El caso de corrupción aduanera de “La Línea” mostró la forma en que funcionarios y políticos han defraudado las aduanas de Guatemala durante décadas. Las investigaciones del Ministerio Público y la CICIG identificaron el viernes como las principales cabezas actuales de esa mafia al presidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, pero la práctica la iniciaron en los años setenta militares de Inteligencia, primero excusados en el conflicto armado interno, y luego convertidos en una estructura criminal.
—¿Podría indicarme las claves que utilizaba el Grupo Salvavidas? —pregunta el fiscal Francisco Mendizábal, en una audiencia del Tribunal de Sentencia Penal del municipio de Mixco, el 24 de mayo de 1999.
—Por ejemplo, el señor Moreno Molina era el “Doctor” o “Don Arnoldo”, su servidor era “Jerez”, no “Teniente Jerez”—respondió Francisco Javier Ortiz Arriaga, durante su primera declaración del Caso Moreno.
Pruebas documentales del caso, como las cartas que enviaba el propio Alfredo Moreno Molina a altos mandos del Ejército y otros testimonios complementarios de la investigación, ayudan a definir el papel de este operador de rango medio que desnudó la estructura que operaba dentro del Estado para desfalcar al sistema de aduanas del país. Por los testimonios que luego brindarían los testigos del caso desfilarían los nombres de políticos relacionados con la red como Alfonso Portillo y Efraín Ríos Montt, entre otros.
Este artículo fue publicado originalmente por Plaza Pública. Fue editado y publicado con permiso. Vea el original aquí.
La historia de Ortiz Arriaga es la historia de un hombre que empieza en los eslabones más bajos de una cadena criminal y llega a ser uno de los administradores de una de las redes de defraudación aduanera en dos momentos distintos: en 1996 con la Red Moreno, y en 2015 con La Línea. Su hoja de vida muestra, a la vez, la evolución y la resistencia al cambio dentro de las redes criminales de defraudación.
Casi 15 años después de aquella declaración como testigo protegido, un hombre robusto, con barba blanca y cabello cano escuchará su voz dando órdenes en llamadas interceptadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Ortiz Arriaga enfrenta otra vez a la justicia. Esta vez en la sala del Juzgado de Alto Riesgo, en la Torre de Tribunales. Junto a él, los integrantes de la red criminal en la que operó durante los años de 2011 a 2015: dos Superintendentes encargados de la recaudación tributaria, agentes aduaneros, técnicos de aduanas, supervisores, sindicalistas. Un pelotón de abogados (algunos de los cuales, días más tarde también serán investigados) buscará que sus defendidos queden en libertad. Bajo un calor sofocante, que obliga a la veintena de acusados a tomar botella tras botella de agua, uno a uno van escuchando los delitos de los que se les acusa: asociación ilícita y defraudación aduanera. Es el 17 de abril de 2015, y Javier Ortiz Arriaga recupera su mote de “Teniente Jerez”, ahora como uno de los acusados en el caso La Línea.
Ejército y aduanas: una pareja hecha en la guerra
Francisco Javier Ortiz Arriaga nació en 1948 en el municipio de San Juan Sacatepéquez, en una familia de clase media vinculada con el Ejército. El 14 de junio de 1979, a los 21 años, ingresó como auxiliar de oficina en la Aduana Central, cuando el sistema de aduanas dependía del Ministerio de Finanzas Públicas pero era controlado por el Ejército. Entre 1979 y 1986, pasó de ser oficinista a “vista de aduanas”, como se le denomina a los responsables de supervisar el ingreso de contenedores. Ascendió en el escalafón de la época: vista I, vista II y vista III. Era la época en que los generales Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt y Humberto Mejía Víctores gobernaron el país. El período de las dictaduras militares y las discrecionalidades a mansalva.
Desde mediados de los años sesenta, en el marco de lucha contrainsurgente, el control aduanero estaba en manos de militares, a través de la sección de Rentas Internas. Al menos desde 1981, durante el gobierno de Romeo Lucas García (1979-1982), cuando Ortiz Arriaga fue trasladado como vista I a la aduana de Santo Tomás de Castilla, este tiene conocimiento de que Alfredo Moreno Molina era quién ejercía el control de las aduanas de todo el país.
