Un reciente informe indica que la permanente reducción de los homicidios en Honduras ha llevado a una disminución en la tasa de impunidad, pero a pesar de estos avances, la inseguridad sigue siendo un problema frecuente en el país centroamericano.
La disminución de 47 por ciento en los homicidios en Honduras entre 2013 y 2017 ha tenido un impacto directo en las tasas de impunidad del país, que pasó de 96 por ciento en 2013 a 87 por ciento en 2017, según un informe sobre homicidios e impunidad publicado en el mes de junio por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
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Para llegar a esta conclusión, los autores del informe analizaron las estadísticas judiciales, las encuestas ciudadanas sobre seguridad, las tasas de impunidad y enjuiciamiento anteriores, así como los juicios por homicidios a nivel departamental y nacional.
La tasa de homicidios ascendió al 86,5 por 100.000 habitantes en 2011, después de lo cual ha habido una constante tendencia a la baja, para llegar a una tasa de solo 43,6 en 2017 y 40 por 100.000 habitantes en 2018.
(Evolución de la tasa de homicidios en Honduras. Cortesía del informe de ASJ)
Durante el primer trimestre de 2019, las autoridades de Honduras han registrado 777 homicidios, lo que representa poco menos de nueve homicidios por día, según un reciente informe del Ministerio de Seguridad, reseñado por Tiempo Digital. Esto significa una disminución frente a los más de 12 homicidios que se cometieron por día durante los primeros tres meses de 2017, y los casi 11 homicidios por día durante el mismo periodo de 2018.
Sin embargo, a pesar de la reducción en el número de homicidios y del impacto positivo que esto ha tenido sobre la impunidad y los enjuiciamientos en Honduras, el informe señala que persiste un clima de inseguridad y ausencia de paz.
Análisis de InSight Crime
La disminución en las tasas de impunidad y homicidios en Honduras es en efecto un signo positivo. Durante años, este país del Triángulo Norte se ha ubicado entre los más violentos de Latinoamérica, y hay diversos factores que indican que la inseguridad sigue siendo generalizada.
De hecho, mientras que cerca del 70 por ciento de la población de Honduras se sentía insegura en el 2016, esa cifra aumentó a casi un 90% en 2018, a pesar de un descenso gradual de los homicidios en estos últimos años, según una encuesta de 2018 sobre las percepciones ciudadanas sobre inseguridad y victimización, realizada por el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Además, ha habido un preocupante aumento de las masacres (asesinatos de tres o más personas) desde comienzos de 2019. Solo en los primeros seis meses del año, casi 120 hondureños han muerto en por lo menos 34 masacres —es decir, una masacre cada cinco días—. En el 2018, el país registró un total de 39 masacres. Si continúa la tendencia de este año, las autoridades podrían registrar unas 70 masacres, casi el doble de la cifra del año pasado.
Sin embargo, la violencia criminal no es la única manera en que los actores criminales aterrorizan a la población. Como InSight Crime lo describe en una investigación en conjunto con Global Initiative, pandillas como la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 extorsionan a los ciudadanos, por lo que obtienen unos US$200 millones al año.
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Tegucigalpa, la capital de Honduras, y San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país, por ejemplo, están invadidas por la MS13 y Barrio 18, pandillas que “controlan barrios enteros y recurren a la extorsión como una de sus principales economías criminales”, como señala el informe.
Es más, los recientes arrestos de líderes pandilleros en las dos ciudades más grandes del país parecen haber tenido consecuencias imprevistas. Las autoridades están intentando evitar la expansión de las “clicas”, como se les denomina a las células de las pandillas, en al menos 30 municipios que “tradicionalmente han sido pacíficos” en los departamentos de Santa Bárbara, El Paraíso, Choluteca, Atlántida y Comayagua, donde, según los funcionarios, los pandilleros están participando cada vez más en microtráfico, extorsión y sicariato, como informó La Tribuna.
Pero aparte del impacto negativo que ejercen las pandillas en la seguridad, la corrupción política generalizada, tanto a nivel local como en otros niveles, también tiene graves consecuencias.
En efecto, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, ha sido señalado de ser un “narcotraficante a gran escala”. Su testimonio ante la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) indica que el propio presidente quizá sabía de los supuestos vínculos de su hermano con el tráfico de drogas.
Aparte de las aparentemente dudosas relaciones de la familia Hernández, algunos miembros de la administración del presidente Hernández también han estado directamente vinculados a actividades delictivas, así como varios otros funcionarios del nivel local y algunas familias con poder político.
Un miembro del Congreso Nacional en la época en la que Hernández lo encabezaba antes de llegar a la presidencia en 2014 fue acusado por narcotráfico el año pasado. El exministro de Inversiones del presidente Hernández y otro exministro de la misma administración —ambos miembros de la influyente familia Rosenthal— también estuvieron implicados en lavado de dineros de la droga de Los Cachiros, una de las organizaciones criminales más temidas de Honduras.
Lo que se pretende decir con todo esto es que, aunque la disminución en los homicidios y en las tasas de impunidad del país hace parte de los indicadores de la situación de seguridad de Honduras, la prevalencia de las pandillas a nivel nacional, la continua corrupción al interior de las fuerzas de seguridad, y la falta de confianza en los funcionarios acusados de corrupción y de vínculos criminales indican que la situación es mucho más compleja.
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