La imputación de Estados Unidos a un poderoso exministro de economía guatemalteco por lavado de dinero, delito por el que ya había sido investigado en Guatemala, muestra cómo fiscales estadounidenses están retomando investigaciones que han sido obstruidas en Centroamérica.
Acisclo Valladares Urruela, quien sirvió en la administración del expresidente Jimmy Morales, está acusado de lavar “cerca de US$10 millones del producto de drogas ilegales y otros dineros mal habidos”. El dinero fue utilizado para sobornar a políticos entre 2014 y 2018, como lo señalaron los fiscales en un comunicado de prensa del Departamento de Justicia fechado el 5 de agosto.
El exministro, según la acusación, conspiró con un reconocido narcotraficante, un político corrupto y un empleado bancario en Guatemala —ninguno de cuyos nombres se menciona en la acusación— para lavar ganancias ilegales, según la denuncia penal. El exministro “facilitó el tráfico de sustancias ilegales al crear una demanda de dinero irrastreable”, escribieron los fiscales en la denuncia.
Las presuntas actividades de lavado de dinero comenzaron con el dinero producto de un esquema de corrupción del político. Cuando esos fondos se agotaron, Valladares Urruela buscó una nueva fuente de efectivo.
El exfuncionario recibió, entonces, dinero de un traficante, quien dejó claró que los fondos provenían de la cocaína, agregaron los fiscales. El empleado bancario, que coopera con las autoridades estadounidenses luego de ser arrestado en 2019, actuó como puente entre Valladares Urruela y el dinero ilícito procedente del político y más adelante del narcotraficante, se lee en la denuncia.
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El exministro y el empleado bancario urdieron un sofisticado plan que incluía hacer “pagos dobles” sin papeleo, lo que implicó la entrega de cantidades iguales de dinero a dos personas en países distintos.
Mientras el primer pago se destinó a un país suramericano no identificado, el otro pasó por las cuentas bancarias en Estados Unidos de dos empresas del sur de la Florida, lo que dio a los fiscales lo necesario para abrir una causa contra Valladares Urruela, quien también, se supone, hizo pasar el dinero lavado por falsas ganancias de empresas de papel para encubrir el esquema.
El dinero ilícito se embutía en morrales, maletines y cajas de licor que se hacían pasar por regalos. Los pagos eran tan “rápidos” y “frecuentes” que Valladares Urruela bromeó que “estos políticos deben pensar que el dinero crece en árboles”.
Luego de servir como ministro de economía entre enero de 2018 y enero de 2020, Valladares Urruela huyó de Guatemala ese mismo mes para evadir otros cargos por corrupción. Su actual paradero es desconocido y la Interpol ha emitido una alerta roja para su captura.
Análisis de InSight Crime
La fórmula se ha vuelto común en Centroamérica: el Departamento de Justicia de Estados Unidos procesa a élites políticas y económicas centroamericanas sobre las que han pesado sospechas de nexos criminales luego de que las investigaciones locales son obstruidas.
La desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por las Naciones Unidas, y la Fiscalía Especializada contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público llevaban mucho tiempo investigando a Valladares Urruela.
En mayo de 2019, fiscales locales con apoyo de la CICIG alegaron que Valladares Urruela y otros funcionarios pagaron millonarios sobornos entre 2012 y 2015 por medio de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti con el fin de comprar votos para aprobar leyes que les interesaba aprobar. En 2018, Baldetti fue sentenciada a más de 15 años de cárcel por otros cargos de corrupción.
La CICIG y FECI abrieron otra investigación ese año por denuncias de que Valladares Urruela también había dirigido una red de espionaje a diputados y empresarios de la oposición cuando era ejecutivo del proveedor de servicios de telefonía Tigo entre 2012 y 2015. La empresa supuestamente se benefició del esquema de corrupción basado en el soborno a miembros del congreso para aprobar por lo menos una ley que favorecierale favorecía, como lo señaló la investigación.
En un comunicado de 2015, la firma de telecomunicaciones Millicom, casa matriz de Tigo, notificó a las autoridades sobre “pagos potencialmente impropios”.
Las investigaciones de CICIG determinaron que Valladares Urruela “al parecer se aprovechó de su alto cargo dentro de la empresa de telefonía celular Tigo para tener acceso a información sensible de políticos de la oposición y particulares vinculados al ámbito empresarial”.
Un tercer caso lo presentaron la CICIG y la FECI ese mismo año. Los investigadores anticorrupción alegaron que Valladares Urruela estuvo implicado en un esquema de lavado de dinero usando la venta de apartamentos de lujo en Ciudad de Guatemala. La investigación también implicó al oscuro operador político Gustavo Alejos Cámbara, quien se encuentra preso por corrupción y ha sido señalado de interferir en el proceso de selección de magistrados para dos altos tribunales guatemaltecos.
Al perder su inmunidad tras la toma de posesión de el nuevo gobierno guatemalteco en enero de este año, Valladares Urruela huyó antes de que las autoridades pudieran detenerlo por asociación ilícita y lavado de dinero, y sigue fugitivo.
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Al anunciarse los señalamientos de Estados Unidos contra Valladares Urruela, el director de la FECI, Juan Francisco Sandoval, señaló en una entrevista con Con Criterio el 6 de agosto que lo que “las autoridades estadounidenses están haciendo confirma la investigación que realizamos con la CICIG, una investigación que se tildó de ideológica”. Muchos críticos de la CICIG señalaban que la comisión internacional violaba la soberanía de Guatemala.
La imputación a Valladares Urruela en Estados Unidos deja ver que el Departamento de Justicia está dispuesto a asumir casos de lavado de dinero y narcotráfico vinculados a altos funcionarios de gobierno en Centroamérica, aun cuando la administración del presidente Donald Trump y sus aliados en el congreso retiraran el respaldo a los organismos anticorrupción locales.
Aunque en un comienzo Estados Unidos respaldó la CICIG y sus investigaciones de alto perfil, posteriormente guardó distancia cuando la comisión anticorrupción fue atacada y posteriormente desmantelada por el entonces presidente Morales, quien se volvió contra la CICIG cuando se conocieron investigaciones contra su familia y sus aliados más cercanos.
Christine Wade, experta en Centroamérica y profesora de ciencia política del Washington College, comentó a InSight Crime que “es difícil ver un giro de los eventos más irónico que la tercerización de la justicia” para Valladares Urruela en relación con Estados Unidos.
“Aunque no hay duda de que muchos se sentirán esperanzados de ver que las ruedas de la justicia se mueven en las cortes estadounidenses”, opinó Wade, “Estados Unidos debería promover el fortalecimiento de las instituciones guatemaltecas para que casos como este puedan juzgarse en su país”.
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