Un nuevo informe describe los recientes cambios en las características de la violencia en El Salvador, y ofrece recomendaciones sobre cómo lidiar con estas nuevas condiciones, centrándose particularmente en la necesidad de adaptar las estrategias de reducción y prevención de la violencia a las condiciones locales específicas.
El informe (pdf) fue dado a conocer el 21 de septiembre por el Instituto Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo y el Cambio Social (INCIDE) y Open Society Foundations, uno de los principales patrocinadores de InSight Crime.
En él se describen los diversos aspectos de la violencia en El Salvador en los últimos años, incluyendo los efectos de la violencia criminal en las diferentes comunidades, así como las respuestas de las fuerzas de seguridad, las agencias gubernamentales y otros actores a las cambiantes condiciones de seguridad en el país.
El informe vincula los recientes cambios en los patrones de violencia en El Salvador a la tregua auspiciada por el gobierno entre las principales pandillas callejeras del país, la cual entró en vigor en abril de 2012 y se disolvió en junio de 2013.
Según los autores, si bien la tregua permitió reducir significativamente los homicidios durante el tiempo en el que estuvo en vigencia, también les permitió a las pandillas expandir su control territorial y social, allanando el camino para el sustancial incremento de la violencia que se ha registrado en años siguientes.
En el año 2015, El Salvador llegó a ser considerado como el país más violento del mundo sin estar en guerra, dado que la tasa de homicidios nacional ascendió a 103 por cada 100.000 habitantes. Las estadísticas mencionadas en el informe de INCIDE demuestran que los homicidios múltiples aumentaron un 126 por ciento entre 2010 y 2015, mientras que los feminicidios aumentaron un alarmante 750 por ciento en ese mismo periodo.
Estadísticas más recientes muestran que la tasa de homicidios de El Salvador ha experimentado una disminución constante desde comienzos de 2016. El informe de INCIDE relaciona dicha disminución con las “medidas extraordinarias” implementadas este año por el gobierno para combatir a las pandillas, pero otros analistas han sugerido que dicha disminución se debe a un pacto que se dio en marzo entre los líderes de las pandillas para reducir la violencia.
Los enfrentamientos entre grupos criminales y fuerzas de seguridad también aumentaron sustancialmente después de que terminó la tregua entre las pandillas. De 2013 a 2015, el número de dichos enfrentamientos aumentó de 142 a 676 —un aumento de más del 370 por ciento—, según indica el informe.
La cifra de muertos, sin embargo, ha sido asimétrica. Del total de 498 homicidios que se presentaron entre 2013 y 2015 como resultado de estos enfrentamientos, 454 de las víctimas —es decir, el 91 por ciento— fueron presuntos pandilleros. Las fuerzas de seguridad representan sólo el 9 por ciento de las víctimas.
La violencia también se ha trasladado de los centros urbanos a las zonas rurales. Las estadísticas referidas por INCIDE muestran que la mayoría de los asesinatos en El Salvador desde 2012 se han producido en áreas alejadas de los centros metropolitanos más importantes, al contrario de lo que ocurría antes de la tregua.
El informe señala que este cambio ha tenido un “enorme impacto negativo” en las comunidades rurales, como el municipio de Jiquilisco en el departamento de Usulután, donde se llevó a cabo uno de los estudios de caso realizado por los investigadores.
Los autores señalan que el aumento de los actos violentos cometidos por grupos criminales en las zonas rurales ha dado como resultado el desplazamiento forzado generalizado y el despojo de bienes, así como una “constante tensión” entre los ciudadanos, que está afectando negativamente su salud mental.
Estos impactos se han exacerbado por la falta de cooperación entre las poblaciones locales y las fuerzas de seguridad, lo cual, según el informe, está relacionado con el temor a represalias de los grupos criminales y a la falta de confianza en las autoridades. Esta falta de confianza de los ciudadanos se debe a la incapacidad de las fuerzas de seguridad para detener la violencia, así como a su propensión a enfocarse en los jóvenes de la comunidad, a quienes tratan de manera agresiva, a menudo bajo sospechas infundadas de que participan en las pandillas.
