En enero de 2014, InSight Crime informó sobre una incautación récord de oro en Perú, que se sospechaba era ilegal. Desde entonces, el caso ha crecido como una bola de nieve, marcando un punto de quiebre en el modus operandi de las exportaciones ilegales de oro y develando lo que las autoridades consideran una importante red criminal, situación que amenazando con llevar a juicio a InSight Crime.
El artículo, un resumen noticioso basado en un informe del diario El Comercio de Perú, contaba en detalle cómo las autoridades peruanas habían decomisado casi media tonelada de oro en unas bodegas en la ciudad de Callao.
El decomiso anunció la llegada de una nueva era en el patrullaje del multimillonario negocio de oro ilegal en Perú, y envió a las empresas peruanas que transportan oro ilícito a mercados legales el mensaje de que nunca más les sería tan fácil.
El informe señalaba a seis exportadoras peruanas y a cuatro empresas de Estados Unidos e Italia que recibían los cargamentos. En nuestro análisis de la operación, discutimos cómo, aunque los importadores al parecer monitoreaban sus cadenas de suministro, los documentos de prueba de origen suministrados por los exportadores muchas veces ocultaban la fuente ilícita del oro que compraban.
Un año después del informe, InSight Crime recibió una carta (pdf) de los abogados de Kaloti Metals and Logistics (KML), empresa de oro con sede en Miami, perteneciente al grupo industrial Kaloti, de Dubái, una de las empresas mencionadas en el reportaje. Kaloti amenazaba con tomar medidas legales sobre lo que llamó "aseveraciones sin fundamento" y "referencias difamatorias".
La carta afirmaba que InSight Crime había "asociado erróneamente a KML con las operaciones mineras ilegales en Perú", y "de manera equivocada estableció que… [KML] estaba involucrado en la importación de oro ilegal". La carta concluía con la amenaza de tomar medidas legales a menos que se eliminara cualquier mención a Kaloti en el artículo y que InSight Crime publicara una carta disculpándose por información supuestamente errónea en la página de inicio de nuestra página de Internet.
No retiramos el artículo.
Esta es la historia de cómo un decomiso de oro cambió el panorama de la minería ilegal en Perú, y de porqué decidimos dejar publicada la nota original.
La incautación en Callao
En diciembre de 2013, agentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) de Perú incautaron de 508 kilos de oro en una bodega en la ciudad de Callao.
El decomiso supuso la culminación de los esfuerzos del gobierno por asestar un golpe contundente a ese negocio. El sector había crecido con rapidez al dispararse los precios internacionales del metal, y además estaba asociándose con la devastación ambiental, la trata de personas y el lavado de dinero.
En 2012, el gobierno reforzó el código penal, otorgando nuevas facultades a los fiscales para confrontar directamente un negocio que anteriormente había sido clasificado como delito ambiental menor. Aunque el impacto se sintió primero en las minas, para finales de 2013, el gobierno se preparaba para ir contra las empresas implicadas en la comercialización y exportación de las toneladas de oro ilegal saqueadas de regiones como Madre de Dios, al sureste de Perú.
Por ejemplo, el oro incautado en Callao era propiedad de seis exportadoras peruanas, y se aprestaba para ser enviado por aire a una refinería de oro con sede en Italia, y a tres en Estados Unidos, una de las cuales era Kaloti Metals & Logistics.
InSight Crime no logró descubrir cuál de las empresas exportaba para Kaloti. Pero de las seis, tres han negociado con Kaloti desde 2012, según datos de exportación obtenidos de los entes comerciales; Minerales Rivero, CG Koenig y Giovanni Gold.
Fuentes oficiales en Perú confirmaron a InSight Crime que fuera cual fuera la empresa, entre las tres mencionadas, que estuviera despachando a Kaloti, sólo había dos posibles destinos para el oro que se aprestaban a enviar. Una opción es que se lo hubiera decomisado en forma permanente y que la exportadora se encontrara bajo investigación por lavado de dinero. La otra es que hubiera sido sustraído bajo las narices de las mismas autoridades después de una extraña serie de eventos que permitieron a los investigadores descubrir lo que parece ser una importante red criminal, cuya influencia se extiende mucho más allá del comercio del oro.
