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Informe revela intersección de proyectos de desarrollo y crimen organizado en Honduras

DELITOS AMBIENTALES / 13 FEB 2017 POR PARKER ASMANN ES

Un nuevo informe del grupo defensor de derechos Global Witness señala que las instituciones estatales cooptadas por élites políticas y empresariales contribuyeron a transformar a Honduras en el lugar más peligroso del mundo para los activistas ambientales, lo que pone de relieve cómo las redes criminales pueden convertir los proyectos de desarrollo en letales empresas ilícitas.

El informe de Global Witness —organización que investiga la manera como la corrupción y la explotación de los recursos naturales fomentan abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos— señala que 123 activistas ambientales han sido asesinados en Honduras desde 2009, cuando un golpe de Estado derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya.

Según el informe, “En ningún lugar del planeta se corre más peligro de ser asesinado por protestar contra el robo de tierras o la destrucción del hábitat natural que en Honduras”.

A lo largo de dos años, Global Witness entrevistó a docenas de testigos y realizó sendas investigaciones para tratar de entender mejor los “poderes económicos y políticos” que hay detrás de los homicidios. Esas investigaciones permitieron producir cinco estudios de caso específicos —tres de los cuales implicaban el asesinato de un activista medioambiental— en los que se destaca la manera como el accionar corrupto y criminal permitió que “hondureños con buenas conexiones llevaran adelante sus acuerdos de negocios a un altísimo costo para todas las comunidades y el medio ambiente”.

Aunque cada estudio de caso detalla un relato específico, la influencia y el poder absolutos de las élites políticas y empresariales de Honduras es una constante. En un estudio, Global Witness denuncia un “obvio conflicto de interés” para el presidente del Partido Nacional Hondureño y la vicepresidenta del Congreso Gladis Aurora López, en dos proyectos de represas hidroeléctricas que reprimieron violentamente a los miembros de la comunidad que se opusieron contra ellos.

Según documentos filtrados a Global Witness, el esposo de López, Arnold Gustavo Castro, es el director único de Inversiones Encinos S.A. y de Inversiones Aurora S.A., las dos empresas propietarias de los proyectos hidroeléctricos Los Encinos y La Aurora. Global Witness denuncia que la influencia política de López permitió que las empresas obtuvieran contratos para los proyectos mientras ella servía en el Congreso. Según una ley hondureña citada en el informe, el gobierno no está autorizado a otorgar a los miembros del Congreso ni a sus cónyuges la celebración de contratos o concesiones otorgadas por el Estado.

En lugar de llevar desarrollo económico al área, los proyectos de represas presuntamente ilegales parecen haber traído consigo una ola de fraudes y represión violenta.

Tras la llegada de maquinaria pesada para la construcción de la represa de Los Encinos, los habitantes de Santa Elena “organizaron una serie de protestas pacíficas” para exigir a la empresa una consulta formal con quienes se verían afectados. En respuesta, los miembros de la comunidad aseguran que López apoyó un intento de lanzamiento violento de los residentes de Santa Elena en los que “les dispararon, destruyeron sus cultivos y quemaron sus pertenencias”.

Esto sucedió después del homicidio de tres activistas indígenas que se oponían a la represa en Santa Elena. Uno fue hallado desmembrado, mientras que en las denuncias consta que se halló a otro con quemaduras en todo su cuerpo y con su cuerpo y manos atados con cordones de botas del ejército.

Para disipar la oposición, testigos oculares declararon a Global Witness que López supuestamente hizo arreglos para que “casi 600 ciudadanos salvadoreños”, a quienes se prometió empleo en la represa de Los Encinos, firmaran acuerdos para la concesión de la represa si hacían parte de las comunidades que se verían afectadas. Cuando Global Witness analizó el documento que esbozaba la consulta, sin embargo, no estaban las firmas.

Durante tres años, el Movimiento Indígena Lenca de La Paz Honduras (MILPAH) presentó peticiones a la alcaldía de Santa Elena para ver las firmas. También interpuso una denuncia ante el fiscal anticorrupción. Pero la alcaldía nunca reveló la lista y eventualmente dijo que la había perdido, una muestra de lo que Global Witness describió como un “esfuerzo deliberado de las autoridades por encubrir lo fraudulento de la consulta en la represa”.

Cuando se le pidió a López que comentara sobre esas denuncias, Global Witness informó que “negó cualquier participación en la reunión para la consulta sobre el proyecto Los Encinos o en las incursiones violentas de la policía en septiembre de 2014.”En relación con los contratos que el Congreso aprobó para los proyectos, López y su esposo negaron cualquier conflicto de interés o accionar ilegal.

Análisis de InSight Crime

El desarrollo económico puede ser una empresa complicada, especialmente en lugares como Honduras, donde la corrupción y la impunidad endémicas exponen a comunidades vulnerables a una posible explotación. Con la formación de estructuras criminales que usan la violencia y la corrupción, algunas élites políticas y empresariales parecen haber aprovechado estos proyectos de desarrollo para su enriquecimiento personal.

La situación se agudizó especialmente, según Global Witness, luego del golpe de 2009, en el que se destituyó al entonces presidente Manuel Zelaya. Luego de eso, las élites políticas y empresariales consolidaron su control sobre ciertas industrias y proyectos de desarrollo, explotando los recursos del país y reprimiendo con violencia a las comunidades que ocupaban las tierras.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Honduras

Aunque la corrupción y la impunidad se dan por descontado en Honduras, parece que cada vez más se usan proyectos de desarrollo económico, a veces de manera ilegal, para enriquecer a las élites políticas. Y los sistemas de rendición de cuentas en Honduras han mostrado barreras para hacer rendir cuentas a los funcionarios corruptos. Como lo muestra Global Witness, los sistemas de rendición de cuentas implementados, como la ley que impide concesiones a miembros del Congreso y sus cónyuges, han sido ineficaces. Las élites han ignorado por completo estas leyes o han hallado maneras de eludirlas con la corrupción.

Encontrar formas de luchar contra la corrupción y la impunidad no es un desafío nuevo en Honduras. Y aunque ya se están haciendo esfuerzos para reformar las instituciones del Estado, su efectividad a largo plazo en la lucha contra la corrupción y la violencia en torno a los proyectos de desarrollo económico aún está por verse. 

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