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Los investigadores de INCIDE también llevaron a cabo un estudio de caso en el departamento de Morazán, uno de los menos violentos de El Salvador, con el fin de comparar las características de la violencia en dicho lugar con las que se observan en zonas más afectadas, como Jiquilisco.
El informe indica que los efectos directos de la violencia en las comunidades de Morazán no fueron tan graves como al parecer lo fueron en otras áreas, pero que los cambiantes patrones de violencia descritos anteriormente tuvieron impactos indirectos similares a los observados en lugares como Jiquilisco.
Los residentes de Morazán informaron que temían desplazarse a otras áreas más violentas por el miedo a ser víctimas de los grupos criminales. También expresaron su preocupación por la llegada de personas desplazadas de dichas zonas, pues creen que algunas de ellas son pandilleros que buscan reclutar jóvenes para actividades criminales.
Los investigadores determinaron que el aumento de la violencia en Morazán, aunque menos pronunciada que la observada en otros lugares, produjo efectos económicos negativos, como la disminución del turismo y de la inversión en ciertas áreas.
Sin embargo, el informe también señala que los residentes de Morazán tienen relaciones más cooperativas con los funcionarios y las fuerzas de seguridad locales, y no muestran la misma pasividad con respecto a la creciente violencia, como la que se observa entre los residentes de Jiquilisco.
En lugar de resignarse y aceptar la situación, los habitantes de Morazán se muestran motivados a crear redes informales de comunicación sobre cuestiones de seguridad, y a invertir una mayor parte de los recursos en el desarrollo de los jóvenes, con el fin de disuadirlos de participar en actividades criminales. Morazán fue un bastión de la guerrilla izquierdista durante la guerra civil de El Salvador entre 1980 y 1992.
Análisis de InSight Crime
El informe concluye que los impactos del cambio de patrones de la violencia en las comunidades de El Salvador difieren sustancialmente según las condiciones locales específicas. Las comunidades donde los grupos criminales tienen un mayor control territorial tienden a tener niveles más altos de violencia. Y el nivel de cooperación entre las autoridades locales, los líderes comunitarios y la población en general parecer ser un factor determinante de los resultados obtenidos en materia de seguridad.
A la luz de estos resultados, el informe plantea varias recomendaciones para que los agentes de seguridad le hagan frente a esta cambiante dinámica de la violencia. Los autores recomiendan que las autoridades desarrollen una “política integrada de prevención de la violencia”, que “debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a las particularidades de los diferentes territorios y a las especificidades del tejido social existente a nivel local”.
El informe recomienda priorizar el establecimiento del control territorial de las comunidades controladas por los grupos criminales de una manera gradual, que incluya no sólo las acciones de las fuerzas de seguridad, sino también “la reconstrucción y el fortalecimiento del tejido social comunitario, el apoyo a la integración social, el empleo productivo y la educación para los jóvenes, así como la atención psicológica para las víctimas”. El informe también recomienda mantener una constante evaluación y revisión de las políticas con base en los resultados observados.
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En una reciente entrevista con la Revista Factum, el investigador principal del informe, Alexander Segovia, fundador del INCIDE, resumió sus conclusiones con base en la investigación presentada en el documento.
“Creo que tiene que haber un cambio de perspectivas, para revisar la forma en que el tema de la violencia y la inseguridad se ha resuelto, desde el diseño de las políticas públicas hasta la participación de los diferentes actores que conforman la sociedad”, dijo Segovia.
“Lo que este estudio demuestra es que un actor clave, que hasta ahora no ha sido considerado como debe ser, es la población organizada, la población que habita en estos territorios, que sufre los efectos [de la violencia] y que viene con respuestas creativas”, continuó. “Pero hasta ahora, las políticas públicas no han considerado seriamente a ese actor, que es tan fundamental para resolver el problema”.
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