Las autoridades mexicanas negaron una petición de acceso a la información para obtener detalles sobre los carteles de la droga en el país, una prueba más de que el gobierno de Enrique Peña Nieto está tratando de limitar la comprensión del público sobre lo que está ocurriendo en México, con respecto al crimen organizado.
La revista Proceso informó que el periódico Reforma presentó una solicitud para que el gobierno compartiera información sobre el número de carteles criminales actualmente activos en México, sus líderes y sus áreas de influencia. En respuesta, la Procuraduría General de la República (PGR) señaló que la información sería sellada por 12 años debido a que la divulgación de esa información pondría en riesgo la estrategia anti crimen del gobierno. Compartir información sobre la identidad de los principales líderes criminales y su posible ubicación podría darle a las organizaciones criminales una ventaja estratégica, según la PGR.
Reforma señaló que durante el mandato del ex Presidente Felipe Calderón, los perfiles de los principales grupos criminales que operan en México, y sus líderes, eran publicados generalmente en los informes anuales de las agencias gubernamentales, incluyendo la PGR, la Policía Federal, el ejército y la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Se cree que la fragmentación de las principales organizaciones narcotraficantes, como los Zetas, la Organización de los Beltrán Leyva y el Cartel del Golfo, ha contribuido al aumento de la violencia en el país, a medida que un mayor número de facciones separatistas pelean por el poder. El procurador general de México ha dicho que entre 60 y 80 organizaciones criminales han surgido desde que Calderón inició la ofensiva contra el crimen organizado en 2006.
Análisis de InSight Crime
La respuesta de la PGR a Reforma parece ser parte de una estrategia más amplia de la administración de Peña Nieto para denegar el acceso a la información, tanto a las entidades no gubernamentales como a las gubernamentales por igual. Desde que asumió el mandato el 1 de diciembre, el nuevo gobierno ha tratado de centralizar el control y el flujo de la información (siendo la única excepción el fiasco sobre los numerosos informes de los "desaparecidos"). Esto incluye el mantener la información fuera del alcance de los aliados del gobierno también, muchos de los cuales están murmurando en privado acerca de su propia falta de acceso a la información en este gobierno.
La negación específica en este caso parece ser un ejemplo perfecto de lo que podemos esperar en el futuro. La información solicitada acerca de los grupos criminales en México es bastante básica. Esta negación es particularmente extraña, ya que, tan sólo unos meses atrás, el procurador general dio a conocer una estimación pública de cuántas organizaciones criminales se encuentran activas en el país.
Los medios de comunicación mexicanos han utilizado recientemente peticiones de libertad de información para dar a conocer historias sobre crimen organizado que avergonzaron al gobierno. El Universal, por ejemplo, se basó en una petición de libertad de información con el fin de revelar que el gobierno promocionó la supuesta cuasi captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del Cartel de Sinaloa, en 2012.
El gobierno mexicano tiene la responsabilidad de restringir la divulgación de información sensible a la prensa si pone en peligro la seguridad nacional, pero esto puede interpretarse en sentido amplio o en sentido estricto. No siempre es una decisión fácil. Cualquier gobierno se enfrenta al reto de equilibrar el derecho del público a saber y la necesidad de censurar la información sensible, especialmente cuando se podría poner en peligro a civiles o miembros de las fuerzas de seguridad. El gobierno estadounidense se enfrenta al mismo problema y con frecuencia llega a la misma conclusión que los mexicanos: el año pasado, el gobierno de Estados Unidos rechazó más de un tercio de las solicitudes de acceso para la libertad de información presentadas.
No obstante, los argumentos de la PGR de que la información solicitada por Reforma podría poner en peligro la estrategia del gobierno contra el crimen, no son convincentes. Más bien, dan la impresión que en vez de abogar por la transparencia, el gobierno sigue siendo evasivo e incluso engañoso en asuntos relacionados con el crimen organizado, ya que socava la narrativa de la administración de que "es la hora de México".
En pocas palabras, la respuesta de la PGR a Reforma parece como si una agencia federal no cumpliera incluso con los estándares más mínimos de divulgación. Esto es especialmente preocupante puesto que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada en 2002, fue descrita por Human Rights Watch como "el logro más inequívoco en materia de derechos humanos durante la presidencia de [Vicente] Fox". Y una reforma constitucional aprobada en 2007, reforzó aún más las leyes de transparencia en México, obligando a que las agencias federales, estatales y municipales a seguir el principio de máxima divulgación.
La lucha para obtener la información va más allá de la censura gubernamental. Muchos periodistas han sido empujados a la autocensura debido a las amenazas y los conflictos de interés. No es de extrañar que los medios sociales se hayan vuelto una forma cada vez más importante, aunque defectuosa, para que el público a acceda a la información sobre el crimen. Pero incluso las personas detrás de estas iniciativas informales, son a menudo intimidadas al silencio.
SUSCRIBIRME