En el último año han ocurrido una serie de asesinatos selectivos, masacres y motines letales dentro de las prisiones de máxima seguridad en Honduras. Esto pone en evidencia cómo la violencia se ha salido de control a pesar de los esfuerzos de las autoridades para contenerla.
Desde noviembre de 2019 se han registrado por lo menos 55 muertes violentas dentro de prisiones hondureñas, según un monitoreo de prensa realizado por InSight Crime. Funcionarios del gobierno no respondieron a solicitudes sobre cifras oficiales.
El episodio más reciente ocurrió el 6 de agosto, cuando tres miembros de la pandilla Barrio 18 fueron asesinados en la prisión conocida como “La Tolva”, en el departamento oriental de El Paraíso, informó el diario Proceso.
Digna Aguilar, portavoz del Instituto Nacional Penitenciario, dijo en un comunicado de prensa que las víctimas habían muerto por estrangulamiento y que las autoridades seguían investigando los motivos y a los presuntos autores.
“En ese módulo [donde fueron asesinados] solo hay miembros de la misma pandilla”, dijo Aguilar a InSight Crime en un mensaje de texto. Por esta razón, sospechan que la masacre tuvo que ver con un conflicto interno entre los miembros del Barrio 18, versión que han recogido medios hondureños.
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En el penal de La Tolva también ocurrió una masacre en diciembre de 2019, cuando cinco presuntos miembros de la MS13 fueron asesinados luego de un amotinamiento. Ese mes, otros 37 presuntos pandilleros fueron asesinados durante riñas en las cárceles de El Porvenir (Tegucigalpa) y el penal de Tela (departamento de Atlántida).
El sistema penitenciario de Honduras tiene una sobrepoblación del 204 por ciento y varios organismos internacionales, como las Naciones Unidas, han manifestado su preocupación por la violencia que se vive dentro de esos espacios.
Análisis de InSight Crime
En 2017, InSight Crime reveló en una amplia investigación que las prisiones se han convertido en espacios de fortalecimiento para los grupos criminales. En el penal de San Pedro Sula, por ejemplo, reos de la MS13 y el Barrio 18 podían continuar con sus actividades criminales y ejercer violencia para luchar por el dominio del penal, todo sin la intromisión del Estado.
El gobierno clausuró el penal ese mismo año, pero la violencia ha continuado incluso en centros de máxima seguridad que fueron construidos para contrarrestar el control carcelario de las pandillas.
El penal de máxima seguridad La Tolva se habilitó en 2017 como una medida para reajustar el hacinado sistema penitenciario de Honduras. Cientos de pandilleros de la cárcel de Támara, en Tegucigalpa, fueron trasladados a esa prisión, en la que las autoridades aseguraban que “no tendrían más lujos” y frenarían su poderío.
Esto, en teoría, se lograría con mayor vigilancia y controles de seguridad dentro de la prisión, así como el aislamiento de los pandilleros de sus comunidades.
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Sin embargo, la reciente masacre en La Tolva es una muestra de que las prisiones de máxima seguridad han reproducido las mismas dinámicas de antes. Después de los asesinatos en diciembre de 2019, el presidente Juan Orlando Hernández declaró un estado de emergencia en las prisiones del país y ordenó que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la seguridad en estos centros.
Los asesinatos selectivos tampoco se han podido contener. El director de El Pozo, otra cárcel de máxima seguridad ubicada en el departamento de Santa Bárbara, en el occidente del país, fue asesinado en diciembre de 2019, unos días después de que el narcotraficante Nery Orlando López fuera ultimado en esa prisión.
La brutalidad y rapidez del asesinato de López, también conocido como Magdaleno Meza Fúnez, quedaron evidenciadas en un video. Su abogado, Carlos Chajtur, dijo en ese entonces que eso indicaba una "conspiración de las autoridades penitenciarias y quizás autoridades de más alto nivel", según Associated Press.
Los libros de contabilidad de López, también conocido como Magdaleno Meza Fúnez, fueron utilizados como evidencia para el caso contra Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del actual presidente y condenado en Estados Unidos por narcotráfico.
En julio de este año, Ricky Alexander Zelaya Camacho, alias “Boxer Huber”, un líder del Barrio 18, fue asesinado por el mismo sicario que mató a López en un atentado similar en la prisión de Támara, según El Heraldo. En este caso, dos guardias penitenciarios habían sacado a Boxer Huber de su celda y lo habían llevado a la barbería de la prisión, donde fue asesinado.
Adicionalmente, en mayo de este año, se registró por primera vez una masacre en una cárcel femenil, en la que murieron seis mujeres vinculadas a la MS13 a manos de integrantes del Barrio 18. Algunas prisioneras de ese centro denunciaron que la directora del penal había estado presente durante la matanza.
Mientras tanto, los débiles controles carcelarios fueron puestos en evidencia en julio, cuando las autoridades encontraron fusiles AK-47 y lanzagranadas en la prisión de Támara, que habrían utilizados para atacar a guardias de seguridad, según el diario Tiempo.
“Aquí hay una situación donde hay más preguntas que respuestas ¿cómo ingresan las armas a una cárcel de máxima seguridad?”, dijo a InSight Crime un activista de derechos humanos especializado en temas penitenciarios y que pidió no ser mencionado por temas de seguridad.
“Considero que hay un gobierno compartido [sobre la cárcel] entre grupos delictivos al interior y órganos del Estado”, añadió el activista.
Orlín Castro, periodista de San Pedro Sula especializado en temas de seguridad, le dijo a InSight Crime que este tipo de masacres en centros penales, así como el ingreso de armas de alto calibre, apuntan a que existe un “descontrol absoluto” por parte de las autoridades.
“Las pandillas son las que [mayoritariamente] tienen que ver con estas reyertas. Hace dos semanas hubo 6 heridos y dos personas muertas en el centro penal de Puerto Cortés”, escribió Castro en un mensaje de texto a InSight Crime. “El ataque iba dirigido a un narcotraficante, enemigo por droga de la MS13”.
Foto principal: AP
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