Un nuevo informe del organismo de estadísticas de México ofrece nueva evidencia de que la crisis de seguridad que vive el país ha afectado a la economía local, en especial a las grandes empresas.
De más de 35.000 empresas encuestadas en 2017, un tercio afirmaron haber sido víctimas de delitos, incluyendo robo, hurto en tiendas y extorsión, según la última Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En la cuarta edición del informe del INEG se refleja que las grandes empresas son un blanco preferido por los grupos criminales, grandes y pequeños.
Pero casi el 32 por ciento de las microempresas mexicanas, definidas como las que emplean a diez o menos personas y representan alrededor del 97 por ciento del número de firmas mexicanas, afirmaron haber sido objeto de un delito en 2017.
En contraste, las firmas pequeñas, medianas y grandes denunciaron tasas de victimización más elevadas: 59,3 por ciento, 61,5 por ciento y 51,4 por ciento, respectivamente.
Análisis de InSight Crime
Los hallazgos de la cuarta encuesta ENVE dibujan un cuadro devastador de cómo la crisis de seguridad en México afecta la economía nacional.
Casi una quinta parte de las empresas encuestadas informó haber reducido sus horas de operaciones como resultado de amenazas criminales. Más del seis por ciento señalaron que simplemente las habían cesado por completo, y el 13 por ciento informó que había reducido sus inversiones.
Directa o indirectamente, todas estas respuestas representan una reducción de la actividad económica en México.
Aunque la encuesta ENVE no analiza la afectación del producto bruto interno (PBI) mexicano debido a las altas tasas de delincuencia, existe evidencia de que el crecimiento nacional se ha quedado atrás del de sus vecinos latinoamericanos y norteamericanos durante la mayor parte de las dos últimas décadas.
Como lo muestra la encuesta ENVE, las dificultadas persistentes que enfrentan las empresas a manos de los grupos criminales son una causa de peso. Otro estudio del INEGI estimaba recientemente que la inseguridad le cuesta casi 1,65 por ciento al país en términos del crecimiento anual de su PIB.
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La ENVE no establece diferencias entre delincuentes comunes y grupos criminales organizados. Ciertos delitos comunes, como el hurto en tiendas y el fraude tienen pocos nexos naturales con esos grupos. Sin embargo, los grupos criminales organizados o participan o permiten varios de los actos ilegales más frecuentes que afectan a las empresas: la extorsión, pero también el robo a mano armada y la corrupción de funcionarios públicos. De igual manera, el repliegue de la comunidad empresarial frente a la economía fue más pronunciada en los tres estados donde se han recrudecido la extorsión y otras manifestaciones del crimen organizado: Veracruz, Guerrero y Zacatecas.
La encuesta ENVE también explica sin saberlo por qué el gobierno ha sido incapaz de contener esta crisis. Las empresas solo han denunciado los delitos que sufrieron en un 16 por ciento de los casos, denuncias que llevaron a investigaciones policiales en el 85 por ciento de esos casos. Al explicar por qué la resistencia a denunciar los delitos, los dueños de empresas adujeron falta de fe en la capacidad del gobierno para procesar a los delincuentes, temor a los mismos criminales, y desconfianza hacia la policía.
Aun en la pequeña minoría de casos que dan lugar a investigaciones, es improbable que los perpetradores sean capturados y procesados. Según un estudio reciente, solo el 12 por ciento de las investigaciones penales en el país terminaron en condena o absolución.
Una posibilidad tan pequeña de que se lleve a los delincuentes ante la justicia envía el mensaje de que las actividades ilegales se permiten de hecho. En este escenario, muchas empresas terminan pagando a los grupos criminales u optan por el cierre, y el resultado es que la economía de México sigue sufriendo.
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