Un nuevo informe de un investigador estadounidense examina el desempeño de la policía nacional de Guatemala, encontrando que a pesar de que su presupuesto ha aumentado durante los años, el desempeño del cuerpo es insuficiente en medio de la permanente ola de la violencia.
El informe, titulado “How are police doing in combating crime? An exploratory study of efficiency analysis of the Policia Nacional Civil in Guatemala," fue desarrollado por Erik Alda, candidato a doctorado en el Departamento de Justicia, Derecho y Sociedad de American University.
El desempeño de la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) es un tema de vital importancia, por razones interrelacionadas que incluyen: el persistente legado de la violencia ejercida por el Estado que se generalizó durante la guerra civil del país, los años de aumento en el derramamiento de sangre por el crimen organizado y la incursión de grupos mexicanos como los Zetas. Frente a semejante catálogo de retos, Guatemala será incapaz de avanzar sin mejorar la capacidad de su policía.
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Alda menciona al comienzo de su estudio que si el gasto es visto como una medida de la capacidad de la policía, ésta debería haber mejorado enormemente tras la creación de la fuerza en 1997. Y afirma que: "el gobierno de Guatemala ha invertido más de 20 mil millones de Quetzales [US$ 2,5 mil millones] desde el año 2000 para mantener y fortalecer a la PNC, un aumento promedio del 15 por ciento anual."
Sin embargo, durante la mayor parte de este período las tasas de homicidios aumentaron básicamente en conjunto con las asignaciones presupuestarias de la PNC. A pesar de que disminuyó en dos años, la tasa de homicidios de 2011 (el año más reciente medido en el estudio de Alda) fue un 57 por ciento mayor que en 2000. Los motivos de esta discrepancia son el principal enfoque del informe.
Análisis de InSight Crime
Uno de los problemas advertidos por el informe es que pese al aumento en el gasto, la PNC sigue siendo demasiado pequeña en relación con el tamaño de la población. La ONU recomienda que un país emplee al menos 222 agentes de policía por cada 100.000 habitantes. Según el informe, la PNC actualmente cuenta con 14.000 oficiales, lo que correspondería a 162 policías por cada 100.000 habitantes, una de las proporciones entre policías y civiles más bajas de la región. (Otras fuentes indican que la PNC en realidad cuenta con 30.000 oficiales en servicio, es decir, 194 policías por cada 100.000 habitantes).
Sin embargo, dejando a un lado estas deficiencias numéricas, la policía en servicio no está dando la talla. Alda emplea una serie de pruebas de análisis envolvente de datos para medir los resultados de la PNC en los 22 departamentos de Guatemala. Tales pruebas dan un valor numérico a una serie de entradas y salidas que sirven como indicadores del desempeño policial, que incluye desde de la tasa de depuración de homicidios hasta la cantidad de carros de policía. Alda encontró un rendimiento suficiente de la PNC en sólo cuatro de las 22 departamentos de Guatemala. En los 18 restantes, Alda consideró como insuficientes los resultados de la PNC.
El informe señala una serie de razones para los pobres resultados. Una de estas es que el aumento en la inversión en la PNC no fue ni bien planificado ni bien enfocado, tampoco fue implementado junto con la reducción de costos en otras áreas. Como resultado, gran parte del aumento del gasto hizo poco para mejorar los resultados de la PNC o para contribuir con una Guatemala más segura.
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El informe se enfoca en tres factores principales que limitan a la PNC: su falta de capacidad operacional, especialmente en relación con llevar investigaciones a su conclusión, la cantidad de recursos de la PNC no asignados a actividades dirigidas directamente a la reducción de los índices de criminalidad, y la variedad de factores externos que complican el entorno en que opera la PNC, como el nivel general de la población en cuanto a educación, desempleo, desigualdad, y otras barreras socioeconómicas. Alda también toma nota de la falta de continuidad en el liderazgo de la PNC y la agencia que la alberga, el Ministerio del Interior, como un factor que limita el desarrollo de la policía.
Al igual que otros estudios recientes sobre programas gubernamentales de lucha contra el crimen en otros países, este informe muestra que masivos aumentos en el gasto pueden ser necesarios, pero por sí solos no son suficientes para aumentar la capacidad institucional, y mucho menos para mejorar las condiciones en las regiones y ciudades plagadas de violencia.
En general, los observadores de Latinoamérica en Estados Unidos buscan mayor atención a la inseguridad por parte del gobierno estadounidense, lo que a menudo se traduce en más ayuda en seguridad. Este fue esencialmente el patrón de la Iniciativa Mérida y el Plan Colombia. Sin embargo, pese a que un par de años de ayuda de Estados Unidos quizá podrían ofrecer una mejora marginal en la capacidad de investigación de la PNC, las barreras a un cuerpo de policía nacional más eficaz por lo general no responden al dinero -especialmente al dinero entregado por una potencia extranjera que opera según sus propios intereses y percepciones.
Por otra parte, la ayuda de Estados Unidos a menudo tiende a concentrarse en áreas en las que puede ofrecer un resultado significativo, en poco tiempo, con recursos humanos mínimos. Esta fue la dinámica detrás del enfoque en helicópteros en los orígenes de la Iniciativa Mérida, a pesar del hecho de que los helicópteros hicieron poco para abordar las causas de la violencia en México.
Como en gran parte de Latinoamérica, los factores que impulsan a la inseguridad en Guatemala están firmemente arraigados. No existe un atajo a la estabilidad política y a la continuidad de los principales responsables políticos. Los factores socioeconómicos que complican las operaciones policiales no van a desaparecer en el corto plazo. Las recientes mejoras en la tasa de criminalidad en Guatemala son alentadores, pero la tarea sigue siendo desalentadora.
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