Moreno era el operador perfecto, con contactos en todos los niveles del gobierno, desde jueces, agentes de la policía y militares, hasta ministros. Durante el proceso judicial que se llevó en su contra, dijo que, aunque era de origen salvadoreño, ingresó de adolescente en el Ejército de Guatemala como especialista luego pasó al Estado Mayor Presidencial y después al Estado Mayor de la Defensa Nacional. También laboró en el Comisariato del Ejército, una tienda que importaba productos libres de impuestos al servicio de los oficiales y sus familias; luego trabajó en Servicios Especiales Ministeriales (SEM) del Ministerio de Finanzas Públicas. También reconoció haber pertenecido a la Dirección de Inteligencia del Ejército, hasta 1989. En la SEM Moreno conoció a Luis Francisco Ortega Menaldo, en ese entonces Mayor del Ejército, y yerno del expresidente Carlos Manuel Arana Osorio (1970- 1974).
El objetivo inicial era evitar el ingreso de armas para los grupos guerrilleros, pero los militares entendieron las aduanas como un negocio rentable, millonario, a través del contrabando y la defraudación.
El académico David Martínez Amador, especialista en etnografía y conducta criminal, explica que los ejércitos son estructuras duraderas. “Así su legitimidad los empodera para penetrar el Estado, la institucionalidad, pero a la vez cometiendo actos ilícitos”.
El contrabando era una rama más de las actividades militares, necesaria para realizar operaciones encubiertas al igual que los contactos en los juzgados, en la Policía Nacional y más tarde en el Ministerio Público, señala Francisco Jiménez, exministro de Gobernación y docente de política contemporánea. El contrabando, sin embargo, pronto se institucionalizó y lo acapararon oficiales de inteligencia que vieron la posibilidad de un lucrativo negocio.
Ya para principios de los años ochenta los militares tenían todo bajo control. El nodo, el punto de conexión entre militares y civiles, entre los operadores en las aduanas, en la Guardia de Hacienda, en la Policía Nacional, en el Organismo Judicial, en el Ministerio Público, en la Contraloría General de Cuentas, era Alfredo Moreno. Ortiz, junto a otros testigos como Ovidio Mancilla Aguilar, agente de la policía que trabajó como guardia de seguridad y repartidor de sobres con dinero para la red; y también los vistas aduaneros José Mariano Ortiz Henry y Erick de los Ríos Domínguez relataron cómo los vistas de aduanas alteraban formularios de importación para registrar el ingreso de un tipo diferente de productos y pagar menos impuestos. La Red Moreno también incluía el desvío de furgones para registrar su salida y luego robarlos descaradamente.
Los beneficiados del esquema –los que daban órdenes y controlaban el contrabando– eran los oficiales de más alto rango. En 1990, Ortiz Arriaga regresó formalmente a las aduanas como subadministrador de la Aduana de Agua Caliente, en el departamento de Esquipulas, en donde de nuevo su jefe, desde fuera del Estado, era Moreno. Según Ortiz, Moreno centralizaba el dinero de la red y lo distribuía a sus superiores.
En aquella época el director General de Aduanas era el general Manuel Callejas y Callejas. Entre 1990 y 1991, Callejas dejó el cargo y Moreno le dijo a Ortiz que la situación mejoraría porque el general Ortega Menaldo había ascendido a la jefatura del Estado Mayor Presidencial, la institución encargada de brindar seguridad al Presidente y que contaba con su propia unidad de inteligencia.
Los CIACS y su aduana
Ortega Menaldo se diferenciaba en mucho del resto de oficiales de aquella época: hablaba inglés, italiano y un poco de francés, se distinguió en el curso de Comando y Estado Mayor, y se destacó como uno de los más hábiles oficiales de inteligencia. Durante el gobierno de Lucas García, fue designado como jefe de la oficina de Servicios Especiales Ministeriales (SEM) que funcionaba en el Ministerio de Finanzas Públicas, cartera que era dirigida por el también general Hugo Tulio Búcaro. Es a partir de su paso por este ministerio que se le vincula con temas de contrabando. Una posición que se afianzaría en su cargo de jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, la G2; y la dirección de la Policía Militar Ambulante, una unidad responsable de tareas de contrainsurgencia durante el gobierno de Vinicio Cerezo (1986-1991).
