Instituciones cómplices en presunta malversación de expresidente de El Salvador

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Nuevos detalles sobre el caso de desfalco y lavado de dinero contra el expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca muestran complicidad institucional pública y privada en el robo de fondos públicos.

Saca y otros miembros más de su administración, de 2004 a 2009, fueron arrestados a finales de octubre en medio de una investigación por el presunto desfalco de más de US$240 millones de fondos públicos, según Factum, que tuvo acceso a una copia de los documentos del caso contra el expresidente y su círculo. Un juzgado decretó la detención provisional del expresidente por seis meses el 6 de noviembre.

Saca creó una nueva ley poco después de llegar a la presidencia en 2004 que le permitía a él y a sus cómplices transferir dineros públicos a cuentas privadas sin dejar mucha evidencia en papel, escribe Factum.

La nueva regulación se llamó “Reglamento Interno de Funcionamiento para el Manejo, Control y Fiscalización de los Fondos Públicos, Gastos Reservados y Secretos de la Presidencia de la República Destinados a las Actividades de Inteligencia, Clasificación, Manejo y Protección de la Información y Deber de Guardar Secreto de los Colaboradores Designado Para el Manejo de los Gastos Reservados y Secretos”.

El reglamento “revela que desde que inició en el cargo [la presidencia de Saca] planificaron la forma en que iban a conseguir la apropiación de bienes del Estado y lo que iban a hacer para lograr la impunidad”, declaró la Fiscalía General de la República en los documentos vistos por Factum.

Luego de creada la nueva regulación, Saca —con ayuda de Élmer Roberto Charlaix, su secretario privado en ese tiempo; Julio Humberto Rank, su entonces secretario de comunicaciones, y César Daniel Funes, a la sazón presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados —ANDA— en el país procedieron presuntamente a mover millones de dólares del erario público de las cuentas presidenciales a sus cuentas personales y a las de otros colaboradores, y a cuentas bancarias de empresas de propiedad de Saca.

Al parecer se dio dinero a algunas empresas aun cuando no existían contratos entre los dos. Los detalles de algunas de esas cuentas y las sumas de dinero que ingresaron se presentan en la gráfica siguiente, compilada por Factum.

En particular, los bancos privados, las entidades del estado encargadas de detectar transacciones financieras sospechosas, y empleados de gobierno todos parecen haber guardado silencio sobre la actividad financiera sospechosa que presuntamente ocurrió durante todo ese tiempo.

Un banco comercial fue un paso más allá y presuntamente mintió cuando se le pidió que entregara información sobre los depósitos y retiros de una cuenta bancaria conectada con Francisco Rodríguez, empleado de la presidencia. En un informe de la Fiscalía General, el Banco Hipotecario aseguró que no había habido ingresos ni retiros de dinero de esa cuenta desde su apertura, según Factum. Sin embargo, posteriormente se reveló que se había depositado unos US$52 millones de dólares en la cuenta durante el periodo de la investigación.

La Corte de Cuentas del gobierno, organismo encargado de rastrear el gasto público de las instituciones del estado, también guardó silencio sobre las actividades financieras de Saca y sus cómplices en lo que la revista llama el “el desfalco más grande de la historia reciente del país”.

Análisis de InSight Crime

Las nuevas revelaciones sobre la complicidad de instituciones públicas y privadas en el robo de tan grande cantidad de dineros públicos causan honda preocupación. Los alegatos de colusión institucional —o en el mejor de los casos de ceguera ante el delito— confirman una tendencia en toda la región, en países como Venezuela, Guatemala y Brasil: el desarrollo de estructuras mafiosas en los gobiernos que crean mecanismos, redes y relaciones para facilitar el robo de dineros públicos y generar silencio, corrupción e impunidad distribuyendo la responsabilidad entre más que unas cuantas personas. Entre más personas e instituciones haya implicadas en los esquemas de malversación, como el que se denunció en El Salvador, más intereses hay de mantenerlos en silencio.

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Esta tendencia también cobra un alto precio en la gobernanza, la democracia y la capacidad de poner freno a la violencia, pues las instituciones cooptadas no cumplen su deber de denunciar la corrupción y el delito, y abandonan su tarea de llevar a la justicia a quienes abusan de sus cargos públicos, su confianza y del dinero.

Los impactantes nuevos detalles de la presunta desviación de fondos públicos hecha por Saca y sus aparentes secuaces, de ser cierta, muestra también un desinterés descarado por parte de las élites políticas de El Salvador por el desarrollo y el futuro del país. El Salvador —uno de los países más violentos del mundo y con una profunda corrupción— se encuentra en medio de una crisis financiera y puede verse obligada a incumplir los pagos de su deuda pública. 

Que se haya develado la presunta corrupción y se la esté investigando da testimonio de la mayor rendición de cuentas en El Salvador, que tal vez está aprendiendo del ejemplo impuesto por sus vecinos regionales Guatemala y Brasil.

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