Una empresa sospechosa
Cerca de una tercera parte del oro propiedad de cinco de los seis exportadores fue incautado en forma permanente luego de que los exportadores fueran incapaces de demostrar su origen. Las empresas y muchos de sus ejecutivos tienen investigaciones en curso por sospechas de lavado de dinero en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Perú y en la unidad de lavado de dinero de la Fiscalía.
Sin embargo, para la otra empresa involucrada, Minerales Rivero, que en el pasado abastecía a Kaloti, la historia dio un giro inesperado.
Minerales Rivero fue fundada en 2013 por Miguel Ángel Rivero Pérez con un capital de apenas 15.000 soles (cerca de US$4.800). Pese a eso, en el transcurso de seis meses había exportado casi cinco toneladas de oro.
La clave de su éxito no le corresponde a Rivero, sino al financiador de la empresa, su tío Pedro Pérez Miranda. Mejor conocido como "Peter Ferrari", en los años noventa, Ferrari se hizo tristemente célebre en Perú, al pasar varios años en la cárcel e ir a juicio por lavado de dinero, narcotráfico y evasión de impuestos, y por salir libre cada vez.
Ferrari, según su abogado, financia Rivero Minerales mediante un contrato de inversión. Pero, no es tan sólo un inversionista en empresas auríferas, sino que también se sospecha que es "financiador y negociador principal de oro ilegal, que exporta usando empresas fachada registradas en Lima", según una investigación de los fiscales, obtenida por Cuarto Poder (vea el video abajo). Aunque no enfrenta cargos, los fiscales estiman que Ferrari ha exportado más de US$600 millones de oro ilegal.
Después de perder su oro durante la incautación que tomó lugar en Callao, Ferrari y sus aliados comenzaron a mostrar su poderío. Representantes de Rivero volaron a Callao, donde se enfrascaron en un tira y afloje legal por el oro; un tira y afloje que ganaron después del fallo de un juez local, que fue posteriormente destituido de su cargo, y arrestado por acusaciones de corrupción y vínculos con el crimen organizado.
Aunque las autoridades impugnaron el fallo, el equipo de recuperación de Rivero, que ya incluía a policías, abogados y fiscales, logró asegurar de nuevo el oro. Secuencias de video muestran a Miguel Rivero expectante mientras sus abogados, escoltados por policías con escudos antimotines, corren a cargar un auto con lingotes de oro.
Una red de mayor tamaño
La trama entonces tomó un giro imprevisto.
En esa época, El Comercio notó cómo los abogados y funcionarios que ayudaron a sacar el oro estaban conectados todos con el mismo hombre, Rodolfo Orellana.
Orellana, arrestado en noviembre de 2014, es el presunto autor intelectual de una red criminal implicada en negocios de propiedades ilegales y lavado de dinero. También ha sido vinculado a la trata de personas, la prostitución y el tráfico de drogas. Desde entonces ha sido llamado a declarar sobre su papel en el decomiso de Callao y los intereses de Peter Ferrari con el oro.
Aunque las autoridades perdieron el oro, les quedó un atisbo de una poderosa red criminal, cuya influencia se extendía muy dentro de los organismos del Estado.
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"Este es un caso de una organización criminal oculta en Perú con vínculos con el Ministerio Público y los poderes judiciales, y ahora se ha convertido en una megainvestigación", dijo a InSight Crime Sergio Espinoza, director delegado de la UIF. "Tienen ese fin de la exportación de oro, pero también tienen corrupción, narcotráfico y otras actividades".
Derecho de réplica
El oro incautado de Kaloti ya había pasado por varias manos en su trayecto de la mina a la bodega. Cada par de manos habría tenido que suministrar a la compañía la documentación que probara su legalidad, dice Álvaro Rodríguez, gerente de operaciones para Kaloti.
"Usted tiene una concesión minera que tiene contrato con los mineros, los mineros venden el material al consolidador, y el consolidador lo exporta. A lo largo de la cadena de suministro toda la documentación debe cuadrar", afirmó.
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Aun antes de que comenzara este proceso, Rodríguez dice que Kaloti no sólo verifica que las empresas tengan las debidas licencias y registros; también realiza una inspección de antecedentes sobre los accionistas y personal clave. El cumplimiento de Kaloti con los requerimientos legales de importación de oro es verificado por auditores independientes, añadió.
Sin embargo, Rodríguez declinó hacer comentarios sobre cualquier demanda específica de vínculos comerciales que sugirieran que sus protocolos de monitoreo habían fallado en descartar proveedores sospechosos.