Ortega Menaldo creó una red criminal dentro del Estado, la representación perfecta de lo que luego se denominaría Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). De acuerdo con la Fundación Myrna Mack, los CIACS son “fuerzas ilegales que han existido por décadas enteras y siempre, a veces más a veces menos, han ejercido el poder real en forma paralela, a la sombra del poder formal del Estado”. Para combatir estas estructuras criminales, en 2006 se creó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) con el apoyo de las Naciones Unidas. Su mandato le da a esta Comisión la potestad de investigar, identificar y procesar —en coordinación con el Ministerio Público— a estructuras como las CIACS que actúan dentro de las instituciones del Estado. Iván Velásquez, actual jefe de la CICIG, ha explicado que “en la actual coyuntura del país, los CIACS son redes político-económicas ilícitas que se interrelacionan con el fin de ejercer control político y generar negocios rentables; desarrollan actividades políticas y económicas que se caracterizan por infiltrar prácticas políticas y transacciones ilícitas”.
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Al CIACS encabezado por Ortega Menaldo se le denominó “La Cofradía”, que nació como una camarilla de oficiales de Inteligencia Militar, que funcionaba como una especie de fraternidad interna del Ejército. La Cofradía había empezado a operar en las aduanas de Guatemala desde el gobierno de Romeo Lucas García (1978-1982) y se fortaleció con la llegada de Ortega Menaldo como jefe del Estado Mayor Presidencial entre 1991 y 1993 durante el gobierno de Serrano Elías.
En este periodo Ortega Menaldo llegó a la cúspide de su influencia formal en el Ejecutivo. Era visto como “la sombra del Presidente”, según detalló la revista Crónica en septiembre de 1992. Era el hombre que controlaba quién tenía acceso al presidente Serrano Elías y qué información recibía. En él se centralizaba la información del Estado Mayor de la Defensa Nacional, así como la de su propio servicio de inteligencia, la Dirección de Seguridad Presidencial. En mayo de 1993 el presidente Serrano intentó un autogolpe. El supuesto apoyo de Ortega Menaldo le costó el puesto al frente del Estado Mayor Presidencial, pero la red siguió manejando las aduanas hasta que se destapó el caso Moreno en 1996.
Gracias al testimonio de Ortiz, se identificó cómo los agentes aduaneros falsificaban documentos para el cobro de impuestos que nunca llegarían a las arcas del Estado. “Se hacían dos formularios, en lo que se refiere a la Aduana de Agua Caliente, uno era el legal y el otro el ficticio. Para darle un ejemplo: un formulario que pagaba 50.000 quetzales (unos US$6.500 al cambio de hoy) mil, tenía a su vez otro ficticio que pagaba 1.000 quetzales, y se defraudaba al Estado con 49.00 quetzales”, explicaba en su declaración el Teniente Jerez ante los jueces. Se ubicaron así importadores, empresas, encargados y directivos de aduanas; custodios de furgones, vistas aduaneros, cobradores, todos participantes de la estructura dirigida por Alfredo Moreno.
La lista incluía los nombres de quienes protegían a la red de defraudación comandada por militares, a cambio de dinero desde el Organismo Judicial, la policía, el Ejército, la Guardia de Hacienda, el Estado Mayor Presidencial.
**Javier Ortiz también explicó cómo compraron jueces y magistrados del Organismo Judicial para obtener medidas sustitutivas. En una ocasión, dijo, pagaron a la juez María Eugenia Villaseñor para favorecer al general Efraín Ríos Montt, aunque no especificó sobre qué caso concreto. Igual aseguró qué hicieron en el caso del asesinato de Myrna Mack, donde había militares implicados: las aduanas movilizaron 100.000 quetzales para pagar, de nuevo según Ortiz, por los fallos de la juez María Eugenia Villaseñor, quien años después sería magistrada suplente de Corte de Apelaciones*.
En relación con los testimonios recogidos en el caso Moreno, María Eugenia Villaseñor, asegura, en un correo electrónico, refuta el testimonio y asegura no haber recibido dinero del general Efraín Ríos Mont, ya que en 1996 no tuvo a su cargo dicho proceso: “Se tramitó por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente y conoció la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones”. “Nunca fui titular de ambos tribunales.” También refuta el testimonio de Ortiz con respecto al caso Mack: asegura que lo conocieron en 1999 el Tribunal Tercero de Sentencia Penal y la Sala Cuarte de la Corte de Apelaciones en 2003, y ella no tuvo nada que ver.
