En medio de crecientes preocupaciones acerca de la violencia armada en Estados Unidos y México, un reciente informe menciona varios obstáculos burocráticos que impiden los esfuerzos estadounidenses para detener el flujo de armas ilícitas a su vecino del sur.
El 11 de enero, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO por sus iniciales en inglés) publicó un informe (pdf) en el que critica la falta de colaboración efectiva entre las dos agencias estadounidenses encargadas de luchar contra el tráfico de armas transfronterizo: la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus iniciales en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional, Inmigración y Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés).
La GAO “identificó varios problemas persistentes en cuanto al intercambio de información, así como algunos desacuerdos sobre los respectivos papeles de los organismos en las investigaciones”. Como respuesta a las recomendaciones que había hecho la GAO en 2009, la ATF y el ICE intentaron mejorar su mutua cooperación mediante la actualización de un memorando de entendimiento entre ambas organizaciones. Pero este nuevo informe señala que actualmente no existe ningún mecanismo que permita verificar si ambas instituciones están cumpliendo con sus funciones.
Además, la GAO indicó que “también puede haber cierta confusión en México sobre las funciones de la ATF y el ICE en la lucha contra el tráfico de armas”. Según las evaluaciones, los organismos policiales mexicanos consideran a la ATF como “su principal homólogo estadounidense en las investigaciones por tráfico de armas”. Sin embargo, la ATF está encargada de investigar las violaciones a las leyes estadounidenses con respecto a las armas a nivel interno, mientras que el ICE tiene la responsabilidad de investigar las operaciones de tráfico internacionales.
El informe también señala que la corrupción en los organismos de seguridad mexicanos ha contribuido a la reticencia para compartir información.
“A los funcionarios del ICE en Estados Unidos y a lo largo de la frontera con México les preocupa proveer información a los funcionarios del ICE en México, por temor a que la información pueda llegar inintencionadamente a las autoridades mexicanas corruptas y comprometer sus investigaciones”, dice el informe de la GAO.
La GAO criticó además a la Oficina de la Casa Blanca de la Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP por sus iniciales en inglés) por usar las cifras sobre incautaciones de armas “vinculadas con México” como una manera de evaluar la efectividad de su estrategia contra el tráfico de armas, alegando que “no es una medida adecuada” para determinar si los esfuerzos del organismo están funcionando.
Por el contrario, la GAO propone que la ONDCP combine estas mediciones con otros indicadores, como “la cantidad de incautaciones de armas de fuego en tránsito hacia México, el número de investigaciones que conducen a denuncias por el tráfico de armas relacionadas con México, y el número de condenas de traficantes de armas de fuego relacionadas con México”.
Análisis de InSight Crime
Varios expertos consultados por InSight Crime dijeron que el informe de la GAO toca ciertos asuntos familiares en relación con el tema del tráfico de armas de Estados Unidos a México. Por ejemplo, Kristen Rand, directora legislativa del Centro de Políticas sobre la Violencia (VPC por sus iniciales en inglés), señaló que “siempre ha habido disputas entre los organismos que trabajan en este tema”.
Por otro lado, Robert Muggah, especialista en tráfico de armas, del Instituto Igarapé, se refirió al informe como “un toque de diana”.
“[El informe] indica que Estados Unidos no sólo tiene dificultades para hacer cumplir las leyes escritas, sino que además su legislación con respecto a la regulación de las armas necesita urgentes mejoras”, escribió Muggah en un correo electrónico dirigido a InSight Crime. “La evidencia es clara: las armas y municiones adquiridas legalmente en Estados Unidos son un apoyo para los carteles, las pandillas y la violencia criminal cotidiana en México”.
De hecho, hay bastante evidencia que permite llegar a esta última conclusión. El informe de la GAO señala que cerca del 70 por ciento de las armas de fuego incautadas por las autoridades mexicanas se pueden rastrear hasta Estados Unidos. La mayoría de estas armas habían sido compradas legalmente en estados fronterizos como Arizona, California y Texas, antes de ser traficadas ilegalmente a México.
Además, un reciente análisis realizado por el centro de investigaciones México Evalúa señala que más de la mitad de los asesinatos perpetrados en México se cometen con armas de fuego. Otros estudios académicos han relacionado la tendencia al aumento de los homicidios con armas de fuego en México a la expiración, en el año 2004, de la prohibición que Estados Unidos había impuesto a las armas de asalto.
Como InSight Crime lo ha informado previamente, más de la mitad de las armas de fuego confiscadas en México luego de ser introducidas ilegalmente desde Estados Unidos podrían haber sido fabricadas en países extranjeros, especialmente en Rumania y Bulgaria. Las armas de asalto de alta calidad y potencia fabricadas en esos países (y a menudo modificadas en Estados Unidos antes de ser revendidas en México) siguen siendo apetecidas por un gran número de grupos criminales mexicanos.
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Si bien hay investigaciones e informes previos que han arrojado luz sobre los temas mencionados anteriormente, algunos expertos entrevistados por InSight Crime señalan que el informe de la GAO llama la atención sobre una tendencia emergente relacionada con el tráfico de armas: la expansión del comercio transfronterizo de partes sobre las que hay pocas regulaciones y que pueden ser utilizadas para ensamblar armas “caseras”.
“Creo que la información novedosa aquí tiene que ver con el papel que las armas ensambladas con partes está empezando a jugar en el tráfico internacional”, dijo Rand. “Hemos visto algunos ejemplos asilados de eso, pero creo que lo que este [informe] sugiere es que realmente se está convirtiendo en un problema muy serio”.
Bajo las leyes estadounidenses, la venta de partes de armas carece virtualmente de regulaciones. Y las partes que están más estrictamente reguladas, como los “armazones”, se pueden producir de una forma parcial —y por lo tanto no están reguladas y no son rastreables— y pueden ser fácilmente convertidas en componentes funcionales después de ser vendidas. Al igual que el informe de la GAO, la reciente cobertura de los medios de comunicación (como este artículo de Motherboard el año pasado) indica que los grupos criminales mexicanos están importando cada vez más piezas de armas de fuego de Estados Unidos para construir sus propias armas.
Aun así, como lo señaló Muggah, los grupos criminales mexicanos tienen abundantes fuentes de donde obtener fácilmente armas manufacturadas comercialmente, entre las que se encuentran las fuerzas de seguridad del país.
“Dada la gran riqueza de algunos carteles, es posible que hayan desarrollado cierta capacidad propia”, escribió Muggah. “Pero es mucho más probable que las armas se obtengan por otros medios”.
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Joy Olson, directora ejecutiva de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA por sus iniciales en inglés), dijo que los datos incluidos en el informe de la GAO sugieren que el tema del tráfico de armas está recibiendo una atención insuficiente en ambos lados de la frontera.
“Ni en el lado mexicano ni en el estadounidense percibo nada de ‘la feroz urgencia del ahora’”, dijo Olson, aludiendo a la famosa frase utilizada por Martin Luther King Jr. y pronunciada por el presidente de Estados Unidos Barack Obama durante su reciente anuncio de nuevas acciones ejecutivas encaminadas a frenar la violencia armada.
Kristen Rand, la directora legislativa de VPC, parece estar de acuerdo:
“El problema del tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México no está mejorando”, dijo.
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