El 16 de junio en Guatemala, los votantes acudirán a las urnas para elegir un nuevo presidente, una decisión que sin duda tendrá profundas implicaciones, no solo para la seguridad interna del país centroamericano, sino también para la estabilidad regional en Latinoamérica.
Hasta ahora, la temporada electoral de este año se ha visto afectada por la controversia y los intentos de subvertir el proceso electoral.
En abril, fiscales estadounidenses acusaron al candidato presidencial Mario Amílcar Estrada Orellana de solicitar fondos de campaña al mexicano cartel de Sinaloa, junto con sus servicios para asesinar a sus rivales políticos. Poco después, la corte de constitucionalidad de Guatemala vetó a las dos candidatas que se prefilaban como las mayores contendientes en la campaña presidencial.
Zury Ríos —hija del fallecido general del ejército y dictador Efraín Ríos Montt— fue vetada de la contienda en mayo con base a un artículo de la Constitución que prohíbe a parientes de quienes “tomen acción en un golpe de estado o revolución armada” postularse como candidatos presidenciales. Montt se convirtió en presidente luego de un golpe militar en 1982.
La exfiscal general Thelma Aldana también fue declarada ineligible como aspirante a la presidencia poco después por cargos de corrupción. La paladín anticorrupción era considerada una clara favorita en las elecciones. Su retiro facilitó el ascenso en las encuestas de otros candidatos.
A continuación, InSight Crime analiza los cuatro principales aspirantes a la presidencia de Guatemala.
Sandra Torres, UNE
La actual favorita en las encuestas, Sandra Torres, se postula a la presidencia por tercera vez en representación de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), uno de los partidos políticos más antiguos de Guatemala, el mismo de su exesposo, el expresidente Álvaro Colom.
El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) investigó a Torres y a UNE en 2015 por presunta financiación electoral ilícita en su infructuosa puja por la presidencia. Finalmente, perdió frente al saliente presidente Jimmy Morales, quien también es sujeto de investigación de la CICIG por haber recibido presuntamente fondos de campaña de fuentes ilícitas.
Dicho esto, Torres ha prometido limpiar la casa para librar las instituciones nacionales de la corrupción que se ha apoderado de ellas.
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"Desde el primer día de gestión... voy a barrer el Gobierno de toda la corrupción que hoy está incrustada [sic]”, fueron sus palabras recogidas por Prensa Libre en el mes de mayo.
Sin embargo, Torres no ha presentado un plan anticorrupción sólido, y solo ha llegado a decir que se enfocaría en un “plan de austeridad” para crear un “gobierno abierto, eficiente y transparente”. Dejaría la decisión sobre el futuro de la CICIG a un referendo público.
Los presuntos nexos de corrupción de la misma Torres, combinados con su afiliación a uno de los partidos políticos más arraigados en Guatemala, indican que su lucha por reprimir los malos manejos en la administración pública podría ser más una promesa vana que una acción real. Por otra parte, una encuesta realizada en abril arrojó que casi la mitad de los votantes declaró que jamás votarían por ella, lo que lleva a pensar que una parte de la población no tiene fe en el mantenimiento de los sistemas políticos establecidos.
Sobre el problema de las pandillas en el país y su dominio del sistema carcelario, Torres ha propuesto una reforma penitenciaria “integral” que no se centra en las causas, sino en el aislamiento de presos en cárceles localizadas a gran distancia de la ciudad y en el bloqueo de señales de celular, con el ánimo de impedir las comunicaciones y la actividad criminal.
“Con esos recursos podemos construirlas [nuevas cárceles], sacarlas del área urbana, aislarlas y acabar con las extorsiones”, aseguró Torres en declaraciones a Prensa Libre en junio. Sin embargo, no menciona cómo enfrentará la corrupción imperante en las prisiones que permite que los reclusos sigan cometiendo delitos desde el encierro.
La candidata presidencial de UNE también se ha comprometido a mejorar la coordinación interinstitucional, y modernizar e incrementar las capacidades investigativas y tecnológicas de un cuerpo de policía nacional con una necesidad urgente de reforma amplia. También planea militarizar de manera temporal los sectores de la ciudad con altos índices de actividad criminal.
