Un informe del Senado sobre las recientes propuestas, cuya finalidad se anunció como la regulación del rol del ejército mexicano en la seguridad pública, concluye que la legislación en proyecto en realidad pondría mayor responsabilidad sobre las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado.
El estudio del congreso de diferentes versiones de la Ley de Seguridad Interior propuestas por senadores o diputados de tres de los principales partidos políticos de México también evalúa los diez años de guerra contra las drogas en el país, con un saldo de 100.000 muertos como mínimo, innumerables abusos contra los derechos humanos y un incremento general de la violencia.
Los autores hacen notar un hecho importante: que después de una década de militarización de la guerra contra las drogas aún no existen datos o evaluaciones adecuados de dominio público sobre el rol de los militares en la campaña contra el crimen organizado. Tampoco, afirman, existe evidencia sólida que explique porqué la Policía Federal y la gendarmería, una nueva fuerza de policía militar creada por el presidente Enrique Peña Nieto, son instrumentos insuficientes para combatir el crimen organizado sin respaldo de las fuerzas armadas.
El informe pasa a exponer que desde el comienzo no hubo ninguna justificación para dar parte al ejército en la guerra contra las drogas. Cuando el entonces presidente Felipe Calderón asumió el poder a finales de 2006, luego de unas controvertidas elecciones, los autores del informe señalan que el país gozaba de "bajos históricos" en los homicidios. Una de las primeras medidas de Calderón como presidente fue el envío de miles de soldados a su estado natal en Michoacán, que sigue siendo uno de los más violentos del país.
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"Fue después de iniciados los operativos permanentes [del ejército] que ocurrió una verdadera epidemia de violencia a nivel nacional, llegando a más de 27.000 homicidios en 2011", afirman los autores del informe (pdf), del Instituto Belisario Domínguez, que hace parte del Senado. "Entre 2007 y 2011 el nivel de homicidios se triplicó [de 9.000 a 27.000] y la tasa de homicidios pasó de 8,1 a 23,7 homicidios por 100.000 habitantes".
Los investigadores concluyen que la falta de evidencia sólida en la evaluación del rol del ejército en comparación con los diferentes cuerpos de policía en México apunta no solo a una falta de responsabilidad y transparencia, sino a una tendencia de los legisladores de adelantar debates y tomar decisiones con base en convicciones personales e ideologías en lugar de los hechos y la investigación.
El "drástico aumento" de la violencia que se ha visto desde el inicio de la campaña militar es prueba de que México necesita una estrategia más controlada en el uso del ejército para la seguridad pública, proponen, así como una evaluación sistemática de sus actividades. Pero las nuevas propuestas de regular al ejército no cumplen estos objetivos, concluye el informe.
Los autores señalan que la legislación, como se encuentra formulada actualmente, dejaría demasiado a criterio de los legisladores debido a la ambigüedad en la formulación de sus propósitos. Es más, argumentan que las propuestas no resuelven los inconvenientes planteados anteriormente.
Análisis de InSight Crime
Un informe tan negativo de un equipo investigativo adjunto al Senado de la república es una acusación formal irrecusable de indiferencia de los legisladores ante la evidencia en la formulación de las políticas de seguridad.
Defensores de derechos humanos y críticos de la guerra contra las drogas, que ha tenido tan gran impacto en la población mexicana en la última década, se sentirán justificados por el estudio. A fin de cuentas, este recomienda al congreso la búsqueda de alternativas a la militarización y la adopción de una estrategia que eventualmente saque al ejército de las calles —proceso que ya está en marcha, según el secretario de Gobernación Osorio Chong—, y cuya propuesta cuenta con el favor del secretario de Defensa Salvador Cienfuegos.
Pero como suele suceder en países donde se depende de las fuerzas armadas como garantes de la seguridad pública, es difícil pasar el relevo a las fuerzas de policía que ya han sido consideradas incapaces de tratar el problema.
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En el caso de México, la percepción pública de corrupción, cooptación y falta de preparación entre los organismos de policía en todos los niveles —municipal, estatal y federal— ante el problema del crimen organizado está sustentada con datos y se refuerza con sonados y extremos ejemplos de colusión policial con el crimen organizado e incompetencia generalizada.
El que la policía tenga más capacidad ahora de combatir el crimen organizado que en el pasado, o de causar los mismos problemas que las fuerzas armadas en este papel, es algo que merece mayor investigación. Los intentos de reforma a la policía, de cada presidente mexicano desde José López Portillo (1976-1982), han sido infructuosos, como lo hace notar la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Sin embargo, esos mismos presidentes mexicanos también ampliaron las funciones del ejército en la seguridad pública.
Mientras las autoridades no hagan mayores progresos en la reforma a la policía, es improbable que la rama legislativa en México abandone la estrategia de la militarización contra el crimen organizado. Y mientras no se tome oficialmente una medida para mejorar las instituciones de policía, las autoridades tendrán una justificación perpetua para delegar esa tarea en el ejército.
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