Un nuevo informe sobre la seguridad en la frontera en Guatemala, El Salvador, y Honduras sugiere que para todos sus males, el crimen organizado ha traído algunos beneficios económicos a las comunidades empobrecidas, las cuales podrían tomar una visión hostil frente a cualquier aumento de la seguridad encabezado por el estado.
El informe, titulado “Border Insecurity in Central America’s Northern Triangle,” (pdf.), fue publicado el 8 de noviembre, y es un estudio conjunto entre el Programa Latinoamericano del Centro Internacional Woodrow Wilson y el Instituto de Política Migratoria (MPI por sus siglas en inglés). Este proporciona una visión global de la historia de inseguridad en el Triángulo del Norte, con un enfoque en las regiones fronterizas donde no rige la ley y en su creciente importancia para el crimen organizado en el hemisferio.
Entre las principales conclusiones del informe, se encuentra que los intentos de los gobiernos por implementar nuevas estrategias de seguridad en la frontera han fracaso debido a la falta de fondos, instituciones gubernamentales débiles y corruptas, y la ausencia de políticas rígidas y de largo plazo. Como resultado, las fronteras de Guatemala, El Salvador, y Honduras siguen “sin marcar y sin identificarse a lo largo de la mayor parte de su longitud." Los cruces fronterizos oficiales son pocos y distantes entre sí, y aquellos que existen no tienen el equipo y el personal necesario para disuadir el contrabando ilícito de drogas, armas y personas. A lo largo de los 965 kilometros de la frontera entre Guatemala y México, por ejemplo, sólo hay ocho puntos de control fronterizos oficiales, y de estos, sólo la mitad son tienen personal presente de for sistemática.
El problema empeora por la ausencia del imperio de la ley en las zonas fronterizas. La policía nacional o el personal militar rara vez están ubicados lejos de las principales carreteras. En los pequeños pueblos que cuentan con la suficiente suerte de tener una fuerza de policía local, su efectividad es limitada por el hecho de que los tribunales, los jueces y las cárceles, a menudo se encuentran a kilómetros de distancia, y sólo se puede llegar en un viaje de varias horas. Por lo tanto, los grupos criminales frecuentemente se vuelven la autoridad de facto en estas comunidades.
Debido a estas complejas relaciones entre el trafico ilícito y las comunidades fronterizas, el informe concluye que no es suficiente el actual énfasis en la profesionalización de las fuerzas de seguridad y el monitoreo de las regiones fronterizas. Los autores afirman que "en última instancia, un enfoque sobre las fronteras per se es erróneo," y que la verdadera tarea está en el aumento de la presencia estatal en estas áreas, tanto en términos de fuerzas de seguridad como en instituciones de gobernanza básica. Para lograrlo, se requerirá la cooperación a largo plazo con funcionarios locales, así como una mejor comprensión de las distinciones entre el tráfico ilícito, el crimen organizado, y la violencia, según el informe.
Análisis de InSight Crime
Durante la ultima década, los carteles mexicanos han desarrollado cadenas de distribución a lo largo del Triángulo del Norte con la ayuda de redes de contrabando locales conocidas como “transportistas”, las cuales facilitan el envío de cargamentos de droga a través de la región. Esto ha generado violencia, desplazamiento y un aumento del consumo de drogas en las zonas fronterizas.
Sin embargo, el informe señala que, a diferencia de las autoridades federales, las comunidades en la frontera tienen razones para ver el aumento del trafico ilícito de una forma más positiva. Gracias al aumento del en toda Centroamérica que se ha dado en las ultimas décadas, varios pueblos fronterizos pobres han tenido acceso a flujos financieros previamente inconcebibles. Esto ha tenido un gran efecto en el desarrollo económico, con las comunidades viendo un aumento significativo en el ingreso promedio. Según el informe del Centro Internacional Woodrow Wilson y el MPI, las regiones fronterizas guatemaltecas y los pueblos fronterizos son ahora hogar de las economías y poblaciones de más rápido crecimiento en el país.
Considerando lo anterior, así como las tensiones de larga data que existen a lo largo de la región, entre los habitantes rurales y miembros de las fuerzas de seguridad, los habitantes locales podrían no ver el aumento de la seguridad en sus comunidades de manera positiva. Esto enfatiza la importancia de añadir iniciativas de desarrollo económico y proyectos de infraestructura a cualquier plan de seguridad fronteriza en la región, con el fin de incorporar mejor a estas comunidades en la economía formal y disminuir su dependencia del trafico ilícito.
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