El hallazgo del Informe Mundial de Drogas 2016 de las Naciones Unidas de que Brasil es el principal punto de partida de la cocaína con destino a los mercados africanos, asiáticos y europeos ha vuelto a llamar la atención sobre Santos, el puerto más grande del país, y ha planteado preguntas sobre la efectividad de la política de drogas y las medidas de control en Brasil.
Pese a ser el principal punto de embarque transatlántico para la cocaína, el reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) señala que Brasil solo representó el 7 por ciento de los decomisos de cocaína en Suramérica entre 2009 y 2014.
Puerto de Santos: patio trasero del PCC para el narcotráfico
El puerto de Santos, localizado en el estado de São Paulo, es un eslabón crucial en las principales rutas de tránsito de estupefacientes en Suramérica, con estimativos que indican que hasta el 80 por ciento de la cocaína que llega a Europa se mueve a través de este centro de embarque regional.
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En Santos, una red de pequeños grupos narcotraficantes asociados al Primer Comando Capital (PCC), uno de los grupos del crimen organizado más grandes de Brasil, trafican cocaína, marihuana y metanfetaminas hacia Europa, Asia y África.
Desde su base en São Paulo, el PCC supervisa un gran porcentaje del tráfico de estupefacientes, desde las zonas de producción en Colombia, Paraguay, Perú y Bolivia, para abastecer los mercados doméstico e internacional. Los alcaloides pasan primeo por varios estados brasileños, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y Amazonas, antes de terminar en las calles de las principales ciudades brasileñas o ser traficados al exterior por medio de los puertos del país. Se dice que el PCC trafica alrededor de 40 toneladas de cocaína al año que valen cerca de US$60 millones principalmente por medio del puerto de Santos. 'Ndrangheta', el grupo mafioso italiano con base en Calabria, es presuntamente uno de los socios comerciales internacionales más importantes del PCC.
El poder del PCC sigue creciendo
Pese a diferentes operaciones policiales contra el PCC y a la menor cantidad de grupos narcotraficantes, el narcotráfico sigue siendo un problema importante en el puerto. Sin embargo, parece que el narcotráfico en el puerto de Santos se hundió luego de un golpe de la policía federal en marzo de 2014, en el que terminaron arrestados 23 narcotraficantes ligados al PCC e incautaron 3,7 toneladas de cocaína.
El año pasado, las autoridades solo incautaron 1,5 toneladas de narcóticos, incluyendo cocaína y metanfetaminas, en el puerto, en comparación con las casi cuatro toneladas de 2013 y 2014. No es claro si esto puede atribuirse a un descenso en el tráfico de drogas por medio del puerto de Santos, o debido a una menor efectividad en las medidas de cateo y control de drogas. Dado que los datos del informe de la ONUDD se recopilaron entre 2009 y 2014, este puede no contemplar el impacto de la operación encubierta de la policía federal en 2014, lo que hace prematura la verificación de la efectividad de las operaciones policiales.
La forma como se estructuran y organizan las operaciones portuarias en Brasil las hace blanco fácil para grupos como el PCC, que tienen un poder financiero importante, influencia local y pueden depender de una red que se estima en 11.000 miembros
Sin embargo, los decomisos de cargamentos de droga siguen denunciándose de manera regular en el puerto. En una redada reciente, en junio último, la policía federal incautó 700 kg de cocaína ocultos en un contenedor con destino a Bélgica. Además, el PCC parece haber extendido significativamente su influencia en Brasil, pese a numerosas operaciones de seguridad contra sus actividades ilícitas.
Según una nota de Estadão de São Paulo, el PCC ahora tiene presencia en los 27 estados brasileños, así como bases en Argentina, Perú, Colombia y Venezuela. Además, una noticia reciente de Folha de São Paulo destaca cómo el PCC unió fuerzas con el Comando Vermelho, de Rio, para expulsar a un grupo narcotraficante rival, que controlaba el negocio de estupefacientes desde Paraguay hasta Brasil.
