Un nuevo estudio analiza la relación entre la empresa privada y los grupos paramilitares durante el conflicto armado que ha sufrido Colombia por décadas, y sostiene que una comisión de la verdad en el posconflicto debe investigar esas relaciones que podrían ser delincuenciales.
El estudio, publicado el 26 de febrero por el centro de pensamiento colombiano Dejusticia, expone de manera pormenorizada 439 casos de “complicidad empresarial” en la comisión de violaciones de derechos humanos cometidos por grupos paramilitares entre 1970 y 2015.
La investigación se basa en testimonios de exjefes paramilitares y 35 sentencias judiciales dentro de la ley especial de Justicia y Paz en Colombia, creada en 2005 en el contexto de la desmovilización de la organización matriz paramilitar conocida como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El estudio afirma que menos de la tercera parte de esos casos dieron pie a investigaciones judiciales sobre la responsabilidad de los entes económicos, y solo el 10 por ciento llegó a los juzgados.
El informe señala además que aunque esas 35 sentencias nombraban a entidades privadas específicas, no se pronunciaron sobre la “responsabilidad de los actores económicos en la violencia”.
La gran mayoría de empresas identificadas parecen haber cooperado voluntariamente con los grupos paramilitares en la comisión de violaciones a los derechos humanos, lo que incluye la financiación de grupos armados, ayuda en el desplazamiento forzado de personas o colaboración en casos de asesinatos selectivos. Sin embargo, poco más del 10 por ciento de los actores económicos parecen haber sido forzados a colaborar mediante la extorsión.
“Paraeconomía” y complicidad indirecta
Los vínculos entre los actores económicos y los grupos paramilitares de Colombia se remontan a la década de 1980, cuando empresarios locales y multinacionales extranjeras con el ánimo de proteger sus empresas canalizaron dinero a grupos paramilitares que percibían como una fuerza protectora contra las guerrillas de izquierda.
Esta relación patrocinador-cliente se mantuvo como el tipo de interacción más común entre los actores privados y los paramilitares, con la mitad de los casos analizados por Dejusticia.
La interacción incluyó el intercambio de listas de líderes sociales o sindicales, lo que Dejusticia define como “complicidad indirecta” y constituye 82 de las interacciones documentadas.
Pese a la percepción de lo que los actores extranjeros multinacionales tuvieron un rol dominante en la financiación del conflicto en Colombia, 98 por ciento de los casos incluidos en el estudio involucran a actores económicos colombianos.
La mayoría de los casos tienen que ver con los sectores de recursos agrícolas, comerciales y naturales, que representan 38, 24 y 10 por ciento de los casos, respectivamente. Cría de ganado, y plantaciones de banano y aceite de palma fueron algunos de los sectores donde el fenómeno fue especialmente notorio.
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Con la expansión del fenómeno paramilitar, las empresas no solo contribuyeron, sino que también se beneficiaron de las operaciones de los grupos armados ilegales, fomentando una relación de beneficio mutuo dentro de una “paraeconomía”.
Sin embargo, algunos entes económico-comerciales fueron más lejos para convertirse en cómplices directos en la comisión de violaciones de los derechos humanos. Declaraciones de varios jefes paramilitares desmovilizados indican que en ocasiones el desplazamiento forzado se realizó no por necesidades militares estratégicas, sino para satisfacer intereses económicos de actores privados, mientras que el 4 por ciento de los casos de complicidad corporativa registrados involucraron homicidios.
(Gráfico de InSight Crime usando datos de Dejusticia)
Los tipos de interacciones documentados en el informe de Dejusticia se concentraron en ciertas áreas geográficas específicas. Algunos lugares del norte del país parecen haber sido particularmente afectados; los departamentos de Antioquia y Córdoba, así como la subregión costera de Urabá encabezaron la lista de las seis zonas que constituyeron más de 75 por ciento de los casos registrados.
