Un nuevo estudio afirma que las amplias reformas legales aprobadas en 2016 podrían ser la respuesta a la corrupción enquistada en México, pero los malos antecedentes del país en cuanto a la implementación de sus leyes vuelven cuestionable, en el mejor de los casos, el posible éxito de estas reformas.
El estudio, publicado por la Oficina de Washington para Asuntos de Latinoamérica (WOLA, por sus siglas en inglés), afirma que la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en México debe ser prioridad para el próximo presidente del país, quien será elegido el 1 de julio.
El Sistema Nacional Anticorrupción de México, que incluye un organismo de veeduría ciudadana designado por el Senado, se creó para servir como ente coordinador entre las instituciones responsables de la prevención, la investigación y la penalización de la corrupción en el gobierno.
Según WOLA, el sistema representa una oportunidad histórica para combatir el crimen, la violencia y los abusos a los derechos humanos, así como para recuperar la confianza en las instituciones públicas y remediar el impacto económico de la corrupción.
Sin embargo, dos años después de que el Congreso aprobara las reformas fundamentales, aún está pendiente la implementación de los componentes esenciales del sistema y la designación de cargos claves.
El Senado no ha designado un fiscal que dirija la recién creada Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Además, el gobierno ha “bloqueado el [comité de participación ciudadana] para impedir su acción efectiva”, reteniendo información importante sobre las investigaciones abiertas, comentó a InSight Crime Maureen Meyer, coautora del estudio y directora para México y Derechos de los Migrantes en WOLA.
Análisis de InSight Crime
El Sistema Nacional Anticorrupción de México está en riesgo de sufrir la misma suerte que anteriores reformas promisorias que no cumplieron su potencial por causa de su mala implementación.
Para una implementación efectiva, el sistema debe contar con la buena voluntad de los políticos en las jurisdicciones federal y también estatal, una petición difícil en un país en el que los servidores públicos están muchas veces envueltos en casos de corrupción.
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Solo en la última década, ha habido más de 20 gobernadores y exgobernadores implicados en casos de corrupción. Javier Duarte, exgobernador del estado de Veracruz, enfrenta actualmente docenas de cargos relacionados con crimen organizado, corrupción y malversación de fondos. Y el exgobernador de Tamaulipas fue extraditado a Estados Unidos a finales del año pasado por delitos que incluyen la colusión con redes criminales.
El Sistema Nacional Anticorrupción también enfrenta otros desafíos importantes, como problemas en el sistema judicial de México, que con los años se ha debilitado por falta de recursos y corrupción.
“México ha trabajado lentamente para reforzar su capacidad de investigación y judicialización de delitos, pero todavía queda mucho más por hacer”, explicó Meyer a InSight Crime. “Creo que la capacidad se creará si existe la voluntad política de invertir en sus fiscalías especializadas o en la Procuraduría General de la Nación… y de proveerles realmente los recursos que necesitan”.
No obstante, el legado de México, en lo referente a la implementación de reformas promisorias, no augura un buen futuro para el Sistema Nacional Anticorrupción.
En 2008, el Congreso aprobó unas reformas judiciales integrales para reparar el muy criticado sistema de juzgamiento en México y reemplazarlo con un sistema de juicio abierto acusatorio para 2016. Pero la implementación ha chocado con múltiples obstáculos operativos, como falta de financiación, de modo que las reformas poco han logrado para resolver la corrupción política generalizada en el país.
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Entre tanto, la implementación de una reforma constitucional promulgada en 2014 para reemplazar a la Procuraduría General de la Nación, que despierta una notoria desconfianza, por una Fiscalía Nacional independiente sigue estancada en el Congreso.
Esto afectará especialmente la lucha contra la corrupción, dado que la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción debe hacer parte de la nueva Fiscalía Nacional.
Según Meyer, es improbable que el Senado designe un fiscal especial contra la corrupción antes de que se complete la transición a una fiscalía independiente.
Aunque la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción representa una oportunidad para que el gobierno combata la corrupción endémica y debilite la influencia política de los grupos del crimen organizado, es poco probable que realice su potencial a menos que haya un esfuerzo concertado para fortalecer la capacidad del sistema judicial en México como un todo.
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