Informe de Estados Unidos ilustra ardua batalla para procesar la trata de personas

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En otra aparente victoria contra la trata de personas en Latinoamérica, 37 mujeres fueron rescatadas de la explotación sexual en Argentina –pero que esa operación en realidad resulte en la encarcelación de cualquier persona, es otra cosa–.

Las mujeres fueron encontradas en varias propiedades en la ciudad noroccidental de Salta, donde fueron retenidas antes de ser enviadas a otros países, informó La Nación. La organización estaba encabezada por una mujer de 27 años de edad, informó EFE.

Varios presuntos clientes también fueron detenidos, entre ellos el alcalde de la cercana ciudad de Salvador Mazza. En declaraciones a Radio Salta, una de las mujeres que trabaja como prostituta en las propiedades allanadas, dijo que muchos de sus clientes eran políticos, señaló La Nación.

Análisis de InSight Crime

Al igual que muchos de estos casos en la región, una vez el éxito de la operación en Argentina se desvanece, permanece la cuestión de si va a ser o no objeto de seguimiento, con juicios y condenas, que en última instancia podrían tener un impacto a largo plazo.

Muchos países de Latinoamérica han hecho grandes avances en promover una legislación en contra la trata de personas –una industria que se estima que está avaluada en $US6,6 billones en toda la región– aunque dichas mejoras no necesariamente están resultando en un progreso real para las víctimas.

Aunque una buena legislación puede que esté en práctica, las tasas de condena siguen siendo bajas para los traficantes y en particular, para los funcionarios acusados ??de complicidad en el tráfico. Los políticos pueden estar utilizando los servicios de las víctimas traficadas, como se sospecha en el reciente caso de Argentina, y en un caso de alto perfil sobre prostitución infantil en Guatemala, que se destapó a principios de este año. En otros casos, los jueces fallan a favor de los sospechosos, o la policía y los oficiales de control fronterizo aceptan pagos para facilitar el tráfico sexual –la forma más común de complicidad según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito–.

Las crisis de falta de fondos, la acumulación de casos pendientes y otras ineficiencias que afectan los sistemas de justicia penal de Latinoamérica, muchos de los cuales están considerados entre los peores del mundo, agravan la corrupción arraigada. Cuando se trata de tráfico sexual, éstas cuestiones se vuelven aún más problemáticas, ya que es un delito muy difícil de procesar. Las víctimas normalmente son transportadas a lo largo de una cadena, con diferentes grupos criminales implicados en varios puntos. Por otra parte, la cooperación y el testimonio de las víctimas suele ser clave para lograr las condenas, pero a menudo son imposibles de conseguir debido al miedo a las represalias, los efectos del trauma o la expulsión del país.

InSight Crime ha seleccionado una gama de reportes de los países latinoamericanos, de este informe anual de Trata de Personas (Trafficking In Persons- TIP) del Departamento de Estado de Estados Unidos, para analizar y proporcionar un panorama de iniciativas legislativas destinadas a combatir la trata de personas en toda la región y los problemas con los que se topan.

Todos los países seleccionados están clasificados en el Nivel 2 (Tier 2) de tres opciones de “niveles” en el informe de TIP, lo que significa que no cumplen plenamente con los estándares mínimos del Departamento de Estado de Estados Unidos para eliminar la trata, pero están haciendo esfuerzos significativos para lograrlo (Nivel 1 significa que un gobierno cumple plenamente con los estándares mínimos, mientras que el Nivel 3 es para los gobiernos que no cumplen plenamente con los estándares mínimos y no están haciendo esfuerzos significativos para lograrlo). La fecha de 2012 se refiere al periodo de cobertura, que comenzó el 1 de marzo de 2012 y finalizó el 30 de abril de 2013.

Argentina

Argentina aprobó una nueva ley contra la trata de personas en diciembre de 2012 (sobre la base de la legislación creada en 2008), que prohíbe todas las formas de trata de personas, con penas de cuatro a 15 años de cárcel. Las autoridades reportaron la apertura de 368 investigaciones durante ese tiempo. Se produjeron un total de 17 condenas, 15 por tráfico sexual y dos por tráfico de mano de obra –en comparación con 31 condenas en 2011–. La corrupción relacionada con el tráfico era un problema grave, dijo el Departamento de Estado, y señaló que “no estaba claro cuáles progresos se habían hecho en las investigaciones iniciadas en 2010, de 75 agentes de la policía de Buenos Aires acusados ??de complicidad relacionada con el tráfico, y del ex jefe de la unidad policial contra el tráfico acusado de dirigir burdeles”. Las autoridades reportaron la presentación de 71 casos de complicidad relacionada con el tráfico en 2012, entre ellos uno de un comisionado adjunto de la policía acusado ??de mantener a cuatro víctimas en cautiverio.

