Después de que en Río de Janeiro los homicidios policiales disminuyeron tras la implementación de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), los enfrentamientos violentos que involucran a miembros de la policía están volviendo a aumentar en el estado.
Mientras que en Estados Unidos se presentaron protestas durante meses por la violencia policial contra los afroamericanos, los brasileños reaccionaron con total indiferencia ante las últimas cifras publicadas por el Foro Brasileño de Seguridad Pública sobre la violencia policial en el país. La policía brasileña mató a 2.212 personas durante enfrentamientos violentos en 2013, lo cual da un promedio de 6 personas por día.
Según estadísticas del Instituto de Seguridad Pública de Río de Janeiro obtenidas por Agência Pública, los homicidios como resultado de la intervención policial en el estado de Río aumentaron 30 por ciento entre 2013 y 2014. Hasta octubre de 2014 habían sido asesinadas 481 personas, un centenar más que durante el mismo período en 2013, año durante el cual 416 personas fueron asesinadas. La cantidad de homicidios cometidos por la policía en Río de Janeiro —un estado con 16 millones de habitantes— fue casi la misma que la cantidad cometida por la policía en todo Estados Unidos, que tiene cerca de 300 millones de habitantes.
Este artículo apareció originalmente en Agência Pública, y fue traducido, editado y reproducido con permiso. Vea el original en portugués aquí.
Las cifras de 2014 muestran que, a pesar de la disminución en homicidios policiales desde la implementación de las UPP en 2008, estos crímenes están aumentando de nuevo. Sin embargo, siguen estando por debajo del récord al que llegaron en 2007, cuando se presentaron 1.330 muertes a manos de la policía.
El estudio “Seguridad pública, violencia y policía: qué ha ocurrido en Río de Janeiro”, realizado en 2014 por la investigadora Silvia Ramos, coordinadora del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía en la Universidad Cândido Mendes, demostró que las tendencias en los homicidios en general están relacionadas con la violencia policial. Si la policía es más violenta, la sociedad brasileña es a su vez más violenta. Con la llegada de las UPP, “los actos de resistencia disminuyeron 70 por ciento en 2013, en comparación con el pico que se presentó en 2007, y la tasa de homicidios bajó a 28 por cada 100.000 habitantes, de 40 o 50 por cada 100.000 en el año 2000”.
Para los investigadores, estas estadísticas significan que “las UPP son en muchos aspectos un programa de ‘pacificación policial’”, y que “antes de las UPP prevalecía [entre la policía] la autorización para matar en las favelas. Si no hay un cambio fundamental en la policía y en la política de seguridad de Río de Janeiro, no podremos controlar el crimen y la violencia en el estado”, señalan los autores.
Existen varios estudios sobre los actos de resistencia en el estado de Río; dichos estudios se iniciaron por lo menos en 1997, cuando se publicó “Acción policial letal en Río de Janeiro” de Ignacio Cano, sociólogo del Laboratorio de Análisis de la Violencia en la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ). Mediante su estudio sobre la violencia policial en la ciudad de Río de Janeiro durante la primera década del siglo XXI, el sociólogo Michel Misse descubrió que el Ministerio Público (MP) había descartado el 99,2 por ciento de los casos de violencia que involucraban a la policía. Esto significa que, según el MP, en casi todos los casos la policía actuó en legítima defensa y por tanto no recibió ningún castigo. Desde entonces se han publicado otros estudios que también analizan la violencia policial en Río de Janeiro.
Todas las investigaciones llegan a la misma conclusión, resumida por el investigador Orlando Zaccone en una frase: “la policía mata, pero no mata sola”. La policía mata tanto como lo hace porque sabe que en la mayoría de los casos no habrá ninguna repercusión judicial por sus acciones. Todos los días el sistema de justicia descarta actos de violencia como si fueran una forma de autodefensa.
En teoría, el Ministerio Público es la agencia gubernamental que puede controlar y castigar los abusos de la policía, sea esta civil o militar. Sin embargo, según todos los estudios, el sistema de justicia normalmente falla en favor de la versión policial de los hechos. Los tribunales aceptan las versiones de la policía aunque estas contengan numerosas contradicciones y haya pruebas que señalan que hubo uso excesivo de la fuerza o incluso una ejecución extrajudicial.
Misse define las versiones de la policía como “un patrón narrativo que se puede observar en la inmensa mayoría de los casos analizados: los policías suelen decir que estaban haciendo patrullaje de rutina o llevando a cabo una operación en un área dominada por grupos armados, los cuales les dispararon, y que por tanto estaban respondiendo a una ‘agresión injusta’. Una vez los tiroteos cesan, los policías encuentran ‘elementos’ abaleados en el suelo, generalmente con armas y drogas cerca de ellos. Los policías ayudan a las víctimas llevándolas a un hospital. En casi todos los casos de enfrentamientos violentos con la policía, se informa que las víctimas mueren de camino al hospital”.
