Un nuevo informe que analiza la estructura operativa de varios grupos de México, incluyendo cómo diferentes individuos se desempeñan en fines concretos clave para las diversas actividades criminales, ofrece una imagen más completa de grupos como los Zetas.
El informe "Estructura de una red criminal transnacional: 'Los Zetas' y el contrabando de hidrocarburos" (Structure of a Transnational Criminal Network: 'Los Zetas' and the Smuggling of Hydrocarbons), publicado por la fundación colombiana Vortex, centra su atención en los Zetas, el Cartel del Golfo y la Familia Michoacana, así como en los "nodos" que los apoyan.
Los autores definen a los nodos como agentes que realizan funciones específicas en los grupos criminales. Al analizar estos nodos a través de la examinación de informes judiciales entre 2002 y 2010, los autores logran crear una imagen detallada de la estructura de los grupos, destacando las funciones específicas que permiten que prosperen.
Uno de estos nodos es Omar Lorméndez Pitalúa, un asesino a sueldo de los Zetas que operaba en los estados de Nuevo Laredo y Michoacán, así como en otras áreas. Pitalúa, hombre de confianza de vieja data de algunos de los comandantes más importantes de los Zetas, también es acusado de haber establecido relaciones con políticos locales y con agentes de seguridad en nombre de los Zetas, lo que le proporcionó una inusual influencia en los diferentes ámbitos de las actividades del grupo. Pitalúa fue el miembro de los Zetas que inicialmente negoció la alianza con Servando "La Tuta" Gómez, y posteriormente con la Familia Michoacana a mediados de los años 2000, con el fin de derrocar al entonces dominante Cartel del Milenio.
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Otro ejemplo es el nodo que constituyó Miguel Ángel Almaraz Maldonado, un operador de los Zetas acusado de establecer la infraestructura para mover petróleo y gas robado. Esto incluye el soborno de funcionarios públicos, el alquiler de camiones y la creación de redes financieras para procesar el producto. Su papel abarcaba tanto actividades legítimas como criminales, todas con el objetivo de apoyar las operaciones de los Zetas.
Los autores también discuten acerca de un oficial de la policía de Tamaulipas conocido como "Karen". Aunque inicialmente sólo era sobornado para que mirara hacia el otro lado, eventualmente Karen ascendió a las filas de la organización en sí junto con algunos colegas de la policía. Los documentos judiciales dicen que él ayudó a los Zetas a evitar capturas, organizar envíos de drogas y dinero, y que sirvió como parte del equipo de seguridad de algunos comandantes de los Zetas.
Los nodos descritos en este informe están divididos en funcionarios públicos corruptos y en criminales abiertos. Estos nodos son complementarios y vitales, y comprenden tanto empresas abiertamente criminales como actividades legítimas utilizadas para apoyar la existencia del grupo, que en conjunto permiten a los grupos operar simultáneamente en varios ámbitos diferentes.
Análisis de InSight Crime
En cierto sentido, este informe confirma la intuición de cualquier persona que haga seguimiento a la evolución del crimen organizado mexicano. Como InSight Crime y varios otros analistas han señalado, los Zetas se dedican a una amplia gama de actividades criminales. En términos más generales, todos los grupos tienen una estructura que asigna diferentes funciones a diferentes actores.
Sin embargo, el informe ofrece una imagen más detallada y completa que lo usual. Es decir, no describe a los grupos como organizaciones militaristas empeñadas en el derramamiento de sangre, sino como empresas comerciales, con variadas divisiones que emplean a personas con diferentes conjuntos de habilidades y objetivos. Por supuesto, estas empresas a menudo se involucran en la violencia, pero empleada como uno de sus varios medios, no como un fin.
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Además de la ventaja inherente de permitir una mejor comprensión del funcionamiento interno de los grupos, el enfoque analítico empleado por los autores también ofrece algunas prescripciones para los legisladores. El informe hace uso de calificaciones numéricas para determinar qué nodos tienen mayor interacción en los diferentes ámbitos, y utiliza su identificación de los diferentes actores para ver en qué sector se concentra la mayor parte de recursos de los grupos, para así aproximarse a los puntos en que radica su fuerza.
Al menos en teoría, este conocimiento podría guiar a las agencias de seguridad en cuanto a la forma en que se enfrentan a los grupos criminales. Por ejemplo, dado que los Zetas derivan del hurto de petróleo una porción desproporcionada de sus ingresos, las operaciones dirigidas a su infraestructura de hidrocarburos podrían ser mucho más eficaces que las patrullas nocturnas en convoyes militares a través de las zonas controladas por el grupo. Del mismo modo, la identificación de nodos con actividades en varios ámbitos podría ser utilizada para enfocarse en los miembros de los grupos más importantes para la rentabilidad, en lugar de sólo centrarse en rastrear a los capos más notorios.
También es de destacar cómo prácticamente todos los nodos o bien están basados en la complicidad con funcionarios públicos, o buscan asegurar una colusión con ellos. Esto es cierto tanto para mover petróleo robado sin interferencia, como para los grupos que buscan información acerca de sus rivales. De esta forma, este informe ofrece una prueba más de que el desafío más importante al que se enfrentan las autoridades de México consiste en la lucha contra la influencia corruptora de los grupos.
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