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ANÁLISIS

Indulgencia por coronavirus: presos famosos de Latinoamérica piden libertad

BRASIL / 23 ABR 2020 POR EIMHIN O’REILLY ES

A medida que la crisis por el coronavirus deja en evidencia las fragilidades de los sistemas penitenciarios de Latinoamérica, miembros de la élite criminal de la región están buscando que se les conceda libertad condicional o arresto domiciliario de manera temporal. Dada la incertidumbre en torno a la duración de la crisis, queda la duda sobre qué tan “temporales” podrían ser estas concesiones.

A continuación, InSight Crime presenta la lista de los detenidos más destacados que buscan indulgencia por el coronavirus:

Alejandro Toledo

El expresidente de Perú (2001-2006) está acusado de recibir US$20 millones en sobornos de la constructora Odebrecht, la cual creó una red de corrupción que ha implicado a decenas de las figuras políticas y empresariales más destacadas de Latinoamérica. Toledo fue arrestado en julio del año pasado por agentes estadounidenses en California, donde se encontraba como académico visitante en la Universidad de Stanford. Desde el momento de su arresto, el equipo de abogados de Toledo ha intentado evitar la solicitud de extradición que, de ser aprobada, lo devolvería a Perú.

El 20 de marzo, un juez de Estados Unidos decidió aceptar la solicitud de libertad de Toledo bajo una fianza de un millón de dólares, informó AP. “El temor de la corte era que Toledo huyera del país”, declaró el magistrado Thomas S. Hixson en su decisión, “pero actualmente es difícil realizar viajes internacionales”. En su decisión, Hixson señaló además que Estados Unidos tiene la obligación de regresar a Toledo vivo a Perú. Con una edad de 74 años, Toledo forma parte de la población que corre más riesgo de desarrollar enfermedades graves por el virus.

Jessica Oseguera

Foto de la Fiscalía General de la República

Jessica Oseguera es hija del narcotraficante mexicano Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Oseguera fue arrestada el 26 de febrero cuando ingresaba a un tribunal estadounidense para asistir a la audiencia de su hermano, juzgado por cargos de narcotráfico. Un gran jurado secreto la había acusado de crímenes financieros.

Oseguera, que posee la doble ciudadanía estadounidense-mexicana, fue acusada de asociación con negocios vinculados al CJNG a los que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había incluido en su lista negra.

El 19 de marzo, el abogado de Oseguera adujo que su clienta podría adquirir el coronavirus en una solicitud para que se la liberara bajo fianza; ofreció como garantía la casa de la tía de Oseguera en California. Sin embargo, según el Courier Journal de Louisville, los fiscales alegaron que Oseguera sobrevaluó deliberadamente la propiedad para engañar al tribunal. El 24 de marzo, la jueza Beryl A. Howell negó la solicitud tras considerar que hay altas probabilidades de que Oseguera se fugue y que su riesgo de enfermar gravemente es bajo, pues solo tiene 33 años.

Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Bustillo

De izquierda a derecha: Sergio Rodríguez Orellana, David Castillo y Douglas Bustillo, en un comunicado de prensa de COPINH

En diciembre pasado, Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Bustillo fueron condenados a 30 años de prisión, junto a otras cinco personas, por su participación material en el asesinato, en 2016, de la activista ambiental hondureña Berta Cáceres. En un comunicado de prensa del 7 de abril, la organización fundada y dirigida por Cáceres hasta su muerte, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), “hizo graves denuncias” de presuntos intentos del equipo de abogados de Orellana y Bustillo de conseguir una liberación temporal.

El documento habla de “enormes esfuerzos” para sacar a Bustillo y Orellana de la cárcel por “supuestas razones médicas” y de intentos similares para obstaculizar el caso contra David Castillo. Acusado de orquestar el asesinato cuando se desempeñaba como coordinador de seguridad de la compañía hidroeléctrica Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Castillo ha enfrentado un juicio con numerosos retrasos, el cual ha estado prácticamente paralizado desde abril del año pasado.

Dario Messer

Dario Messer, comerciante de divisas brasileño, era la figura clave de un esquema internacional de lavado de dinero desmantelado por las autoridades brasileñas como parte de la investigación anticorrupción Lavado de Autos (Lava Jato). Dicha red, que operaba en 52 países, fue valorada en más de US$1.600 millones, e involucró a los niveles más altos del poder en la región. El expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, quien actualmente enfrenta cargos por lavado de dinero, describió a Messer como su “hermano del alma” y supuestamente le envió US$500.000 entre 2013 y 2018.

Messer, de 61 años, argumentó que su edad, así como antecedentes de tabaquismo e hipertensión lo ponen en alto riesgo de enfermar por el coronavirus. Sus abogados también alegaron que podría poner en riesgo a otros reclusos, pues a finales de marzo había sido sometido a cirugía en un hospital donde hay casos confirmados de coronavirus.

Según ABC Color, el juez federal Marcelo Bretas decidió aceptar la solicitud el 26 de marzo y concedió el arresto domiciliario por razones humanitarias. Sin embargo, Bretas también declaró que “esta medida se volverá a revisar tan pronto como esta emergencia y las circunstancias excepcionales terminen”.

Peter Ferrari

Pedro Pérez Miranda, más conocido por su alias, “Peter Ferrari”, fue el principal capo del oro en Perú; es acusado por las autoridades peruanas de exportar 13 toneladas de oro ilegal, y es buscado por funcionarios estadounidenses por presuntamente haber lavado miles de millones de dólares. Antes del surgimiento del COVID-19, Ferrari había estado recluido en una cárcel de Lima desde enero de 2017, a la espera de la resolución de su caso, que ha avanzado lentamente en los tribunales peruanos.

El 13 de abril, el equipo de abogados de Ferrari presentó un Habeas Corpus ante el Tribunal Constitucional de Lima en el que solicitaron que fuera trasladado a arresto domiciliario con vigilancia electrónica. La moción, que fue publicada por La República, afirma que la continua detención de Ferrari representa “un retraso indebido e inconstitucional, que, debido a la situación de la pandemia actual, podría causar un grave impacto en la salud [de Ferrari], e incluso podría llevar a su muerte”.

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