En su análisis de 100 casos de violencia policial en São Gonçalo, Mello Cunha sostiene que “la práctica de ayudar siempre a los ‘heridos’ en los enfrentamientos —en el ciento por ciento de los casos investigados— genera aún más sospechas que otros tipos de eventos. De hecho, la investigación señala que cuando los casos involucran homicidios o accidentes de tráfico, los bomberos o el servicio médico de urgencia (Samu) son los encargados de ayudar a los heridos y levantar los cadáveres. Sin embargo, esta práctica se modifica cuando se trata de casos de enfrentamientos violentos con la policía”, señala Cunha.
En muchos casos, la autopsia revela que es muy poco probable que la víctima mostrara signos que justificaran su traslado a un hospital. Con frecuencia, heridas en el corazón, los pulmones o el cerebro indican que era muy poco probable que la víctima estuviera viva cuando recibió asistencia. En el 32 por ciento de los casos de São Gonçalo, las víctimas tenían más de tres heridas, e incluso algunas tenían más de 10 heridas de bala. El hecho de que la policía levante los cuerpos dificulta el examen de la escena del crimen, lo cual, en la práctica, nunca hace parte de la investigación policial. La ausencia de expertos in situ impide la recolección de las balas, lo cual permite realizar pruebas de comparación balística. Este tipo de pruebas son también prácticamente inexistentes en los casos de enfrentamientos violentos con la policía.
En lugar de realizar las pruebas (tanto in situ como balísticas), la policía civil le da prioridad a encontrar la historia criminal de la víctima. “La construcción del argumento de legítima defensa no se hace con base en la actuación de la policía, lo cual recibe menor importancia. Lo que más importa es identificar los muertos. Si la víctima es negra, vivía en las favelas, tenía antecedentes penales, o si un miembro de su familia dice que estuvo involucrada en un delito, eso es suficiente para legitimar su muerte”, escribió Zaccone.
De hecho, cuando se interroga a miembros de la familia, se les pregunta sobre “el carácter moral de la víctima”. Si estos responden que la víctima tenía un empleo o era estudiante, se pasa a preguntar si era adicta a algún tipo de droga —otra posible “justificación” para su muerte—.
Michel Misse observó que “en ninguna investigación sobre enfrentamientos violentos con la policía se solicita el historial criminal de los policías”.
“Es más importante descubrir el pasado de la víctima que acceder a la historia criminal de los policías que participaron en el evento, o saber cuántos homicidios han cometido estando en servicio”, afirmó.
El estudio en São Gonçalo demostró que en el 82 por ciento de las muertes no había ninguna información relativa a la investigación policial sobre el pasado de la víctima, aunque esta información puede obtenerse mediante una simple búsqueda en bases de datos electrónicas. En los casos en los que se disponía del registro criminal durante las investigaciones policiales, 7 por ciento de los muertos había tenido algún tipo de condena previa o algún tropiezo con la ley. Otro 7 por ciento no tenía antecedentes criminales, y 3 por ciento de los muertos —aunque no se disponía de información oficial sobre ellos— fueron identificados por la policía militar implicada en el enfrentamiento como “narcotraficantes”, “cabecillas de droga” o incluso como “dueños de favelas”.
Paulo Roberto Mello Cunha ha señalado varias contradicciones en las versiones de la policía sobre los supuestos enfrentamientos con grupos armados: “el bajo número de armas de alto calibre incautadas y el alto número de revólveres calibre 38 confiscados a los sospechosos demuestra dos cosas: que la policía no se enfrenta con regularidad a grupos fuertemente armados, o que no hay tantos rifles de asalto en manos de los criminales como quieren hacernos creer. No hay otra opción. La policía también afirma que los grupos armados, aunque disparan primero, solo aciertan sobre sus adversarios en el 2 por ciento de los casos. O bien estos criminales no tienen idea sobre cómo usar un arma de fuego, o hay un gran número de criminales con discapacidades visuales. En resumen, llamar “investigaciones” a lo que ocurre durante los interrogatorios sobre casos de enfrentamientos violentos que involucran a la policía sería una verdadera burla”.
Las conclusiones de estos expertos en crimen son una vergüenza para todas las fuerzas de seguridad y, por tanto, para la sociedad en su conjunto. “Es insuficiente atribuir la responsabilidad de estas muertes a una ‘cultura policial’. La responsabilidad legal de supervisar las investigaciones le corresponde a la fiscalía. Sin embargo, el MP tiende a exigir sólo la inclusión de los documentos necesarios para archivar el caso. Usualmente no hay opiniones disidentes”, escribe Misse.
En cuanto a los jueces, Misse dice: “los jueces del jurado tienen la prerrogativa de atender estos casos, pero, con muy pocas excepciones, tienden a descartarlos debido a la falta de evidencia mínima con base en la cual elaborar una acusación.”
El promotor Cunha Junior calificó el proceso judicial como “una verdadera hipocresía. La policía militar finge que es confrontada por los criminales, la policía civil pretende investigar estos enfrentamientos, y el PM pretende supervisar las acciones de la policía y el velo de mentiras que oculta todo, para mayor felicidad de la nación”, escribe. Cabe decir que esto es válido solo para una parte de la nación, porque la otra parte está sufriendo.
