Incautaciones de armas de guerra en Venezuela atizan ambiente bélico

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Tres recientes incautaciones de armas de guerra en Venezuela dan nuevas pistas de la falta de control sobre la circulación de armas yun mercado negro hasta ahora no identificado en el país, precisamente cuando atraviesa una grave crisis política con matices bélicos.

El evento que encendió las alarmas fue el decomiso de armas y pertrechos militares en el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, capital del estado Carabobo. El viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ender Palencia Ortiz, informó que las autoridades incautaron 19 fusiles, seis teléfonos con siglas militares y 90 antenas de radio para BT 150 para uso militar.

Palencia Ortiz destacó que las armas procedían de Miami y que llegaron a Venezuela el 3 de febrero. Aunque no se reportaron detenciones, el viceministro aseguró que se emprenderían las investigaciones para “dar con los responsables de financiar grupos terroristas que pretenden atentar la paz del pueblo de Venezuela”.

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Otra de las incautaciones se realizó el 4 de febrero en el estado Barinas. La GNB detuvo a un sargento de ese componente de la fuerza armada junto a su esposa y a sus dos hijas de 7 y 4 años de edad. Se le decomisaron siete fusiles automáticos livianos (FAL) que supuestamente intentaría vender.

La tercera incautación reciente se reportó el 9 de febrero. La GNB detuvo a dos hombres en una alcabala del estado Sucre y les incautaron cuatro fal calibre 7,62; mil cartuchos calibre 7,62×51 mm; mil cartuchos, calibre 7,62×39 mm; 24 cargadores de fal; doce radios portátiles con su respectivo cargador y antena y un teléfono celular.

Y en una operación poco común, esa misma semana la policía científica desmanteló en el estado Carabobo un “laboratorio” de municiones para armas de guerra. Dos hombres fueron detenidos y el reporte policial señala que las municiones, “eran comercializadas y distribuidas a bandas delictivas que operan por todo el territorio nacional”.

Estos procedimientos ocurrieron justo cuando el país está en medio de una fuerte tensión política entre el gobierno y la oposición de Venezuela. Mientras Nicolás Maduro alerta sobre una inminente intervención militar “orquestada” por Estados Unidos, la oposición, liderada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, insta a los militares a contribuir con la recuperación de la democracia en el país.

Análisis de InSight Crime

La circulación de armas sin ningún control ha sido común en Venezuela en los últimos años. En 2012, la Comisión Presidencial para el Control de Armas y Municiones calculó que en el país había entre 1,2 y 1,5 millones de armas sin registro en manos de civiles. Además algunos estudios encuentran una relación entre la cantidad de homicidios que ocurren en Venezuela, 81 por 100.000 habitantes, y el hecho de que 89 por ciento de estos homicidios se cometen con armas de fuego.

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Es frecuente que las bandas criminales dispongan de granadas y armas de guerra en la mayoría de los casos provenientes de los cuarteles y los arsenales militares. Algunos expertos venezolanos calculan que 85 por ciento de los proyectiles utilizados por las bandas —el dato corresponde a un informe realizado en 2015 por el propio Gobierno, que nunca fue publicado— provienen de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim).

Pero estas armas no están solo en manos de grupos criminales, pues los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han anunciado públicamente y sin ningún rubor su disposición a armar a los “colectivos”, grupos paramilitares de civiles vinculados al chavismo; y a las milicias, grupos de civiles uniformados, pero sin formación militar.

Las recientes incautaciones de, al menos 30 fusiles, en tres procedimientos distintos son una señal que llama la atención, pues no parece posible identificar qué destino podrían tener estas armas. Por una parte, la impunidad con que opera el mercado negro de armas ha sido descrita a través de investigaciones periodísticas que indican que funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado hacen negocios a través de las redes sociales y venden este armamento a los bandas delictivas.

Pero por otro lado, las incautaciones ocurren en uno de los momentos de mayor tensión política que ha experimentado Venezuela en los últimos años, cuando Maduro parece estarse preparando para un eventual conflicto contra Estados Unidos y ordena ejercicios militares, envía a 700 policías de las temidas Fuerzas de Acciones Especiales  (FAES) a la frontera con Colombia, activa la Milicia Nacional Bolivariana y se apoya en grupos de civiles armados (“colectivos”) para mantenerse  en el poder. Maduro ha dicho claramente que usará las armas en contra de una supuesta invasión extranjera.

El desarme de la población civil es una tarea pendiente en Venezuela y no ha sido suficiente con la promulgación de una ley ni los “incentivos” promovidos por el gobierno de Nicolás Maduro para despojar a las bandas criminales del arsenal del cual disponen. De hecho, la retórica en torno a la idea de “pueblo en armas”, que ha sido una constante en el discurso oficialista y ahora ha sido revivida, es un obstáculo adicional.

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