Tras el relato de Ortiz en los tribunales, las mafias dirigidas por militares que funcionaban detrás de las aduanas no desaparecieron, sino que mutaron mediante una participación más directa en la política con el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004). En su declaración de 1999 Ortiz reveló: “el señor Alfonso Portillo recibía de la aduana de Valle Nuevo 50.000 quetzales, quincenales, y 20.000 quetzales de la aduana Pedro de Alvarado. Los 50.000 quetzales eran para el partido, y los otros 20.000 quetzales para el señor Alfonso Portillo. Ahora le voy a decir: él (Portillo) recibía los 15.000 quetzales y se turnaban con el general Efraín Ríos Montt para los 50.000 quetzales, y entregas que hizo el señor Moreno fueron organizadas en la casa del general Ríos Montt, en la casa de él, en la colonia Tecún, zona 15”. A pesar de haber perdido las elecciones de 1996 con una campaña financiada en parte por la defraudación aduanera, Portillo y su partido, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), continuaron su lucha para ganar las próximas elecciones.
Tanto Portillo como Ríos Montt habían sido señalados como parte de la Red Moreno. Javier Ortiz, de hecho, los ubicaba dentro de la parte más importante de la cúpula que dirigía la Red Moreno: el llamado Grupo Salvavidas. En la junta directiva de este grupo, Portillo era el asesor político, y Ríos Montt, el encargado de los estatutos. Alfredo Moreno era el presidente; Elio Sánchez, vicepresidente; Osmundo Villatoro Escobar, secretario; Javier Ortiz, tesorero; Rolando Sagastume y Mario Reyes, encargados de prensa; Augusto Catalán, seguridad; Vicente González, Ramón Saénz, Álvaro Sierra, los abogados a cargo de lo jurídico; y el importador, Alex Castillo, era “el comodín” (empresario y parte de la red para buscar nuevos clientes). Las trabas legales, los amparos y apelaciones, como lamenta el ex fiscal Mendizábal, impidieron que se pudiera tocar a estos altos mandos de la defraudación aduanera del caso Moreno.
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Ortega Menaldo y compañía le apostaron a Alfonso Portillo para llegar a la Presidencia, junto al FRG, para recuperar el poder perdido tras el desbaratamiento de la Red Moreno durante el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000). Una vez Portillo fue elegido presidente, Ortega volvió a estar a cargo de la estructura, tras bambalinas. “Aunque no ostentaba una posición oficial en el gobierno, se presumía que Ortega Menaldo había sido uno de los altos consejeros del presidente Portillo”, dice un informe escrito por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) sobre los CIACS.
Con ese retorno al poder estancaron cualquier investigación en su contra. El exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, asegura que luego del FRG la CIACS dirigida por militares que operaban en las aduanas, mutó y amplió sus actividades. Ahora, además del robo de furgones, tráfico de armas, lavado de dinero, el narcotráfico formaría parte de sus actividades.
“La limpieza de las aduanas se ve truncada en el momento en que queda Portillo como Presidente,” dice el exfiscal Mendizábal. “Él era parte de la red de defraudación en las aduanas. Hay que recordar que Portillo recibía dinero del contrabando y de la Red Moreno. Desde 20.000 hasta 70.000 quetzales semanales. En aquella época era mucho dinero. Era demasiado… En ese entonces no había fuerza para iniciar las persecuciones. Los testigos, además, no habían declarado y sin eso no podíamos empezar los procesos [judiciales]”. Añade después el exfiscal: “Y luego, ¿quién podía investigar al Presidente?”.
“Tengo 18 años de experiencia en este negocio”
El Teniente Jerez sobrevivió a la caída de la Red Moreno en 1996 gracias a su declaración como testigo protegido. Sin él, sin su relato sobre el modus operandi desde las aduanas, la fiscalía de entonces no hubiera podido rasgar la estructura de los militares que habían cooptado las aduanas. Y sin la ayuda de Inteligencia Militar tampoco hubiera sido posible hacer la investigación. “Nosotros tuvimos mucha ayuda de Inteligencia Militar. Llegaron con nosotros para ver si realmente había un caso o no. Ellos no podían continuar con la investigación, necesitaban colocarlo en el MP. Con las declaraciones de los testigos protegidos, con la información documental que recabamos, pudimos armar el caso”, reconoce el ex fiscal Francisco Mendizábal, quien dirigió las pesquisas.