“La mayor parte de los enfrentamientos ocurren debido a incursiones deliberadas, hechas por la policía en zonas donde saben que encontrarán grupos criminales armados. Estas incursiones se pueden considerar duelos programados que poco o nada tienen que ver con la seguridad ciudadana. Solo conducen a constantes conflictos armados y a un creciente número de muertes, a la vez que exponen a la policía a mayores riesgos e imponen más inseguridad para la población local”, escribe Cunha Junior.
Algo se ha roto
Hay muchas historias sobre familias destruidas por la violencia policial en las favelas de Río. Ana Paula Gomes de Oliveira dijo que ya no es la misma persona después de la muerte de su hijo. “Algo dentro de mí se ha roto. Una parte de mí está destruida. Y lo mismo siente toda mi familia”, dijo.
Su hijo Jhonatha de Oliveira Lima murió el 14 de mayo a los 19 años tras recibir un disparo en la espalda. Fue el quinto en morir a manos de la división de UPP Manguinhos desde su implementación. ¿Por qué? ¿Cómo? Por mala suerte. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado.
Jhonatha era miembro de las fuerzas armadas; no estaba involucrado en actividades delictivas. Pero ese día se presentó un enfrentamiento entre las UPP y algunos habitantes que le estaban tirando piedras a la policía. Jhonatha había salido de la casa de su abuela cuando le dispararon. ¿Deliberadamente? ¿Accidentalmente? La investigación todavía está en curso.
“La policía dijo que Jhonatha tenía un arma y que le disparó a la policía”, dijo Gomes de Oliveira. La Secretaría de Seguridad Pública y el MP (que rechazó una solicitud de entrevista) confirmaron que el policía involucrado en el caso fue acusado por homicidio culposo (sin intención de matar).
Como lo explican los diferentes estudios citados en este informe, la presencia de testigos de primera mano impide que un caso sea descartado por el MP. Sin embargo, cuando el caso no implica una confrontación violenta con la policía, el sistema de justicia es menos punitivo con esta. ¿Cómo se explica que el policía responsable de la muerte de Jhonatha siga trabajando en las UPP, según lo confirmó la Secretaría de Seguridad Pública? La presencia del policía acusado de un homicidio ¿no significa para los demás miembros de las UPP una confirmación de que “uno puede matar y no pasará nada”?
Después de la muerte de su hijo, Ana Paula se volvió activista en el Foro Social de Manguinhos, y recientemente fue a Brasilia para apoyar el proyecto del diputado Paulo Teixeira (PT-SP) para poner fin a los encuentros violentos con la policía. Su amiga, Fatima dos Santos Pinho de Menezes, también perdió a su hijo de 18 años de edad a manos de la policía y fue testigo de la muerte de Jhonatha. Su hijo, Roberto Paulo Pinho de Menezes, fue golpeado hasta la muerte y luego asfixiado por cinco policías. Los policías involucrados fueron acusados por el delito de lesión corporal después de una muerte. Siguen trabajando, aunque en otras unidades de la policía militar, mientras esperan su juicio.
Las madres de Paulo Roberto y Jhonatha saben que la estrategia de la policía será presentar a sus hijos como delincuentes con el fin de convencer al jurado de que hubo “legítima defensa”. Podría ocurrir que, si no cambia la mentalidad del sistema de justicia, los policías serán absueltos. “En Brasil, los criminales están privados de todos sus derechos, incluido el derecho más fundamental, el derecho a la vida”, escribe Zaccone.
En su tesis, Zaccone hizo una interesante comparación con una investigación de Amnistía Internacional en 2011. El informe indica que, en los 20 países del mundo que todavía tienen la pena de muerte, 676 personas fueron ejecutadas, sin contar los castigos de pena capital en China, país que se negó a revelar información. En el mismo período, solo en los estados de Río de Janeiro y São Paulo hubo 961 muertes debido a acciones de la policía. Zaccone señala que en 2011 Brasil festejó la disminución de la violencia policial.
“La pena de muerte, prohibida por la Constitución brasileña, en realidad es legalizada por la policía y el Departamento de Justicia”, concluye Zaccone. En esencia, un criminal no merece vivir, y se le da poca importancia al hecho de que en realidad fuera un criminal o no.
El director ejecutivo de Amnistía Internacional en Brasil, Atila Roque, respondió a la comparación hecha por Zaccone: “Es cierto que tenemos que defender a los más olvidados de nuestra sociedad. Brasil es un país con castigos estrictos. Tenemos la cuarta población carcelaria más grande del mundo. No es verdad que Brasil sea un país de total impunidad. Sin embargo, hay una forma selectiva de impunidad en Brasil. Las personas que cometen crímenes también tienen derechos; están bajo la tutela del Estado y no pueden ser víctimas de la ejecución. Un criminal no tiene sus derechos suspendidos”, dijo Roque.
Al parecer, esta idea no se enseña en las academias de policía y suele olvidarla el sistema de justicia de Brasil.
*Este artículo apareció originalmente en Agência Pública, y fue traducido, editado y reproducido con permiso. Vea el original en portugués aquí.