En relación con eso, ciertas facciones paramilitares estuvieron más asociadas a las relaciones con empresas. Estas incluyeron el bloque Élmer Cárdenas, que operó en la región de Urabá, en el departamento de Antioquia; el bloque Pacífico; el bloque Catatumbo, que tomó su nombre de la zona azotada por el conflicto en el departamento de Norte de Santander; y el bloque Montes de María, que operó en el departamento de Sucre.
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Las zonas señaladas en el informe final siguen padeciendo el legado paramilitar. Por ejemplo, la desmovilización del bloque Élmer Cárdenas, la facción más mencionada de las AUC por vínculos con empresas, llevó a la aparición de la banda criminal Los Urabeños, uno de los actores criminales más poderosos del país.
Los departamentos mencionados en el informe de Dejusticia son también unos de los más padecen ataques selectivos contra líderes sociales y comunitarios, los cuales se han incrementado desde la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la subsiguiente desmovilización guerrillera.
Se cree que actores neoparamilitares fueron responsables de más de la mitad de los ataques contra líderes sociales ocurridos en Colombia en 2017, según el último informe anual de la organización de derechos humanos Programa Somos Defensores.
En el trabajo de campo realizado en estas zonas, InSight Crime también observó evidencia de los efectos prolongados de las actividades paramilitares.
“Algunos de los homicidios selectivos recientes de líderes sociales parecen motivados por conflictos relacionados con drogas entre el grupo guerrillero del ELN y Los Urabeños, dentro de un contexto de vacío de poder que se desprende de la desmovilización de las FARC”, observó la investigadora sénior de InSight Crime Ángela Olaya.
“Pero por nuestro extenso trabajo en el campo en los últimos años, la mayoría de los homicidios han sido cometidos por grupos autoproclamados paramilitares surgidos de las AUC, y muchos parecen ocurrir después de que las víctimas denuncian el financiamiento de esos grupos”.
Comisión de la verdad: ¿El camino a seguir?
El informe pide que la comisión de la verdad en Colombia (conocida como “Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición”, o CEV) siga investigando los nexos entre empresas y paramilitares. Creada en diciembre de 2017 como parte del acuerdo de paz con las FARC, se concedió a la comisión tres años para esclarecer la historia del conflicto que duró década en Colombia, en particular sus casos más brutales de violaciones del derecho internacional humanitario.
Específicamente, Dejusticia solicita a la CEV “recoger un mandato explícito sobre la investigación de la complicidad económica” y ofrece recomendaciones estructurales y metodológicas basadas en un estudio comparativo de cientos de casos de complicidad corporativa con grupos paramilitares registrados por comisiones de la verdad anteriores en otros 19 paíes, nuevo de ellos en Latinoamérica y el Caribe.
El mandato de la comisión colombiana, sin embargo, está ligado al proceso de reconciliación en el país y excluye un componente judicial. Sin embargo, el trabajo de la comisión podría ser importante, según comentó Alejandro Jiménez, investigador de Dejusticia, a InSight Crime.
“El simple hecho de que la CEV mencionara y se ocupara de este tema tiene impacto, un impacto en términos de garantizar el derecho a la verdad”, afirmó. “Que esto se materialice en términos de justicia se verá en cada caso”.
Más allá de ayudar con los esfuerzos de reconciliación en Colombia, hacer que estos actores económicos respondan por sus actos mediante una comisión de la verdad sería un triunfo importante para el proceso de paz con las FARC, en particular cuando la implementación del acuerdo de paz ha enfrentado algunos baches importantes.
Sin embargo, no será fácil. Debido a la presencia de dirigentes de extrema derecha en el escenario político, y pueden dar lugar a algunos cambios de política importantes en la próxima administración.
“Es claro que hay una competencia por los recursos”, señaló Jiménez, de Dejusticia. “La comisión tiene mucho por hacer y muy poco tiempo para hacerlo”.
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