Un nuevo informe proporciona un nuevo y fuerte argumento en contra del uso de las fuerzas armadas mexicanas para combatir el crimen organizado. Sin embargo, al igual que investigaciones anteriores sobre el tema, las conclusiones del informe van en contra de la compleja realidad política: la población mexicana sigue demandando la presencia del ejército para resolver el problema de inseguridad.
El documento de 42 páginas, publicado por el Trans-Border Institute de la Universidad de San Diego, titulado "Armed with Impunity" (Armados con la impunidad) (ver pdf) habla sobre algunas asuntos que ya informes anteriores habían tocado, pero se destaca porque aborda algunos puntos que son precisos para quienes buscan comprender la complejidad de un tema cargado políticamente, especialmente cuando el país se prepara para recibir un nuevo presidente en el mes de diciembre. Entre las conclusiones más importantes del informe encontramos lo siguiente:
- Los abusos de los militares contra la población civil a menudo quedan impunes.
- El gobierno tiene que aplicar los cambios recientes en la legislación mexicana, con el fin de dar preeminencia al tratamiento jurídico internacional de la utilización de los tribunales civiles para juzgar a personal militar.
- El gobierno debe reducir su dependencia en los militares en la lucha contra el crimen organizado.
- El gobierno debe fortalecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el único ente que ha monitoreado los abusos de los militares en México.
Ninguno de estos cambios será fácil de implementar, especialmente si se considera que el presidente entrante, Enrique Peña Nieto, ha indicado que seguirá utilizando a los militares para combatir el crimen organizado, y ampliar su papel.
Es más, como deja claro el informe, la participación de los militares y la marina en materia de seguridad va mucho más allá de desempeñar las funciones que deberían ser desempeñadas por la policía, y de cubrir las áreas donde las fuerzas de seguridad están siendo superadas y abrumadas.
Su participación comenzó mucho antes de que el actual Presidente Felipe Calderón enviara cerca de 50.000 soldados a diferentes áreas plagadas de violencia.
Para finales de la década de 1990, personal militar manejaba 28 de los 32 comandos de policía estatales del país, y sigue siendo la respuesta más fácil ante la falta de liderazgo de la policía. Los militares han sido invitados a unirse al Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual se ocupa de cuestiones internas de aplicación de la ley, y también han sido Fiscales Generales.
Esto no es sólo una cuestión de derechos humanos o del estado de derecho. La reforma es una cuestión política y financiera de estas instituciones. El informe, por ejemplo, señala que el ejército se ha duplicado en tamaño en las últimas tres décadas, y el presupuesto militar se ha cuadruplicado desde 1996, subiendo seis por ciento desde que Calderón asumió el poder en diciembre de 2006.
Más allá de la cuestión de los recursos, es el cálculo político que cualquier presidente entrante haría. Como en muchas partes del mundo, estas decisiones se basan a menudo en las encuestas, y las encuestas no favorecen a que el gobierno tome la decisión de retirar a los militares de las zonas conflictivas. Sin duda, el ejército está considerado, junto a la iglesia católica como la institución más respetada del país.
En una encuesta del centro de investigación Pew, los militares mexicanos recibieron el 83 por ciento y 80 por ciento de apoyo de los encuestados en 2011 y 2012, respectivamente, cuando se les preguntó sobre su papel en la lucha contra el crimen organizado. Los autores del informe del Trans-Border Institute dijeron que la popularidad de los militares tiene que ver, en gran parte, con el hecho de que muchas familias pobres y rurales tienen familiares en las filas del ejército. Añaden que el ejército mexicano ha sido, durante mucho tiempo, quien ha respondido con soluciones durante momentos de crisis, desde inundaciones hasta protestas públicas.
Además, basándose en los datos de la CNDH, los autores dicen que los abusos de los militares se concentran en dos áreas: los estados de Chihuahua y Michoacán. Desde 2009, momento en el que las acusaciones de abuso llegaron a su punto máximo, ambas áreas han experimentado un descenso notable en los casos de abuso, haciendo que los autores planteen una serie de teorías.
"Esta tendencia puede indicar que la reducción de la participación militar en las principales ciudades, como Chihuahua, ha contribuido a reducir el número de violaciones por parte del personal militar", escriben.
"También puede reflejar el hecho de que los militares han intentando evitar violaciones adicionales, basados en recomendaciones de la CNDH y el control de las organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, una visión menos optimista es que, tal vez, los militares violadores de derechos humanos han ocultado más los abusos".
En el informe no se vuelve a mencionar nada acerca de esta última visión, motivo por el cual el informe se vuelve plano. Los llamados "agresores" han sido asesinados por fuerzas de seguridad durante "enfrentamientos" a un ritmo cada vez más preocupante. Como queda consignado en esta historia de InSight Crime, el número de muertos "agresores" pasó de 231 en 2007 a 2.099 en 2010, el último año para el cual el el gobierno dio a conocer datos sobre esta cuestión.
Estos "enfrentamientos" suceden tanto en las zonas urbanas y como en las rurales, sin un patrón geográfico discernible. El aspecto más importante de estas "batallas" es que sólo hay un testigo - el ejército - y por lo tanto sólo un relato de lo sucedido. Esta tendencia no parece estar disminuyendo, y ni la Procuradoría General de Justicia de México ni la CNDH tienen los medios, el capital político o la voluntad de profundizar en las escenas de batalla después de que sucedan.
El falta de una exploracion por parte del los autores del informe de los casos en que los llamados "agresores" son asesinados, forma parte de una historia más grande y más preocupante. En el corazón de esta historia esta una actitud que se refleja en todos los niveles de la sociedad mexicana: que quienes mueren deben haber hecho algo para merecerlo. Hasta que no cambie esta actitud, hay pocas posibilidades de que los militares tengan que rendir cuentas por sus abusos contra la población civil.
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