha extraditado a varios sospechosos de tráfico en los últimos años, así como Guatemala, pese a los intentos de impedir el proceso. Incluso Honduras extraditó a un sospechoso guatemalteco de alto nivel a Estados Unidos en 2011, la primera extradición de este país, desde 1909.
No obstante, los narcotraficantes hondureños parecen estar resistiéndose a este destino. Negro Lobo sigue en libertad y, junto con muchos otros traficantes, es una fuerza potencialmente desestabilizadora.
"En respuesta a nuestras acciones legislativas, como la extradición, o los golpes a las organizaciones de narcotraficantes, están haciendo cosas para infundir miedo en la sociedad hondureña", dijo el entonces secretario de seguridad Pompeyo Bonilla, tras la muerte de Villatoro.
El miedo es palpable y, es posible, que sea un obstáculo para el proceso. Cuando el congreso aprobó la extradición, lo hizo en una sesión cerrada y bajo estrictas medidas de seguridad. Ningún registro fue puesto a disposición luego del debate. Poco después, sin embargo, el congreso solicitó a la Corte Suprema la aclaración de los criterios mediante los cuales se daría la extradición de nacionales. El tribunal accedió, presentando una lista en julio pasado, pero la solicitud se ha estancado de nuevo en el congreso.
La investigación presentada en esta publicación es, en parte, el resultado de un proyecto financiado por el International Development Research Centre de Canadá.
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