En esa época, Javier Ortiz era un enlace entre civiles y militares. Su papel podría ser descrito como el de un hilo que enlazaba a los cuadros medios de la estructura con un poder superior, casi intocable, integrado por altos mandos del Ejército que luego de la investigación del MP y el golpe dado a la estructura de Moreno, a mediados de los años noventa, optaron por replegarse y guardar silencio. “Lo que nosotros realmente vimos es que de alguna manera estos militares estuvieron como retraídos, viendo qué pasaba. Creyeron que la caída de la Red Moreno era alguna especie de vendetta, pero las evidencias eran claras. Su participación era evidente. Lamentablemente lo que no había era un sistema de justicia que funcionara adecuadamente”, dice Mendizábal.
Durante el gobierno de Álvaro Arzú, otra red de lealtades internas surgida años antes dentro del Ejército ve la oportunidad de negociar con los viejos militares, ahora golpeados y debilitados por el MP. Es en esos años en los que surge un nuevo CIACS, llamado “El Sindicato”, e integrado por oficiales de la promoción de 1973 de la Escuela Politécnica. En contraste con La Cofradía, los militares que pertenecían al El Sindicato abogaron por una estrategia de “estabilización” y “pacificación” durante la guerra, en vez de una victoria total sobre la subversión. Estuvieron influenciados por las teorías del conflicto de baja intensidad y desarrollo que impulsaba el Ejército estadounidense. Se adhirieron a lo que ellos percibían como su “no-participación” en los aspectos más represivos del trabajo de Inteligencia Militar. Entre sus líderes destacaba Otto Pérez Molina, actual presidente de Guatemala.
“La transición [de Guatemala] a la democracia no pudo eliminar el accionar de los oficiales militares que hacían inteligencia”, dice el especialista en temas de crimen organizado David Martínez Amador. La Cofradía y El Sindicato no fueron enemigos, no se enfrentaron en una pugna generacional dentro del Ejército por el control de las aduanas, sino una transición, una continuidad, con nuevos rostros. “Allí lo que ves es la capacidad de compartir el botín del Estado, no necesariamente rivalizar. Desde el entorno del comportamiento paralelo, hubo una ‘democratización’ del acceso al botín del Estado. Hay suficiente para todos. Diferentes estructuras tuvieron diferentes operadores”, explica el analista.
De Moreno a La Línea
La continuidad de este tipo de CIACS se ve en las similitudes entre el caso de “La Línea” y la Red Moreno. Un copy paste en algunos puntos o personajes relevantes.
Ambas redes confiaban en contar con un cargo político importante que pueda proteger a los operadores de toda la estructura: esta función la cumplió Ortega Menaldo en el EMP durante los años noventa, y Juan Carlos Monzón de 2011 a 2015, como secretario privado de la Vicepresidencia.
Las redes necesitaban de un coordinador de operaciones, un tesorero, encargado de manejar el dinero y distribuirlo entre todos los que conforman la red de defraudación. Para los dos casos –La Línea y la Red Moreno– el coordinador fue el mismo: Francisco Javier Ortiz, el “Teniente Jerez”.
“Tengo 18 años de experiencia en este negocio”, dice Ortiz en una de las escuchas que presentaron la Fiscalía y la CICIG en abril.
Aunque estas redes criminales han mantenido dinámicas similares, también experimentaron evoluciones importantes. En la Red Moreno, la violencia, las muertes, eran mensajes para que nadie de los bajos rangos pudiera cuestionar o delatar o abandonar su trabajo al servicio de los militares. “La Línea”, en cambio, funcionaba con una lógica más empresarial, con la amenaza de traslados de una aduana a otra para quienes no siguieran los lineamientos establecidos por Juan Carlos Monzón.
