Una investigación de Human Rights Watch halló que más de 100 personas fueron asesinadas luego de ser deportadas de Estados Unidos a El Salvador, lo que confirma las denuncias de los medios de comunicación y los grupos de defensa de inmigrantes sobre las muertes violentas de deportados centroamericanos.
Basados en noticias de prensa, documentos judiciales y entrevistas con autoridades y familiares de las víctimas, los investigadores de Human Rights Watch (HRW) documentaron 138 casos de personas muertas entre 2013 y 2019 luego de ser deportadas. De estas, 81 fueron asesinadas en el año siguiente a su regreso a El Salvador, otras 15 encontraron la muerte en los dos años siguientes, y el resto, dentro de los cinco años posteriores a su regreso, según un informe de 117 páginas titulado “Deported to Danger" ["Deportados al peligro"], que se publicó en febrero de 2020.
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En ese informe, HRW documenta patrones similares en los casos, como que varias de las víctimas habían sido amenazadas por las violentas pandillas callejeras de El Salvador antes de su expulsión de Estados Unidos. Un hombre identificado solo como José Miguel C. contó a los investigadores de HRW que su sobrino Joaquín huyó a Estados Unidos luego de recibir amenazas de pandilleros de la MS13. A Joaquín lo asesinaron en 2017, el mismo año en que fue deportado, relató su tío a los investigadores, y añadió que “Joaquín siempre dijo que ellos [los miembros de la MS13] volverían a intentar matarlo”.
También en 2017, un hombre de 25 años fue asesinado el mismo día en que fue repatriado a El Salvador. Unos pandilleros habían atentado contra su vida dos años antes, según relató la policía a HRW.
Quienes habían residido por largo tiempo en Estados Unidos y fueron deportados enfrentaban peligros específicos, porque era más probable que se negaran a pagar las extorsiones o que denunciaran las amenazas de las pandillas ante las autoridades, según el informe. En 2015, Carlos Alberto Garay, de 43 años, venía siendo extorsionado por pandilleros cuando fue ultimado a bala por varios sicarios que lo interceptaron mientras conducía su camioneta, según el informe y una nota de La Prensa Gráfica.
Otro hombre, identificado como Jacinto K., regresó a El Salvador con su esposa y su hijo de 15 años después de recibir una orden de deportación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (US Immigration and Customs Enforcement, ICE). Poco después del retorno de Jacinto, pandilleros de la MS13 comenzaron a extorsionar el pequeño negocio que abrió, según declaró a los investigadores de HRW en 2014. Aunque le preocupaba no poder seguir pagando la “renta”, decía sentirse relativamente seguro. Dos semanas después de su entrevista con los investigadores, le dispararon a plena luz del día.
Varios agentes de policía también fueron hostigados luego de su deportación. Por ejemplo, una agente de la policía local fue asesinada después de solicitar asilo en Estados Unidos, según declaró su prima a los investigadores de HRW. Su prima relató que los agentes estadounidenses habían rechazado su entrevista para determinar un temor plausible, primer paso para conceder el asilo. En 2017 la encontraron muerta, con heridas de bala en el estómago y el cráneo.
El informe también señala que seis deportados fueron presuntamente asesinados por la policía local o por escuadrones de la muerte.
El grupo de derechos humanos criticó a las autoridades estadounidenses por hacerse las de “la vista gorda frente a la realidad de que los deportados por Estados Unidos a El Salvador habían perdido sus vidas”. Muchos deportados buscaron refugio en Estados Unidos, pero fueron “devueltos directamente a la violencia que temían originalmente”, señala el informe.
Análisis de InSight Crime
El informe de HRW pinta una cruda imagen de las consecuencias inmediatas que acarrea la negación de las peticiones de asilo y la deportación de inmigrantes por parte de Estados Unidos, al no sopesar los peligros que estos enfrentan en su país natal —los mismos peligros de los que buscaban escapar—.
El problema, como lo señala el informe, es que es casi imposible entender la magnitud real del problema.
“Sabemos que hay un subregistro”, comentó Alison Parker, directora operativa de Human Rights Watch en Estados Unidos, en comunicación con InSight Crime.
Las autoridades de El Salvador dejan de indicar muchas veces si una víctima de homicidio había sido deportada. La policía y los fiscales tienen recursos limitados, lo que es un gran impedimento para llevar a cabo investigaciones completas de cada caso en un país pequeño que figura como uno de los más violentos de Latinoamérica. Además, en muchas ocasiones los familiares de las víctimas son renuentes a contar a la policía que su ser querido fue deportado, debido a un estigma según el cual solo se expulsa a criminales, explicó Parker.
Por otra parte, ningún organismo estadounidense lleva un registro de los deportados que son asesinados, anotó Parker. En el informe de HRW se dan pocos detalles sobre los motivos de la deportación en cada caso, aunque algunas personas fueron repatriadas por haber cometido algún delito en Estados Unidos o por presuntos nexos con pandillas. El informe tampoco detalla si todos los deportados habían solicitado asilo.
“No hay quién atienda esta situación”, lamentó la investigadora.
Desde 2014, decenas de miles de migrantes de los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) llegan cada año a la frontera suroeste de Estados Unidos, según cifras de la agencia estadounidense de Aduanas y Protección de Fronteras. Muchos de ellos son familias y niños no acompañados que huyen de la pobreza y la violencia, o que quieren reunirse con algún ser querido. Muchos han solicitado asilo en Estados Unidos debido a amenazas de pandilleros, agentes de policía o sus cónyuges o parejas.
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Sin embargo, la ley migratoria estadounidense establece límites sobre quiénes cumplen los requisitos para el asilo. Para ser considerados, los solicitantes deben pertenecer a un grupo social particular y ser perseguidos por causa de su identidad, raza, religión o ideas políticas. Este siempre ha sido un escollo legal para quienes huyen de la violencia doméstica o la ejercida por las pandillas.
En el pasado, sin embargo, los jueces de inmigración tenían cierta libertad para considerar los pormenores de un caso, como si los solicitantes de asilo eran chicos que habían opuesto resistencia al reclutamiento de las pandillas o si habían sido testigos de crímenes, o si se trataba de adolescentes amenazadas con ser violadas por pandilleros. Y la ley de inmigración se había abierto un poco a las pretensiones de que las víctimas de violencia doméstica tenían un buen motivo para pedir asilo.
Todo eso terminó con la administración del presidente Donald Trump, quien ha endurecido las leyes de asilo para dificultar el ingreso a Estados Unidos a quienes aducen el temor a las pandillas o a la violencia intrafamiliar, según el informe de HRW. La administración también ha obligado a los solicitantes de asilo a esperar su citación ante un juez en ciudades peligrosas de la frontera en México, y firmó un tratado de “tercer país seguro” con Guatemala, lo que implica que los migrantes que pasen por ese país centroamericano tendrían que pedir asilo allí primero. Además, Estados Unidos ha buscado cerrar acuerdos de asilo similares con El Salvador y Honduras.
En su travesía hacia Estados Unidos, los migrantes centroamericanos son blancos frecuentes de bandas criminales. Mientras esperan que se atienda su solicitud de asilo en México, han seguido padeciendo amenazas de violencia, y han sido objeto de secuestro y extorsión.
Determinar si los deportados a El Salvador se vieron abocados a mayores peligros a su regreso es difícil, pero no imposible, como señala Parker.
“Es muy posible que estén en mayor riesgo, porque ya habían sido señalados”, comentó. “Si huyeron y han regresado, llamarán la atención de las pandillas, y cualquier intento de reubicarse creará una serie de nuevos riesgos”.
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