Es general la opinión de que Torres es la favorita para ganar las elecciones, pero sus propuestas de lucha contra la corrupción, la inseguridad y el crimen indican que traería poca innovación si llegara a la Presidencia.
Roberto Arzú, PAN-Podemos
El aspirante a la presidencia Roberto Arzú tiene poca experiencia política, pero está cortado a la medida de la clase alta conservadora de Guatemala. Es el hijo del fallecido expresidente y exalcalde de Ciudad de Guatemala Álvaro Arzú, y representa la coalición de partidos políticos PAN-Podemos (Partido de Avanzada Nacional —PAN— y Podemos).
Hasta ahora, Arzú ha adoptado una inclinación a las políticas de mano dura en sus planes de reforzar la seguridad y aplastar a los grupos criminales del país, de manera muy similar a como lo hizo su padre antes de él.
“Hay 16 mil soldados en bases militares que le cuestan a Guatemala más de Q2 mil millones de quetzales [unos US$260 millones], y en lugar de tenerlos allí los vamos a sacar a las calles para brindar seguridad”, aseguró Arzú a Publinews en mayo.
También propuso militarizar las cárceles del país, reformar y profesionalizar la policía nacional, y aumentar el pie de fuerza policial a 60.000 efectivos. El aspirante sostiene que esto dejará dos opciones a los criminales capturados por las autoridades: “someterse o morir”.
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Esas estrategias carecen de base y muestran que Arzú no comprende a cabalidad las causas que dieron origen a algunos de los problemas de seguridad en Guatemala. Este enfoque militarista, como otros que han fracasado en otros lugares de la región, no tendrán un impacto positivo en la inseguridad o en el control que detentan los grupos criminales. Cualquier ganancia a corto plazo será con certeza no más que eso, algo provisional, con poco impacto a largo plazo.
En relación con las iniciativas anticorrupción, Arzú ha recalcado que la CICIG dejará de existir luego de la expiración de su mandato en septiembre de 2019, aunque no ha ofrecido un plan concreto para llenar el vacío que deje la comisión. El mismo Arzú protestó contra el organismo anticorrupción avalado por las Naciones Unidas y respaldó la decisión de Morales de expulsar al excomisionado, el fiscal colombiano Iván Velásquez.
Esto hizo parte de una iniciativa más amplia de Morales y otras élites de echar para atrás los importantes avances hechos por el país en la campaña contra la corrupción. Aunque la CICIG permitió apuntalar la capacidad del Ministerio Público, poderosas redes de grupos enquistados en el poder —que podrían exacerbarse con Arzú como presidente— indican que las instituciones locales por sí solas no serán suficientes para enfrentar la corrupción con dientes.
“La CICIG fue un buen proyecto con buenas intenciones, pero mal manejado por la gente que comenzó a hacer política ideológica y querían manipular los procesos electorales, atacando incluso el estado de derecho”, ha dicho Arzú.
Una presidencia de Arzú significará casi seguramente un paso atrás para la iniciativa anticorrupción en Guatemala y una continuación de medidas de seguridad obsoletas que han resultado inefectivas en el pasado.
Alejandro Giammattei, Vamos
Con toda una vida en la política, Alejandro Giammattei esta es su cuarta aspiración presidencial en representación del partido político Vamos después de infructuosas campañas presidenciales en 2007, 2011 y 2015, cada vez con un partido diferente. También fue candidato a la alcaldía de Ciudad de Guatemala en 1999 y 2003, pero también fue derrotado.
Su candidatura de 2019 parecía condenada al fracaso, pero al sacar de la contienda a Aldana y a Ríos tuvo una ventaja adicional que lo puso en segundo lugar, según algunas encuestas recientes.
Las propuestas de seguridad poco definidas de Giammattei giran en torno a la recuperación del sistema penitenciario como una forma de combatir el crimen y a los grupos criminales en el país. El presidenciable también ha descartado la continuación de un organismo anticorrupción independiente como la CICIG. Con los años, él ha sido un punto negro en un sistema político acusado durante años de abuso de autoridad y corrupción absoluta.