Rodríguez no se refirió a los vínculos de la compañía con los exportadores que están siendo investigados por lavado de dinero, los vínculos con las empresas fachada de Peter Ferrari o la relación de la firma con los proveedores radicados en el centro de minería ilegal de Madre de Dios, quienes han sido identificados públicamente como compradores de oro producido por el clan de minería ilegal más notable de la región.
"Lo que puedo decirles es que con seguridad hemos seguido los protocolos apropiados según los estándares internacionales", señaló Rodríguez. "Usted hace su mejor esfuerzo para verificar la información que le entregan, pero desafortunadamente no tenemos la capacidad de tener un alcance tan grande como el de los organismos locales que están a cargo de velar por el cumplimiento de la lay o emitir las licencias".
Así, ¿es justo decir que Kaloti puede haber estado importando oro ilegal aun cuando haya cumplido sus obligaciones legales de diligencia debida y protocolos de conformidad?
"Sean cuales sean sus estándares siempre tiene que aplicar lo mejor de sus capacidades y al final del día ellas son lineamientos, porque hay elementos en juego que se le salen de las manos", comentó Rodríguez.
¿Y es correcto decir que Kaloti no puede afirmar con ninguna certeza que no estuviera a punto de importar oro ilegal antes de su decomiso en Callao?
"Eso hace parte de la investigación en curso; eso no se ha establecido", replicó Rodríguez. "Las autoridades están actuando con base en sus presunciones y hay un debido proceso que se requiere para esta investigación y eso es lo que tenemos que respetar".
Pero, ¿puede Kaloti negar los informes que aparecen en los medios peruanos sobre la inclusión de la empresa en las investigaciones de las autoridades peruanas
"Son investigaciones en desarrollo, y no se ha publicado nada hasta el momento que diga que las autoridades ya tienen algo seguro, por eso quedamos algo sorprendidos en la forma como ciertos medios de noticias obtuvieron y divulgaron cierta información que francamente es privilegiada", comentó Rodríguez.
Y añadió que Kaloti amenazó con emprender acciones legales contra InSight Crime, porque la empresa sintió que nuestro artículo trataba falsamente de implicar a Kaloti en la importación de materiales ilegales. Al insistir en si el decomiso permanente del oro destinado para Kaloti y las investigaciones en Perú implican que la empresa podía estar ad portas de importar oro ilegal aun sin saberlo, respondió: "En el caso por el que pregunta, eso está en investigación y está por determinar".
Rodríguez añadió que el artículo original de El Comercio se basaba en información que o era errónea, mal enunciada o privilegiada, pero que no comentaría con qué partes de la historia discrepaban. Espinoza, sin embargo, confirmó que la información referente a las empresas nombradas en El Comercio era correcta.
Una nueva dinámica
El decomiso de Callao anunció los inicios de una era en la que la exportación ilegal de oro no será tan fácil. El resultado, dice Espinoza, fue una revisión general de los métodos usados para sacar oro ilegal de Perú.
"Los decomisos han bajado mucho, porque la presunción es que ahora están contrabandéandolo por la frontera con Bolivia", señaló.
Este nuevo modus operandi ya fue expuesto por el periodista investigativo Óscar Castillo y el sitio de noticias Ojo Público. Castillo afirmó que hubo un incremento de 4.000 por ciento en las exportaciones bolivianas entre 2013 y 2014, mucha parte de las cuales estuvieron ligadas a empresas peruanas sospechosas de tener nexos con el oro ilegal. Su informe mencionaba a Kaloti, que tiene una oficina en Bolivia, entre los receptores del oro sospechoso.
La evolución de las rutas exportadoras muestra que el comercio de oro ilegal en Perú está evolucionando para acomodarse a las medidas de fuerza de las autoridades, y no cabe duda de que seguirá haciéndolo mientras haya compradores para su producto en el mercado negro.
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Kaloti, entre tanto, sostiene que trata de hacer su mejor esfuerzo en circunstancias difíciles en Perú y Bolivia y que en ningún momento ha eludido sus obligaciones de monitoreo de la cadena de suministro.
"Sólo somos gente que trabaja aquí y al final del día estamos tratando de hacer nuestro trabajo de manera correcta y apropiada, según las leyes y regulaciones que se nos aplican", resaltó Rodríguez.