Aumento en el comercio de cocaína entre Brasil y Bolivia alimenta a Santos
El auge del negocio de la droga entre Brasil y Bolivia ha sido objeto de intenso escrutinio recientemente, en particular porque Bolivia constituye una de las fuentes más cercanas y directas de cocaína para los narcotraficantes del puerto de Santos. Según una noticia de El Deber, el departamento de Santa Cruz en Bolivia, que colinda con los estados brasileños de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, es actualmente la zona dominante en producción de cocaína y narcotráfico en el país.
Las autoridades brasileñas y bolivianas desmanteló un nuevo organismo multinacional de control de drogas encargado de combatir el negocio transfronterizo de la droga. A finales de julio, esto arrojó resultados cuando una operación policial conjunta entre Brasil y Bolivia desmanteló un grupo narcotraficante que transportaba cerca de dos toneladas mensuales de cocaína desde Puerto Quijarro en Santa Cruz hasta Santos pasando por el estado de Mato Grosso do Sul. Se dice que el grupo contaba con un parque automotriz de 70 camiones para transportar la droga hasta el puerto.
Corrupción y soborno en las instalaciones del puerto
La corrupción es un facilitador clave para los cargamentos del PCC que salen del puerto de Santos. La forma como se estructuran y organizan las operaciones portuarias en Brasil las hace blanco fácil para grupos como el PCC, que tienen un poder financiero importante, influencia local y pueden depender de una red que se estima en 11.000 miembros. Un gran porcentaje del narcotráfico en el puerto de Santos incluye el contrabando de cocaína y otros narcóticos en contenedores de carga marítima o en compartimientos de bodega en las mismas embarcaciones.
Se dice que los traficantes también llevan drogas en barcos de carga anclados en la bahía usando lanchas rápidas, y con frecuencia tienen ayuda de miembros de tripulación corruptos.
Una de las principales vulnerabilidades en Santos es que la carga puede almacenarse durante varios meses en almacenes de bodega para exportación de privados, que se conocen como Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação (REDEX). Hay más de 47 de esos solo en Santos, cada uno administrado por una empresa diferente. La falta de una autoridad global y la fragilidad del intercambio de información entre las autoridades del REDEX pueden ser explotadas por el PCC y otros grupos narcotraficantes.
Según algunos informes, la corrupción y los sobornos son un lugar común entre funcionarios y empleados que trabajan en estos organismos. En la operación encubiera de la policía federal en 2014, un agente que trabajaba en un punto de REDEX en Santos fue arrestado por por el presunto suministro de información a los cabecillas del PCC sobre fechas de llegada de barcos, rutas y tipos de cargamento. La investigación reveló además que los trabajadores portuarios y funcionarios de aduanas cómplices recibían pagos de US$1.500 por facilitar el movimiento de los narcóticos en barcos de contenedores. En marzo de 2016, dos guardias de seguridad portuarios fueron capturados y acusados de facilitar el narcotráfico en el puerto.
La connivencia entre agentes de policía corrupto y narcotraficante también es un problema importante en el puerto. A finales de junio de 2016, la policía arrestó a 13 miembros de una pandilla narcotraficante vinculada al PCC que operaba en la zona. Presuntamente trabajaban con la complicidad de varios agentes de la policía militar y posiblemente con un concejal local.
Análisis de InSight Crime
Fuentes consultadas por InSight Crime confirmaron que el narcotráfico transnacional no ha disminuido mucho en el puerto de Santos, y que el PCC sigue siendo el actor dominante. Un administrador de seguridad portuaria que trabaja en Santos, y que pidió que se mantuviera reserva sobre su nombre, declaró a InSight Crime que el narcotráfico ha vuelto a los niveles previos a la operación de la policía federal en 2014. Señaló que "la actual inversión de seguridad en el puerto se ve obstruida por requisitos burocráticos, y, en la práctica, es insuficiente para combatir la amenaza del narcotráfico".
