Un nuevo estudio que ofrece un análisis detallado de la industria maderera en Perú pone al descubierto los alarmantes grados de ilegalidad que han contaminado la cadena de suministro maderero del país y la constante evolución de las redes de tráfico.
En el informe, “Autorizado para robar: redes del crimen organizado blanquean madera ilegal de la Amazonía peruana”, el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) analiza 1.024 guías de transporte forestal (GTF). Estos documentos acompañan los cargamentos de madera como señal de legalidad, pero con frecuencia se negocian en el mercado negro para blanquear madera producto de la tala ilegal.
Las GTF, que cubren un periodo de tres meses en 2017, registran el paso de madera desde los departamentos de Loreto, Ucayali, Huanaco y San Martín, en el noreste del país, por un punto de control en la vía a Lima.
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La mayoría de los cargamentos de madera que representan los documentos fueron avalados por los Planes de Manejo Forestal, que detallan dónde pueden trabajar los aserradores y qué ejemplares pueden beneficiar. De los que cuentan con planes, el 44 por ciento fueron inspeccionados por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (OSINFOR), ente del gobierno encargado de supervisar la industria maderera. El 58 por ciento de los cargamentos inspeccionados aparecieron en la “lista roja” de OSINFOR, que identifica operaciones de tala con alto riesgo de ilegalidad.
El OSINFOR inspecciona las operaciones madereras en concesiones forestales, comunidades indígenas, terrenos particulares y “bosques locales” —un marco que otorga permisos limitados de explotación a las comunidades locales en zonas selváticas. Los datos de las GTF muestran patrones claros sobre cuáles de esos son más atractivos para los traficantes de madera. Las inspecciones de cargamentos procedentes de bosques locales hallaron que el 98 por ciento tenían origen en operaciones de la lista roja de OSINFOR, mientras que el 94 por ciento de la madera inspeccionada de terrenos privados y el 76 por ciento de comunidades indígenas también venía de operaciones que aparecían en la lista roja. En contraste, solo el 6 por ciento de los cargamentos de concesiones forestales se encontraba en la lista roja.
Del 56 por ciento restante de los cargamentos que OSINFOR no inspeccionó, es imposible decir qué porcentaje puede ser ilegal. El 8 por ciento de ellos provenían de plantaciones forestales sobre las que el OSINFOR no tiene jurisdicción. El 48 por ciento restante o no fueron inspeccionados por OSINFOR o no se declararon para la supervisión del OSINFOR, o la GTF no incluía el número de resolución del Plan de Manejo Forestal, sin el cual es imposible rastrear si la operación se ha inspeccionado o no.
Análisis de InSight Crime
El tráfico de madera en Perú está en manos de una variedad de actores criminales, desde traficantes individuales hasta grandes redes sofisticadas, y es facilitado por funcionarios públicos abiertamente corruptos. El informe de CIEL identifica y nombra a varios funcionarios forestales, cuya firma aparece de manera consistente en planes falsificación, sin que se hayan visto repercusiones.
Lo que deja en claro el informe es cuánta parte de la industria han captado estos actores criminales.
El análisis del CIEL solo pudo identificar alrededor de un 25 por ciento de los cargamentos de madera examinados, como con alta probabilidad de haberse beneficiado de fuentes ilegales, pero al mismo tiempo solo pudo identificar un 18 por ciento con muchas probabilidades de ser legal. Al resaltar cómo la mayoría de los cargamentos pasan sin inspección, el informe llama la atención sobre la manipulación del papeleo, las zonas grises y vacíos jurídicos que los traficantes de madera aprovechan.
Además de esto, hay también una parte importante del sector que opera completamente por fuera de este marco, con la venta de madera directamente en los mercados locales o contrabandeada en la frontera a países vecinos de Perú.
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Teniendo en cuenta estas secciones de la industria, los expertos consultados por InSight Crime creen que los índices reales de ilegalidad en la explotación maderera en Perú podrían llegar al 80 por ciento, lo que representa cientos de millones de dólares para las redes de tráfico de madera.
El análisis de los índices de ilegalidad en los diferentes tipos de zonas de explotación que muestra el informe también ilustra cómo ha evolucionado el tráfico para eludir la atención de OSINFOR.
Inicialmente, las inspecciones del OSINFOR se concentraron en las concesiones forestales, lo que desencadenó un auge de la ilegalidad en comunidades nativas, con la búsqueda de alternativas por parte de los traficantes. Cuando el OSINFOR comenzó a dirigir su atención a estas comunidades, hubo un incremento en el uso de los bosques locales. Con los traficantes decididos a mantenerse un paso adelante, ya hay evidencia de que su próximo blanco pueden ser las plantaciones forestales, que están fuera de la jurisdicción del OSINFOR.
Sin embargo, para uno de los autores del informe, y exdirector del OSINFOR, Rolando Navarro, el aspecto más perjudicial del informe del CIEL es que hay pocos indicios de que la ley forestal de 2015 en Perú, que introdujo una serie de nuevas regulaciones y sanciones concebidas para frenar el tráfico de madera, haya tenido un impacto visible en la criminalidad en la cadena de suministro.
“Este informe constituye la evidencia de que nada cambió con la nueva ley forestal”, concluyó Navarro en intercambio con InSight Crime. “Los mismos actores siguen operando con impunidad, usando los mismos esquemas y el mismo modus operandi del pasado".
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