Aun en el mejor de los casos, hay pocos incentivos para hacerse testigo colaborador de la justicia en El Salvador. Y, como lo descubrió un testigo, la participación no garantiza que algo cambie.
Ya estaba cansado. Las cosas llevaban así más de una década, y decidió que era la hora de dejar de quejarse solo con su familia y amigos cercanos de la extorsión sistemática que padecía su ruta de autobús por parte de las maras. Era el momento de presentar una denuncia formal ante la policía y la Fiscalía General.
Su contacto inicial fue bueno, le dijo a InSight Crime después de acceder a hablar, siempre y cuando no reveláramos ni su identidad ni su nombre clave en el caso ni el caso en el que participó. Cualquier fragmento de esa información lo pondría en riesgo a él y a su familia. (Para corroborar su historia, InSight Crime tuvo acceso al expediente, a colegas en otras cooperativas de autobuses y a otras personas que participaron en la investigación).
En esas primeras reuniones, les dio información valiosa a los detectives y fiscales, información con la que podían abrir un caso, y lo hicieron. La causa era contra un operador de autobuses y su pandilla, cómplice de extorsión y lavado de dinero. La acusación establece que el operador era el intermediario del jefe de la pandilla, quien extorsionaba de manera sistemática a los otros dueños de autobuses en la misma ruta.
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En cierto punto, el jefe de la pandilla comenzó a usar al interlocutor para conseguir autobuses para él y su familia. El operador de autobuses puso algunos de esos vehículos a su nombre, señala el expediente. Era un mecanismo bastante común, del tipo que evidenciaba cómo las pandillas habían pasado de ser rufianes callejeros a pequeñas mafias. Se han juzgado muchos casos similares.
Con la cooperación del testigo, los fiscales pudieron escuchar llamadas telefónicas, obtuvieron registros financieros, y rastrearon propiedades del operador de autobuses, de su familia y del jefe de la banda. Establecieron que algunas de las órdenes de compra se habían falsificado para blanquear algunos de los ingresos por extorsión. Hallaron que el operador de autobuses compró varios vehículos y casas, una de las cuales se pagó en efectivo y se transformó en un motel.
El informante se sentía tranquilo con los lugares donde se reunía con los funcionarios, en especial un edificio en el que podía hablar con relativa privacidad. Esa oficina está situada en un lugar donde las pandillas no tienen una presencia fuerte. Para intimidar a los informantes y descubrir quiénes son, se sabe que las pandillas envían personas que vigilen fuera de los edificios públicos, lugares en los que los testigos se entrevistan con detectives y fiscales. Las pandillas también han infiltrado las oficinas de la policía y las fiscalías, por lo que hablar en espacios abiertos con un investigador puede ser incómodo y peligroso.
Estaba preocupado, por supuesto. El caso era contra una clica poderosa, que había tenido el control de esa ruta de autobuses por años. El jefe de la clica ya había sido acusado de participar en los homicidios de otras 58 personas, muchos de ellos porque el jefe y otros pandilleros sospechaban que servían como informantes contra la pandilla. También había sido acusado de “terrorismo” y delitos relacionados con narcotráfico.
Para el juicio, el informante se iría por unos días y necesitaba una coartada para sus compañeros de la empresa de autobuses. Los fiscales le dijeron que podían ayudarle con una visa de turismo a Estados Unidos, pero al ver que se demoraba, preguntó si lo podían llevar a la frontera con Guatemala, o poner alguna especie de sello en su pasaporte. Eso nunca sucedió, y se preocupó.
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En vez de eso, por los días del juicio, lo llevaron a un hotel. El día antes de su testimonio, cuenta que lo recogieron y lo llevaron a una fiscalía. El auto no tenía vidrios polarizados, lo cual le molestó. En la oficina, hicieron una simulación para prepararlo para la audiencia. El fiscal gritó, intentó ponerlo nervioso. Le recordó un programa de televisión.
Al día siguiente, rindió testimonio. Llevó el rostro cubierto al ingresar, pero el juez y su secretario le vieron la cara. Eso también le produjo ansiedad.
El caso avanzó, y sus temores aumentaron. Otros operadores y dueños de autobuses preguntaban por su ausencia. No tenía nada en el pasaporte, pero les dijo que había salido del país a un seminario. Uno de ellos le pidió el pasaporte, pero se las arregló para cambiar de tema y el colega pareció olvidarse del asunto.
Entre tanto, se presentaron otros casos. Decidió, tal vez en contra de su buen juicio en ese punto, ayudar en dos casos de extorsión. Hay un tercer caso por homicidio, pero no está colaborando con ese, dice, porque no tiene información privilegiada. Y eso le preocupa.
En total, se han necesitado casi tres años para que el caso original por extorsión se abra paso en el sistema. Al comienzo, se sentía esperanzado, incluso optimista. Además de su declaración, tienen testimonios de la policía y de un contador público. Tienen documentos en los que se muestra el lavado de dinero. Han interceptado llamadas telefónicas que evidencian la relación entre el operador de autobuses y el jefe de la pandilla.
Pero el caso ha dado un mal giro. Aunque se espera un fallo en el caso en las próximas semanas, los acusados recibieron tobilleras y salieron de prisión. Eso es lo que más le angustia.
Ilustración: Juan José Restrepo
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