México vive un grave desabastecimiento de combustible luego de que el gobierno cerrara los oleoductos para evitar el robo descontrolado.
Entre las medidas drásticas contra el robo de combustible, el presidente de México ha cerrado importantes oleoductos, lo que ha generado una honda escasez de gasolina en varias zonas del país, pero ¿son los ladrones de combustible, conocidos localmente como "huachicoleros", los únicos responsables de la actual crisis?
El 27 de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció planes para combatir el robo descontrolado de combustible de las instalaciones administradas por Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera estatal. Poco después, varios destacamentos de soldados salieron a proteger refinerías estratégicas en todo el país, lo que incluyó el cierre de un importante oleoducto en la refinería de Salamanca, en el estado central de Guanajuato.
El cierre del oleoducto de Salamanca, paralizado por los huachicoleros a lo largo de los años, causó importantes desabastecimientos de combustible en el centro de México. En lugar de usar los ductos, el gobierno comenzó a utilizar camiones y vagones de tren protegidos por soldados y agentes de policía para el transporte del combustible, según informó el Washington Post. Pero este sistema ha resultado lento y poco confiable.
Pese a la escasez, López Obrador pide a los ciudadanos no entrar en pánico y apoyar las medidas.
"Hay gasolina suficiente en el país […] pero no podemos usar los oleoductos, porque hay redes que se crearon para robar gasolina”, anunció en una conferencia de prensa el 9 de enero.
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En 2016, los operadores de ductos clandestinos extrajeron más de 2.20 millones de litros (cerca de 600 millones de galones) de combustible de las instalaciones de Pemex, que representan por lo menos US$1.500 millones en pérdidas para la empresa. En 2017, los casos de robo de combustible registrados por Pemex alcanzaron picos récord, al pasar a 9.509, lo que dejó atrás los 6.873 casos registrados en 2016. Un reportaje reciente de Rolling Stone señalaba que las reservas de gas y petróleo del país “representan una fuente potencial de riqueza mucho mayor de lo que nunca generarán los narcóticos ilegales”.
Algunos expertos han respaldado la decisión de López Obrador de enfrentar la industria huachicolera que operó casi sin trabas en años anteriores.
“Tenemos una red de oleoductos que son vulnerables al crimen organizado y debido a la corrupción en el gobierno. Administraciones anteriores toleraron esto durante años”, declaró Ruben Salazar, director de Etellekt Consultants, al Washington Post.
Otros han criticado la logística del plan y la manera como el presidente comunicó su estrategia.
"Si la intervención militar es la estrategia, no tenemos suficientes marinos, soldados ni policías para defender o monitorear las 24 horas los cerca de 9.000 kilómetros que tenemos de poliductos. [...] No va a faltar mucho tiempo para que empiece a intervenir el crimen organizado", comentó el analista Gonzalo Monroy a CNN.
Análisis de InSight Crime
La industria de robo de combustible en México pasa por una bonanza, y durante años ha sido un elemento básico del crimen organizado en el país. Pero la estructura criminal de ladrones de combustible pasó de grupos de poca monta a organizaciones más sofisticadas controladas por los carteles del país.
Pero aunque hasta el momento López Obrador ha culpado en su mayor parte a los huachicoleros por la implementación de estas medidas y el desabasto resultante, la situación es mucho más compleja.
El robo de combustible no sería posible sin la complicidad de ingenieros y empleados de las refinerías de Pemex. También se ha cuestionado si las pérdidas económicas y el descontento generados por el cierre de los ductos compensan los daños causados por los ladrones de combustible.
Básicamente, AMLO exageró su reacción. Buscando remediar el robo de combustible, su estrategia ha traído más problemas para muchas más personas.
Capas de corrupción dentro de Pemex, incluyendo empleados que comparten mapas de los ductos e información sobre cómo perforarlos, facilitan la industria ilícita.
De hecho, López Obrador anunció hace poco la apertura de una investigación sobre el exjefe de seguridad de Pemex, Eduardo León Trauwitz, por su presunta participación como facilitador del robo de combustible, según El Universal.
En una entrevista en 2017, una fuente declaró a Milenio que los funcionarios de Pemex informan a los ladrones el momento exacto en que el combustible pasa por los ductos, además de proveerles los equipos necesarios para extraer el crudo de manera segura. Pero la corrupción va más allá de los empleados de Pemex.
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“[La corrupción] va desde MP, autoridades municipales, secretarios estatales, de ahí hasta lo que tú te puedas imaginar”, precisó la fuente.
Para empeorar las cosas, Pemex enfrenta graves problemas de producción. El mismo López Obrador admitió en una conferencia de prensa celebrada el 10 de enero que varias refinerías de Pemex se han cerrado temporalmente o que están produciendo muy poco combustible.
Después de un repunte en la producción diaria de barriles a comienzos de 2018, la producción comenzó a decaer en abril, al pasar de 375.000 barriles diarios a solo 188.000 a finales de 2018, según estadísticas de la Secretaría de Energía de México. A mediados de 2018, las seis mayores refinerías de crudo de Pemex operaban a solo 40 por ciento de su capacidad y producían la menor cantidad de combustible de los últimos 25 años, informó El Economista.
Pemex también ha reducido las importaciones de gasolina de Estados Unidos desde la llegada de López Obrador al poder, hace poco más de un mes, según el Wall Street Journal, lo que complica aún más la actual crisis.
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