Fuerzas de seguridad excesivas, sistemas judiciales débiles y corruptos, y condiciones carcelarias inhumanas son factores que vulneran los derechos humanos en Latinoamérica y el Caribe, según lo señala Human Rights Watch (HRW) en su más reciente informe (World Report 2015). InSight Crime examina algunos de los casos más flagrantes en la región, dado que dificultan la lucha contra el crimen organizado.
Fuerzas de seguridad excesivas
Aunque en todos los 13 países de Latinoamérica y el Caribe que fueron analizados se observaron abusos por parte de las fuerzas de seguridad, el uso excesivo de las fuerzas militares de México en su lucha contra los carteles de la droga recibió atención especial. Iniciada en 2007 bajo el entonces Presidente Felipe Calderón, dicha estrategia ha dado como resultado “una epidemia de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y torturas por parte de las fuerzas armadas y de la policía”, señaló HRW. El actual presidente Enrique Peña Nieto ha renovado su discurso pero no ha logrado atacar la corrupción y la impunidad, las cuales permiten que proliferen las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Aunque la situación persiste, una ayuda considerable continúa fluyendo desde Estados Unidos, la cual evita confrontar a las abusivas fuerzas de seguridad de México por temor a repercusiones políticas, agrega el informe.
Una situación similar se presenta en Brasil, donde más de 2.200 personas resultaron muertas durante operaciones policiales en 2013. La policía suele atribuir estas muertes a los tiroteos con los criminales, pero HRW y otros organismos han documentado situaciones diferentes. A pesar de los esfuerzos por prevenir el encubrimiento de homicidios ilegales por parte de la policía, se asignan pocos recursos para investigar estos casos, señala el informe.
Sistemas judiciales débiles y corruptos
Sistemas de justicia inadecuados se observaron especialmente en países centroamericanos como Guatemala y Honduras. En ambos países, cortes corruptas e ineficaces han impedido el enjuiciamiento de poderosas organizaciones criminales. En Honduras, los tribunales corruptos son presididos por jueces sujetos a intimidaciones e injerencias políticas, y los esfuerzos por adelantar reformas progresan muy lentamente. En Guatemala, una situación similar se ha traducido en altos niveles de impunidad, lo que permite que el crimen organizado cometa “actos generalizados de violencia y extorsión”, señala HRW.
Sin embargo, el informe observa algunos progresos en Guatemala. En febrero de 2014, nueve miembros del Cartel de los Zetas fueron condenados por la masacre de 27 campesinos en 2011 en la región de Petén, al norte del país.
Cárceles inhumanas
Los sistemas penitenciarios de Brasil y Venezuela recibieron las más duras críticas de HRW. Entre 2006 y 2013, la tasa de encarcelamiento de Brasil aumentó 45 por ciento, lo que significa una población carcelaria adulta de más de medio millón de presos y un sistema penitenciario que está 37 por ciento por encima de su capacidad. El lento sistema judicial brasileño agrava la situación de hacinamiento, dado que hay más de 230.000 individuos recluidos en detención preventiva. La violencia desenfrenada en las cárceles dio como resultado 60 presos asesinados durante 2013. En un incidente particularmente horrible, se mostraron imágenes de los cadáveres decapitados de tres reclusos asesinados por sus compañeros en un complejo penitenciario en el estado de Maranhão, en diciembre de 2013. Los empleados de la policía y de las cárceles también protagonizan actos de violencia. Entre enero de 2012 y junio de 2014, el 84 por ciento de las denuncias de tortura recibidas por la defensoría de los derechos humanos en Brasil estaban relacionadas con incidentes ocurridos en comisarías de policía y centros de detención, señaló HRW.
La violencia es aún peor en las cárceles venezolanas, donde hubo por lo menos 150 presos asesinados en 2014, según estadísticas no oficiales. En agosto, las cárceles venezolanas tenían aproximadamente 55.000 presos —la mayoría de ellos en prisión preventiva—, en un sistema penitenciario con capacidad para 19.000 presos, indicó HRW, citando cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones.
Esta situación de violencia y hacinamiento en las prisiones se observa en el resto de los 13 países de Latinoamérica y el Caribe que HRW examinó. Además, se hace evidente que los grupos criminales ejercen control o influencia en la mayoría de las poblaciones carcelarias, normalmente como resultado de sistemas carcelarios corruptos.
Derechos humanos y crimen organizado
En tiempos de crisis, los gobiernos suelen poner sus preocupaciones sobre seguridad pública por encima de los derechos humanos, señala el director ejecutivo de HRW Kenneth Roth en la introducción al informe. Este enfoque es miope y contraproducente. “Las violaciones a los derechos humanos contribuyen en buena medida a generar o agravar la mayoría de las crisis ya existentes”, señala Roth.
En Latinoamérica y el Caribe, las violaciones a los derechos humanos han afectado la legitimidad de las fuerzas de seguridad y de los tribunales, haciendo aún más difícil su lucha contra el crimen organizado. En casos extremos, los ciudadanos recurren a grupos de autodefensa y vigilancia privada, lo cual puede generar más violencia en contextos ya de por sí agresivos.
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