De hecho, entre 2006 y 2008 cuando Giammattei fue director del sistema carcelario de Guatemala, el país se vio conmocionado por dos de las peores masacres en prisión ocurridas en la pasada década. En septiembre de 2006, fuerzas de la policía irrumpieron en el penal de Pavón con el objetivo de retomar el control, pero en lugar de eso en el proceso ejecutaron extrajudicialmente a siete internos. Por su participación en los hechos, Giammattei fue arrestado en 2010, pero quedó absuelto más adelante, en 2011.
Al año siguiente, en febrero de 2007, cuatro policías acusados del homicidio de tres diputados salvadoreños y de su conductor ese mismo mes, fueron asesinados en la prisión El Boquerón. Las investigaciones de la CICIG y del Ministerio Público señalaron que un escuadrón de la muerte conformado por policías había asesinado a los agentes. Como director del sistema carcelario de Guatemala en la época, Giammattei atestiguó a favor de uno de los jefes de policía encausados. Declaró que toda la investigación había sido un "montaje", que nunca se demostró que fuera cierto.
Pero los cuestionables antecedentes judiciales de Giammattei no son el único motivo de preocupación.
Otro punto en contra de Giammattei es su relación con Ingmar Walterio Iten Rodríguez, oscuro operador político a quien la Fiscalía General acusa de gestionar sobornos pagados a la administración de impuestos de Guatemala para agilizar el pago de reembolsos tributarios a empresas privadas. Iten también puede haber sido uno de los aportantes de la campaña presidencial de Giammattei en 2011, según una investigación de El Periódico.
Edmond Mulet, Partido Humanista
Edmond Mulet es político y diplomático de carrera. Participa en representación del Partido Humanista en las próximas elecciones.
Al comienzo de esta década, Mulet fue jefe de gabinete del exsecretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon antes de ser nombrado como Representante Especial de la ONU en Haití y Jefe de la Misión Especial de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití en 2011, cargo que ocupó hasta 2015. En la década de 1990, Mulet fungió como embajador de Guatemala en Washington, DC, y después de eso, como embajador del país centroamericano ante la Unión Europea.
Mulet también fue diputado en Guatemala y fue designado presidente del Congreso, de 1992 a 1993. Antes de su periodo como diplomático y político, Mulet enfrentó denuncias de participación en una red ilegal de adopciones, mediante la cual extranjeros adoptaban niños guatemaltecos. Como abogado debutante en la década de 1980, se dice que Mulet “eludió controles legales” que garantizaban la protección de menores de edad, según una investigación de Plaza Pública. Fue detenido, pero los cargos —que niega— fueron retirados y nunca compareció en juicio.
De toda la propuesta de plan de gobierno de Mulet, la estrategia de seguridad ocupa solo dos de las más de 30 páginas que la componen. Eso es así pese a que reconoce abiertamente la necesidad de un “cambio profundo” en este aspecto.
El aspirante a la presidencia propone reestructurar y elevar la capacidad investigativa de la institución de policía nacional con la esperanza de facultarla para combatir mejor a los grupos criminales del país, principalmente a las pandillas como la MS13 y Barrio 18, que dependen fuertemente de la extorsión a la población local.
En un esfuerzo por combatir mejor el narcotráfico, Mulet propone reforzar la presencia de los organismos de seguridad en zonas donde el Estado ha sido “débil o inexistente”, especialmente en la porosa frontera de regiones colindantes con México hacia el norte y el oeste, y con El Salvador y Honduras, hacia el sur y el este. Esas regiones sin presencia del estado son perfectas para el narcotráfico, y otros delitos, como el tráfico de valiosos recursos naturales y animales.
Mulet también aspira a mejorar la eficiencia del sistema penitenciario de Guatemala en parte con la construcción de “modernas” prisiones de máxima seguridad en el centro del país para evitar la fuga de criminales de alto perfil.
En general, la plataforma de Mulet no tiene mucho que ofrecer en términos de propuestas serias para mejorar la seguridad y combatir la corrupción, que tanta inquietud genera entre los votantes.
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