El gobierno de Honduras está dispuesto para realizar una revisión de sus leyes sobre el porte de armas, en un aparente esfuerzo por combatir los crecientes niveles de violencia, aunque el mismo énfasis deberá hacerse para abordar la corrupción endémica y las instituciones débiles, y así consolidar las ganancias.
Matías Funes, de la Comisión de Reforma de la Seguridad (CRSP), dijo el 16 de octubre que las leyes de portación de armas en Honduras están en necesidad de una urgente revisión, si se quiere combatir el alto nivel de violencia del país, informó La Tribuna.
El Ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, dijo que el gobierno esta de acuerdo que debe llevarse a cabo la revisión de la ley y que el Presidente Porfirio Lobo le pidió que la condujera.
Bajo la ley existente, se le permite a los ciudadanos poseer hasta cinco armas de fuego personales. Según las estadísticas publicadas el mes pasado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD), la tasa de homicidio de Honduras para el 2011, fue de 92 por cada 100.000 habitantes, frente a los 82 homicidios del año anterior.
“Tenemos que desarmar a los criminales… y esto deber ser objeto de un análisis muy riguroso por parte del gobierno”, declaró Funes.
La CRSP empezó a trabajar el 1 de junio como una iniciativa gubernamental, creada para trabajar por la reforma de la seguridad del país y las instituciones de justicia. Según Funes, aunque se le dio un presupuesto de $2.1 millones a la CRSP, hasta ahora sólo ha recibido el 10 por ciento de esto, informó EFE.
Análisis de InSight Crime
Además de tener la tasa de homicidio más alta del mundo, Honduras también tiene una de las tasas más altas de muertes por armas de fuego. Según Small Arms Survey, el porcentaje de homicidios por armas de fuego fue de un poco más del 80 por ciento en 2010.
Como señaló Funes, la alta prevalencia de crímenes con armas de fuego no es sólo un resultado de las laxas leyes de portación de armas, sino también de la alarmante tasa de armas ilegales que circulan en el país. De las 850.000 armas que se estima que estuvieron en circulación el año pasado en Honduras, cerca del 70 por ciento eran ilegales, según la comisión de derechos humanos del país, CONADEH. Como ejemplo de esto, el diario El Heraldo encontró el año pasado que unas 3.000 armas habían desaparecido de la bodega del gobierno, de 2002 a 2006, generando el miedo de que hubieran ido al mercado negro.
Debido al pobre marco regulatorio vigente, Honduras se ha convertido en una fuente para los traficantes de armas en la región. Se ha encontrado que las armas han llegado a Guatemala y México, teniendo este último leyes más estrictas; sólo hay una tienda en todo México.
El gobierno de hecho pasó un decreto en agosto que prohíbe a los civiles portar armas en público, en el norte de la provincia de Colón, en un esfuerzo por frenar la violencia en el área. Sin embargo, esto parece haber sido más un movimiento políticamente motivado debido a la naturaleza selectiva de a quién se le aplica la ley. La región es lugar de un actual conflicto por la tierra entre agricultores y grandes empresas. Los agricultores tiene prohibido portar armas mientras los guardias de seguridad de la empresa están exentos de la ley.
Por supuesto, el sólo prohibir la venta de armas no hará bajar necesariamente las tasas de homicidio, como Insight Crime ha señalado. Honduras es uno de los países más débiles de Centroamérica en términos de capacidad institucional y sus fuerzas de seguridad son notoriamente corruptas. El fortalecimiento de la capacidad institucional y la lucha contra la corrupción por lo tanto, necesitan ser abordadas junto con cualquier propuesta para reducir el número de armas legales disponibles.
Hay evidencia de que las leyes de control de armas pueden tener el efecto deseado sobre la violencia. En Bogotá, la capital de Colombia, se impuso la prohibición de portar armas en espacios públicos en febrero de 2011, y desde entonces ha visto caer en un 21 por ciento la tasa de homicidios este año, comparado con el 2011, alcanzando un mínimo en 27 años basado en estadísticas publicadas el mes pasado. Sin embargo, las dinámicas criminales del país (o de la ciudad) también juegan un papel fundamental. Medellín implementó su propia prohibición en enero, la violencia va en aunmento en partes de la ciudad, debido a la lucha entre las bandas por el control territorial.
Llevar a cabo una revisión a fondo de la política de control de armas en Honduras es un paso fundamental para abordar el problema de violencia que sufre el país. La CRSP tiene el potencial de ser un instigador crucial para las reformas legales e institucionales necesarias, mientras el país intenta librarse de los crecientes niveles de homicidios. El hecho de que al parecer tenga una financiación insuficiente, plantea interrogantes sobre qué tan sincero es el gobierno de moverse hacia estas metas.
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