Sin embargo, para la UIF, las empresas extranjeras que compran oro de Perú deben asumir mayor responsabilidad.
"Es relativamente fácil comprobar si cierto oro viene o no de una concesión legal. Ellos están en capacidad de comprobarlo", comentó Espinoza. "El comprador extranjero tiene la responsabilidad de saber a quién le compra y de informarse de que no sean una organización criminal, que no estén tumbando los bosques, dañando el medio ambiente o empleando a niños".
Kaloti Metals and Logistics responde:
Kaloti Metals & Logistics anuncia fortalecimiento de iniciativas de conformidad legal
5 de enero, 2016 –Miami, FL– Kaloti Metals & Logistics (KML), empresa familiar con sede en Miami y operaciones en todas las Américas, reafirma su compromiso de adelantar su actividad de conformidad con los más elevados valores éticos. KML continúa fortaleciendo su amplio y robusto programa Contra el Lavado de Dinero y Lucha a la Financiación del Terrorismo (AML/CFT, por sus iniciales en inglés).
Hay personal de conformidad legal interno y externo a la compañía dedicado a garantizar el pleno cumplimiento de todas las normas y regulaciones domésticas e internacionales aplicables. Además, la Ley de Secreto Bancario de 1970 (BSA, por sus iniciales en inglés) y la Ley USA PATRIOT de 2001 requiere a las instituciones financieras, incluyendo a los tratantes de metales preciosos, que establezcan un programa contra el lavado de activos.
KML tiene un programa organizacional de AML/CFT establecido, que se ajusta a las diferencias en normativas, regulaciones, procedimientos y prácticas en múltiples países mientras adopta una estrategia proactiva de debida diligencia en la cadena de suministro. Al hacerlo, KML ha implementado medidas siguiendo las recomendaciones publicadas por la Organización para la Cooperación y EL Desarrollo Económicos (OECD).
El 16 de diciembre de 2015 un artículo falso, erróneo y difamatorio fue publicado en InSight Crime. A continuación se enumeran las principales afirmaciones falsas contenidas en el artículo.
1.El artículo describe a Kaloti Metals & Logistics como parte del Grupo Kaloti Jewellery Group (KJI), con sede en Dubái. Esto no es preciso; KML es una corporación independiente con sede en la Florida, que hace negocios con KJI.
2.El artículo insinúa una y otra vez que KML está bajo investigación por las autoridades peruanas. Esto también es erróneo. KML no tiene ninguna investigación en curso por parte de las autoridades peruanas, pero ha brindado información y cooperación cuando se le ha solicitado.
3.Pese al hecho de que hay seis empresas similares que operan en Perú, el autor no nombró las otras refinerías internacionales que compran metales preciosos en Perú. En contraste, sólo KML aparece mencionado 21 veces.
4.Durante una entrevista telefónica con el periodista, la compañía entregó contexto sustancial que la publicación ignoró o distorsionó.
"KML está extremadamente consciente de los problemas inherentes a la realización de negocios en esta industria y se enorgullece de su compromiso con la construcción de una cultura de observancia en todos sus tratos comerciales. KML apoya plenamente a las autoridades del gobierno, tanto domésticas como en el exterior, en su lucha contra las actividades de la minería ilegal", dice Awni Kaloti, Director de operaciones.
KML se ha sometido a auditorías independientes de conformidad legal realizadas por parte de especialistas certificados de ACAMS, quienes han considerado que KML no sólo cumple plenamente con las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) en lo que respecta al Abastecimiento Responsable de Metales Preciosos, sino que también cumple todos los requerimientos de ley y las normativas aplicables.
Kaloti prosiguió: "La empresa debe proteger su reputación y no se explica por qué esta publicación optó por un falso informe. KML reitera que sólo hace negocios con empresas que posean la documentación apropiada para realizar actividades comerciales en el momento de la transacción y que cumplan todos los requerimientos legales de Estados Unidos y de su país de origen".
Debe señalarse que cuando ha sido preciso, KML ha adoptado acciones preventivas para descontinuar su actividad comercial con algunas empresas, obedeciendo a sus medidas de monitoreo de actividades y Debida Diligencia Reforzada (EDD, por sus iniciales en inglés). Como líder de la industria, KML también participa regularmente en diálogos con exportadores y productores con el ánimo de promover prácticas de abastecimiento responsable.
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