Bolivia

Fue sancionada una nueva ley, que fortaleció la protección de las víctimas y los esfuerzos de prevención, según el informe, aunque el dinero necesario para ponerlo en práctica no siempre fue provisto –algunos ministerios no recibieron financiación que les permitiera cumplir con los nuevos requisitos hasta 2013, y no se le dio ninguna financiación específica a los gobiernos locales–. La nueva legislación también prohibió todas las formas de tráfico y aumentó las penas entre diez a 15 años, frente a los ocho a 12 años. Un total de 319 casos potenciales de trata fueron investigados y se abrieron 95 investigaciones, pero no se supo cuántos juicios resultaron. En total hubo cuatro condenas reportadas por tráfico sexual y otra por tráfico de mano de obra, en comparación con siete condenas por tráfico sexual y dos condenas por tráfico de mano de obra en 2011. El informe señaló que el número de condenas fue bajo en relación con el número de víctimas encontradas. No obstante, elogió el aumento del número de víctimas que habían sido ayudadas, una mejor coordinación entre los distintos organismos, el establecimiento de las políticas de lucha contra la trata y el hecho de que por primera vez se hubiera dado una condena por servidumbre doméstica.

Brasil 

La financiación se mantuvo para 16 oficinas de lucha contra la trata en todo el país, y se organizaron varias campañas públicas de sensibilización. Fue lanzado un nuevo plan nacional de lucha contra la trata, con US$ 2,9 millones asignados para su ejecución en 2014. Sin embargo, el informe señaló que la definición legal de la trata en Brasil era demasiado amplia en algunos aspectos y demasiado estrecha en otros. La ley prohíbe la mayoría de las formas de trata, pero dos estatutos requieren que las víctimas sean trasladadas de un lugar a otro para ser consideradas como traficadas (según la definición legal de la ONU globalmente aceptada de trata de personas, el delito no tiene que implicar el movimiento –en resumen, es más bien la captura, traslado o retención de personas por medio del uso de la fuerza, fraude o coerción con fines de explotación–). Las sanciones van de dos a ocho años de prisión. La comisión del Senado brasileño sobre la trata de personas emitió un informe recomendando aumentar las sanciones y criminalizar expresamente el tráfico de mano de obra. Hubo informes de al menos nueve juicios y seis condenas por tráfico sexual doméstico y dos por tráfico sexual internacional, pero los datos fueron “insuficientes o poco claros”, dijo el Departamento de Estado. El informe dio información específica sobre el “trabalho esclavo” (trabajo esclavo), un término utilizado para describir un problema común en Brasil, de personas que son obligadas a trabajar en condiciones de esclavitud para las principales industrias, por poco dinero o ningún pago. El Ministerio de Trabajo llevó a cabo 135 operaciones que involucraron 241 propiedades en 2012, en comparación con 171 de 342 propiedades en 2011. Un poco más de 503 investigaciones policiales sobre posibles trabalho esclavos fueron abiertas a finales de año. Durante el año hubo 286 procesos abiertos, de los cuales 39 resultaron en condenas, pero no estuvo claro si hubo sentencias absolutorias.

Guatemala

El gobierno aumentó los recursos para las unidades especializadas de la policía y la fiscalía, según el informe, pero “la corrupción siguió siendo un grave impedimento, y los esfuerzos en contra de la ley fueron débiles”. El gobierno entrenó a los oficiales de la policía para una unidad especializada ampliada en gran medida para manejar el tráfico de personas y otros delitos, con una sub-unidad para el tráfico sexual y otra para el trabajo forzado. El gobierno también aumentó el poder de la unidad de la Fiscalía contra la trata de personas, convirtiéndola en una dirección y creando unidades especializadas dentro de ella para manejar el tráfico sexual y el trabajo forzado. Las autoridades también reportaron la creación de dos nuevos juzgados especializados en 2012, para delitos contra la mujer, la violencia sexual y la trata de personas. Pese a este progreso, la capacidad de la policía contra la trata y de los fiscales para llevar a cabo investigaciones a nivel nacional continuó siendo limitada por la falta de fondos, personal y concientización, según el informe. Por otra parte, no hubo cifras sobre el número de investigaciones iniciadas por tráfico sexual o trabajo forzado, que es un problema grave en Guatemala. Al menos 23 nuevos casos de tráfico sexual fueron procesados ??y siete delincuentes procesados??, frente a cinco el año anterior. No se reportaron juicios o condenas por trabajo forzado en 2012 o 2011. La complicidad oficial “sigue siendo un grave impedimento para los esfuerzos de los cuerpos de seguridad”, pero no hubo reportes de esfuerzos para enjuiciar o condenar y castigar a ningún funcionario público en relación con el tráfico.

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