Dice Martínez Amador: “Estas estructuras, en su germen, son fundamentalmente mecanismos que funcionan como sectas que reclutan personas. En un principio lo que se quería era crear identidad, y lo tratas de mantener desde el Estado. Eso muta y lo transforma en estructuras paralelas de lógica empresarial. Ahora es por pragmatismo empresarial, y ya no por línea ideológica”.
Javier Ortiz, sin embargo, aún mantuvo algunas estrategias de la primera etapa de la estructura de defraudación, la que el mismo que utilizaba en los años noventa cuando fue administrador de la Red Moreno: prepotente, intimidatorio, amenazante, según se puede constatar en las escuchas telefónicas dentro de la investigación judicial presentada por el MP y la CICIG.
La institución militar, sin embargo, ya no le servía de respaldo incondicional a La Línea, y la red de defraudación necesitó de más civiles, de nuevos coordinadores, de más gente en las aduanas. “El poder de la red se democratizó, se volvió horizontal, sin jerarquías duras”, dice el exministro de gobernación Jiménez. “El error que cometió La Línea fue volver a utilizar una jerarquía de estilo militar, de rangos, y para la CICIG fue más fácil comprender su funcionamiento para poder iniciar las investigaciones [a los sospechosos] e ir subiendo en la cadena”, agrega Francisco Jiménez.
El dragón y la hidra
Las revelaciones del caso Moreno fueron insuficientes como para cambiar el rumbo electoral a finales de los años noventa. Alfonso Portillo resultó electo como presidente de la República, Efraín Ríos Montt consolidó su poder desde la presidencia del Congreso, y todos los avances en esa investigación fueron sepultados en un marasmo legal al llegar el FRG al poder.
En esta oportunidad, sin embargo, Javier Ortiz ha sido testigo de un terremoto político con más réplicas. Las revelaciones del caso La Línea han puesto al gobierno del presidente Otto Pérez Molina contra las cuerdas, y han forzado la renuncia de la vicepresidencia Roxana Baldetti, con los gritos de fondos de una movilización ciudadana que exige reformas estructurales en el sistema político. La bola de nieve de escándalos de corrupción iniciada el 16 de abril de 2015, ahora arrastra a diputados, jueces, magistrados, secretarios de Estado, candidatos a la Vicepresidencia y presidentes de entidades autónomas.
Cada vez menos son un dragón, y cada vez más una Hidra de Lerna con múltiples cabezas. Las estructuras criminales en las aduanas, en un principio amparadas bajo el manto de la lucha contrainsurgente, crecieron y se multiplicaron. Javier Ortiz, un mando medio de estas estructuras, encarna esa pervivencia. Los reportes de defraudación aduanera no han cesado, cómo los cobros ilegales, extorsiones disfrazadas de procedimientos burocráticos, perviven. Una de las cabezas de la hidra ha sido descabezada, pero aún hay muchas otras para reemplazarla.
*Este artículo fue publicado originalmente por Plaza Pública. Fue editado y publicado con permiso. Vea el original aquí.
**Nota de edición y rectificación: (05/10/2015): El texto original ejemplificaba esta idea de que la red compraba jueces aludiendo al caso de la doctora María Eugenia Villaseñor tal y como lo expuso Javier Ortiz (el Teniente Jerez) en su testimonio ante el juez. Ortiz hablaba de sobornos a la juez, que sin embargo en ese momento era magistrada de la Corte de apelaciones, para que fallara a favor de los criminales en el caso de la Red Moreno. Una serie de documentos oficiales enviados por la ex magistrada Villaseñor a esta redacción refuta ese testimonio y evidencian que testigo y fiscal actuaron de mala fe. Se eliminaron del cuerpo del texto el párrafo referido porque carece de validez y valor como ejemplo, y también la respuesta de la ex magistrada de apelaciones que le seguía.
Además, en el texto original se consignaban dos datos equivocados. En primer lugar, se aseguró que en su testimonio, Javier Ortiz había asegurado que la magistrada María Eugenia Villaseñor había aceptado sobornos para favorecer a militares en el caso del asesinato de Myrna Mack. Lo correcto era que Ortiz acusó a algunos jueces de hacerlo, pero no la mencionaba a ella. En segundo lugar, se decía que Villaseñor fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia. La información correcta es que era magistrada suplente de la Corte de Apelaciones en 2014.