Con relación a las prácticas de corrupción y sobornos en los REDEX, el agente de seguridad portuario señaló que "aunque es difícil demostrar que existe, hay definitivamente una sensación de que está allí, en particular entre los guardias de seguridad que manipulan los contenedores".
Más allá del control de la seguridad privada en los REDEX de Santos, debe responderse preguntas sobre las capacidades de control generales en Brasil. En el país, el control antinarcóticos está descentralizado y complejo. Cada uno de los 27 estados de Brasil tiene uno o más organismos de lucha contra la droga, algunos más grandes y mejor financiados que otros. Por ejemplo, la institución de control antidrogas del estado de São Paulo, Departamento de Investigações sobre Narcóticos (DENARC), está bien financiado y se considera más efectivo que muchas otras unidades de control antidrogas en el ámbito estatal, aunque no está exento de la corrupción.
De cualquier forma, es claro que los organismos de control antidrogas en Brasil requieren una reforma fundamental para reducir la burocracia y aumentar la cooperación interna y externa.
De cualquier forma, es claro que los organismos de control antidrogas en Brasil requieren una reforma fundamental para reducir la burocracia y aumentar la cooperación interna y externa
Además, la Coordenação-Geral de Prevenção e Repressão a Entorpecentes/DF (CGORE/DF) es una unidad de la policía federal a cargo de supervisar el control antidrogas a nivel nacional. Y la marina realiza inspecciones y redadas regulares. La falta de cooperación entre las diferentes unidades de control antinarcóticos es una de las principales fallas en la estrategia nacional de control antidrogas en Brasil.
Así, el lanzamiento en julio de la operación interinstitucional de control antidrogas Brasil Central Seguro, en seis estados, produjo resultados inmediatos y demostró la potencial efectividad de la cooperación en el plano nacional para el control antidrogas. El gobierno interino de Michel Temer ha indicado que es probable que se realicen operaciones adicionales de control antidrogas a escala nacional, y el nuevo ministro de Desarrollo Social, Osmar Terra, recientemente pidió intensificar el control fronterizo y aplicar sanciones más severas para el narcotráfico.
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Sin embargo, más que incrementar el control, grupos de estudio de políticas, como la Plataforma Brasileira de Política de Drogas (PBPD) siguen cuestionando la efectividad de la llamada “guerra contra las drogas” del gobierno brasileño. En correspondencia electrónica con InSight Crime, el coordinador de relaciones institucionales de la PBPD Gabriel Santos Elias señaló que la “guerra contra la droga [en Brasil] ha fallado porque se basa esencialmente en la represión, sin centrarse bastante en la educación y la prevención, así como en la salud general de los consumidores de estupefacientes en Brasil".
Además de la cooperación entre los diferentes organismos de control antidrogas en el ámbito estatal, Elias señaló que existe un conflicto fundamental en la estrategia entre la Secretaria Nacional de Política de Drogas (SENAD), la institución de políticas de drogas del gobierno federal que "por tradición defiende una estrategia más integrada a las políticas de drogas en Brasil” y “las fuerzas de seguridad, que reprimen el consumo de estupefacientes sin entender las políticas de la SENAD".
Señalando que ningún país ha tenido éxito en la aplicación de legislación para reducir el consumo o el tráfico de drogas, Elias y la PBPD abogan porque Brasil adopte una política basada en la regulación y la educación en cooperación con las comunidades regionales e internacionales.
De cualquier modo, es claro que los organismos y las políticas de control antidrogas en Brasil requieren un ajuste fundamental para reducir la burocracia y ampliar la cooperación interna y externa. Mientras la implementación de las políticas de drogas en Brasil gire en torno a un sistema desarticulado y descentralizado, y se agite con las políticas cada vez más propensas a la regulación que apoyan algunos vecinos regionales, grupos como el PCC pueden seguir expandiendo su alcance nacional e internacional.
*Lloyd Belton es un analista político y de riesgo país en la firma consultora S-RM.
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