Honduras está tomando medidas agresivas para reformar su sistema penitenciario, con la construcción de dos modernas megaprisiones y el perdón de los delincuentes de poca monta que ya han cumplido con la mitad de su condena. Pero, ¿tendrán estas medidas algún impacto en el país más violento de Latinoamérica sin reformas judiciales que las acompañen?
Un informe de cinco partes del diario El Heraldo detalla los planes de Honduras para reducir el hacinamiento y modernizar el sistema penitenciario del país, con la construcción de dos masivos centros correccionales que actuarán como catalizador en la implementación de este nuevo enfoque.
Una de estas nuevas instalaciones -ubicada en el centro de Honduras, a 70 kilómetros al norte de la capital Tegucigalpa- está siendo construida en terrenos incautados a grupos del crimen organizado. La prisión, que se espera que esté terminada en diciembre, está pensada como un centro de mínima seguridad con capacidad para 2.000 reclusos.
Mientras tanto, se espera que una prisión de máxima y mediana seguridad que está siendo construida en el noroeste del país albergue a 2.500 de los criminales más peligrosos de Honduras. El costo de construir la instalación superará los US$20 millones y ya se ha avanzado en un 65 por ciento del proyecto. Al igual que la prisión de mínima seguridad, esta nueva instalación representa una actualización dramática en términos de salud y seguridad para las cárceles que actualmente existen en el país. Según los informes cada celda contará con un sanitario, una ducha y un lavado de manos, y las cámaras de seguridad vigilarán todos los rincones de la estructura de tres pisos.
Con la incorporación de 4.500 nuevos espacios para internos, las nuevas instalaciones están pensadas para reducir el hacinamiento que actualmente aflige a las cárceles del país. Según la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, actualmente las cárceles hondureñas operan casi 200 por ciento por encima de su capacidad: con sólo 8.625 espacios asignados para los 16.331 presos del país. En el caso más grave, el centro penitenciario de la ciudad costera de Puerto Cortés opera más de cinco veces (226) por encima de su capacidad máxima de 40 internos.
Además de la construcción de estas nuevas megacárceles, Honduras prevé reducir el hacinamiento ofreciendo indultos a los reos sentenciados por delitos menores que han cumplido con la mitad de su condena y demostrado buen comportamiento. Si bien una fecha definitiva para comenzar con este proceso aún no ha sido estipulada, Rigoberto Chang Castillo, el jefe de la secretaría de Derechos Humanos, ha señalado que el gobierno espera comenzar a aprobar indultos durante el gobierno del actual presidente Juan Orlando Hernández.
Honduras también está considerando otras formas para mejorar la deteriorada infraestructura de las cárceles del país. Cabe destacar que el gobierno federal está analizando la posibilidad de reducir a la mitad el número de centros penitenciarios, que pasarían de 24 a 12. Según Chang, el cierre de 12 cárceles permitiría al gobierno centrar recursos en la reparación y modernización de las instalaciones restantes. El Instituto Nacional Penitenciario (INP) de Honduras tiene dentro de sus planes implementar el uso de pulseras electrónicas, detectores de metales y una base de datos digitalizada con el fin de aumentar la seguridad en el sistema penitenciario.
Análisis de InSight Crime
La audaz estrategia de Honduras para reformar sus prisiones podría mejorar la situación de los Derechos Humanos y aliviar parte de la situación de hacinamiento en las cárceles del país, en el corto plazo. La construcción de dos nuevas y modernas instalaciones son un paso bienvenido dadas las terribles condiciones de algunas de las prisiones de Honduras. Del mismo modo, la liberación de aquellos delincuentes de poca monta que ya han pagado su tiempo y demostrado buen comportamiento representa una forma sensata de reducir el hacinamiento sin exponer a la población en general a una amenaza grave.
Mejorar la seguridad dentro de las instalaciones correccionales también podría reducir el imperio de las pandillas dentro de las prisiones. Según El Heraldo, durante los últimos años, las pandillas se han tomado en gran medida los mismos lugares donde se suponía que iban a ser mantenidas bajo vigilancia -aunque las autoridades han afirmado que están comenzado a recuperar el control. En sólo un ejemplo de esto, según informes de principios de 2014, unos presos de San Pedro Sula consiguieron constituir toda una sociedad dentro de la prisión, con líderes, protocolos e incluso un sistema económico propio.
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Sin embargo, los esfuerzos de Honduras para implementar una reforma penitenciaria podrían servir más como una solución parcial que como una solución de largo plazo para mejorar las condiciones del sistema penitenciario del país.
Según el manual sobre estrategias para reducir el hacinamiento en las cárceles de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD-pdf), los beneficios de corto plazo de la construcción de nuevas prisiones potencialmente pueden tener efectos negativos en los esfuerzos sostenibles para reducir el hacinamiento.
"Hoy en día es ampliamente aceptado que aumentar la capacidad carcelaria no constituye en sí una estrategia sostenible para combatir el hacinamiento en las cárceles [...] un elemento de particular interés debería ser la creciente evidencia de que el alivio de corto plazo en el hacinamiento ofrecido por la nueva construcción de hecho puede demorar la discusión de las causas de la sobrepoblación".
Algunas estrategias del manual de la ONUDD sugieren que aliviar el hacinamiento carcelario incluye desarrollar políticas de imposición de penas justas, reducir el abuso dado a la prisión preventiva y mejorar los sistemas de justicia penal.
Es probable que las soluciones alternativas de la ONUDD generen reducciones más duraderas en el hacinamiento de las cárceles que la estrategia del gobierno actual de Honduras. Según Americas Quarterly, Honduras tiene una de las tasas de prisión preventiva más altas de las Américas: más del 50 por ciento del total de su población carcelaria. Mientras tanto, la inercia de Honduras para reformar las políticas de drogas prohibitivas y la implementación de estrategias de seguridad de "mano dura" como las del presidente Juan Orlando Hernández, son factores que han contribuido a que las cárceles del país funcionen tan por encima de su capacidad, por lo que es poco probable que el sistema penitenciario del país experimente una reducción de largo plazo en su nivel de hacinamiento sino implementa reformas judiciales que aborden estas cuestiones.
Mientras tanto, el cierre de la mitad de las cárceles del país probablemente anulará cualquier progreso en la reducción de la sobrepoblación conseguido con la construcción de las nuevas megacárceles. La mera posibilidad de que esta medida pueda ser adoptada es otra señal de la falta de previsión de Honduras para implementar una reforma penitenciaria sostenible.
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