Un nuevo informe afirma que la falta de una estrategia integral ha limitado la eficiencia de la iniciativa de seguridad estadounidense CARSI en el "Triángulo del Norte" de Centroamérica, destacando cómo los intereses políticos divergentes pueden socavar los programas bilaterales de asistencia en seguridad.
Un informe (pdf) del Woodrow Wilson Center en Washington DC evaluó el impacto de la Iniciativa Regional de Seguridad de América Central (CARSI, por sus siglas en inglés), un programa estadounidense de asistencia que tiene como objetivo fortalecer los aparatos de seguridad y reducir los índices de criminalidad en Centroamérica, en la región del Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador, Honduras).
En la página de Internet del Departamento de Estado de Estados Unidos, CARSI es descrito como un programa de seguridad regional integrado y colaborativo. Sin embargo, la ausencia de una estrategia coherente ha producido esfuerzos inconexos que en ocasiones resultan contradictorios frente a los objetivos declarados por CARSI, según el informe.
"Algunas agencias prefieren un enfoque antinarcóticos de ley y orden más tradicional mientras que otras dan prioridad a la reducción de la violencia basándose en la comunidad, y periódicamente estos distintos enfoques terminan trabajando en fines diferentes", escriben los autores.
La falta de una evaluación rigurosa en la medición de los resultados del programa ha socavado aún más el impacto de la iniciativa de seguridad. Cuando se aplican evaluaciones a menudo se centran en lo que el informe llama "insumos" -como por ejemplo el número de policías entrenados o las incautaciones de drogas-, olvidando identificar los resultados de estas iniciativas. Una reciente evaluación de impacto de varios años desarrollada por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Vanderbilt sobre los programas de prevención del delito basados en la comunidad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), fue destacado como una notable excepción.
El informe también evalúa lo que los autores consideran los éxitos y fracasos de los programas financiados por CARSI en cada uno de los países del Triángulo del Norte.
Guatemala es considerada la "pieza central" de la iniciativa de Estados Unidos, y ha recibido la mayor cantidad de fondos desde el inicio de CARSI en el año fiscal de 2010. Un punto central de la estrategia de CARSI en Guatemala ha sido mejorar el programa antinarcóticos del país. Sin embargo, los esfuerzos de interdicción marítimos y aéreos asistidos por Estados Unidos han tenido poco éxito, mientras que las campañas de erradicación de amapola han provocado protestas. Por otro lado, CARSI ha apoyado programas de prevención de delito y la creación de tribunales especializados para la violencia de género y otros casos potencialmente peligrosos en Guatemala. El último de ellos ha logrado una tasa de condenas superiores a la media nacional.
Algunos proyectos financiados por CARSI también han estado centrados en la lucha contra el narcotráfico en Honduras, así como en la problemática conexa del lavado de dinero. El informe indica que estos esfuerzos se han visto obstaculizados por los infructuosos intentos de Estados Unidos para reducir la corrupción en las fuerzas del orden. Una de las críticas es que los programas tienden a centrarse en la formación de las personas, en lugar de enfocarse en reformar a las instituciones en conjunto.
Mientras tanto, las iniciativas de CARSI han discrepado de las políticas de seguridad del actual presidente Juan Orlando Hernández. La asistencia estadounidense ha buscado fortalecer a la policía civil del país y a las instituciones judiciales como medio para reducir el crimen y la violencia, mientras que Hernández ha adoptado un enfoque de línea más dura contra el crimen mediante la creación de la policía militar del país.
En El Salvador, CARSI ha enfocado sus esfuerzos en aumentar la capacidad de la policía y otras instituciones gubernamentales. Sin embargo, los proyectos han fracasado en abordar las causas fundamentales de la violencia epidemica en el país, como la corrupción generalizada en el sistema judicial.
Análisis de InSight Crime
El informe del Wilson Center pone de relieve la importancia de un esfuerzo político coordinado en la implementación de un programa de asistencia bilateral de seguridad exitoso, como CARSI. Esto incluye colaboración no sólo entre Estados Unidos y el país anfitrión, sino también dentro del sistema político estadounidense.
Como se indica en el informe, la tensión entre los programas antinarcóticos y las iniciativas de seguridad ciudadanas dentro de la estrategia guía de CARSI probablemente se deba a los diferentes puntos de vista sobre la política de seguridad en las ramas ejecutiva y legislativa de Estados Unidos. El despliegue de agencias del gobierno estadounidense con métodos divergentes para mejorar la situación de seguridad en el Triángulo del Norte -tales como la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y USAID- dificulta aún más los esfuerzos de coordinación. Mientras que agencias como la DEA tienden a utilizar técnicas de aplicación de la ley más tradicionales, USAID favorece las estrategias de prevención del crimen basadas en la comunidad.
Tal vez el ejemplo más notable de cómo la parálisis política en Estados Unidos limita el impacto del CARSI es el que se presenta en El Salvador. Según el informe, CARSI ha sido incapaz de hacer frente a dos causas principales de la inseguridad en el país -la política migratoria de Estados Unidos y las armas de fuego ilegales- porque son cuestiones altamente controvertidas a nivel doméstico en Estados Unidos.
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El informe indica que esta es la razón por la cual no hay fondos estadounidenses destinados a reintegrar a los deportados adultos de vuelta a la sociedad salvadoreña. Teniendo en cuenta que las pandillas callejeras más poderosas del país -Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS13)- migraron a El Salvador en los años noventa a raíz de unas políticas de deportación más rígidas en Estados Unidos, la falta de asistencia de Estados Unidos en este sentido es preocupante. Mientras tanto, según los informes, más de la mitad de todas las armas de fuego ilegales en El Salvador provienen de Estados Unidos, en gran parte debido a la laxa legislación estadounidense en materia de armas.
Como ha sido visto en Honduras, las diferentes prioridades políticas de Estados Unidos y el país anfitrión son otro obstáculo para la implementación de una estrategia de seguridad bilateral cohesiva. Esto es cierto incluso para las iniciativas comunitarias implementadas por USAID. Si bien el informe de LAPOP mostró que éstas pueden tener éxito, sólo pueden ser sostenibles si los países anfitriones demuestran tener voluntad política para favorecerlas por encima de las políticas de seguridad de línea dura. Hasta el momento no es claro que éste vaya a ser el caso: el presidente de Honduras está en el proceso de agregar 1.000 nuevos miembros al cuerpo de policía militar del país y pretende consagrar la unidad en la Constitución hondureña.
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Las divergencias de los objetivos políticos de Estados Unidos y los gobiernos de Centroamérica también fueron puestos de relieve con una improductiva reunión entre el vicepresidente estadounidense Joe Biden y los presidentes del Triángulo del Norte a mediados de noviembre, que demostró lo lejos que las dos partes están de encontrar una solución a la crisis de niños migrantes de la región.
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