Un reciente estudio académico sostiene que las instituciones del Estado contribuyen directamente a los niveles de violencia en Latinoamérica en un grado mucho mayor de lo que sugieren los estudios contemporáneos, lo que podría proporcionar nuevas perspectivas sobre la mejor manera de reducir los homicidios en la región.
El autor del estudio, José Miguel Cruz, comienza por señalar que “la mayoría de los análisis que buscan explicar los altos niveles de violencia en Latinoamérica y el Caribe se han centrado en los factores económicos, las variables culturales y las guerras contra las drogas”.
Pero Cruz, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de Florida, dice que la variable olvidada en la explicación de lo que hace de Latinoamérica la región más violenta del mundo ha estado oculta a plena vista: el Estado.
La mayoría de los especialistas consideran que los gobiernos de la región facilitan la violencia mediante instituciones estatales débiles o corruptas. Cruz, sin embargo, sostiene que el Estado es en realidad “un actor fundamental de la violencia criminal actual”.
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Para defender esta tesis, Cruz enumera múltiples ejemplos de agentes estatales que perpetúan la violencia en la región, como el secuestro de 43 estudiantes en 2014 por la policía mexicana, o la gran cantidad de personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad en países como Brasil y Venezuela.
Cruz divide la violencia generada por el Estado en tres categorías:
1. El uso legítimo de la fuerza durante las operaciones contra el crimen, aunque, durante los estados de emergencia, la definición de “legítimo” a menudo se extiende más allá de los límites normales.
2. Las actividades explícitamente ilegales que a menudo se consideran como violaciones a los derechos humanos, como la tortura o las ejecuciones extrajudiciales.
3. Comportamientos criminales encubiertos en los que los agentes del Estado utilizan su posición de poder para cometer y encubrir actos de violencia.
Cruz dice que estas formas de violencia tienen su origen en la manera como los Estados latinoamericanos evolucionaron. En gran parte de la región han prevalecido las estructuras de poder descentralizadas, lo que ha obligado a las élites locales en las zonas periféricas a enfrentarse con actores no estatales para mantener su autoridad. Según Cruz, esta dinámica genera violencia, dado que los grupos compiten por el control y reclaman el monopolio en el uso legítimo del poder.
“Los operadores del Estado promueven múltiples formas de violencia porque ello les proporciona una gran ventaja en relación con otros participantes políticos que compiten por el poder en entornos democráticos”, escribe Cruz.
De hecho, Cruz sostiene que la transición de Latinoamérica a la democracia en la segunda mitad del siglo XX produjo involuntariamente mayores niveles de violencia estatal, debido a que surgieron múltiples grupos que les disputaban el poder a unas élites locales profundamente arraigadas.
“Muchos actores compiten por el control de estas áreas”, le dijo Cruz a InSight Crime. “Anteriormente, en la era autoritaria, no existía esa competencia porque los recursos y el acceso al poder eran limitados por los militares”.
Análisis de InSight Crime
Cruz adopta una postura sugestiva sobre cómo y por qué Latinoamérica sufre constantemente altos niveles de violencia. Reconoce que factores como la desigualdad económica, las bandas criminales y las economías ilícitas juegan un papel importante en el aumento de las tasas de homicidio en la región. Pero, al mismo tiempo, señala que la participación directa del Estado se pasa a menudo por alto.
“Aunque sin duda los factores de tipo social son responsables de la prevalencia del crimen en la región, la gran cantidad de informes que señalan la participación de los agentes del Estado en los incidentes de violencia no política sugiere que quizá simplemente hemos descartado el papel que ha tenido el Estado”, escribe Cruz.
Cruz va un paso más allá al situar el origen de dicha violencia en la forma misma como evolucionaron los Estados latinoamericanos. Según el profesor, la violencia en las zonas rurales no es tanto el resultado de un Estado ausente sino el resultado del uso, por parte de los actores locales, de medios criminales para obtener legitimidad.
Los crecientes vínculos entre alcaldes y pandillas en la región del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) parece ser un ejemplo de este fenómeno. Solo en el último año, varios alcaldes de El Salvador y Honduras han sido arrestados por dirigir organizaciones criminales y por recibir dineros de las pandillas para sus campañas. Como InSight Crime lo ha observado, este patrón, según el cual los líderes criminales ejercen influencia sobre los alcaldes, o bien suplantan descaradamente sus funciones, ha coincidido con un cambio en la distribución del poder, que ha pasado de los niveles nacionales a los niveles locales.
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Las implicaciones de este análisis sobre la manera como las autoridades de la región deben abordar las altas tasas de violencia pueden ser de un gran alcance. En vez de desmantelar a los grupos criminales o reducir las disparidades económicas, Cruz dice que los funcionarios deben darle prioridad a la reforma de las instituciones estatales.
“Las reformas institucionales han hecho parte de la agenda por muchos años”, le dijo Cruz a InSight Crime. Pero estas reformas suelen centrarse en el entrenamiento de la policía y de los funcionarios judiciales.
“Lo que se olvida es que el verdadero problema tiene que ver con la corrupción y la falta de rendición de cuentas”, dijo. “Aunque las reformas están escritas, nunca se llevan a cabo”.
Cruz dice que la difícil tarea de sanear las instituciones del Estado requiere una abundante voluntad política. Sin embargo, esa voluntad suele estar ausente, “porque no existen mecanismos que incentiven a los políticos a llevar a cabo estas reformas”.
Sin duda, los agentes estatales son sólo uno de los componentes que contribuyen a las altas tasas de violencia en Latinoamérica. Pero las causas estructurales de la violencia estatal —es decir, las estructuras de poder descentralizadas— sugieren que este problema es tan infranqueable como los demás generadores de violencia en la región, como la desigualdad y el crimen organizado. Identificar los principales generadores de violencia en Latinoamérica es un importante primer paso, pero encontrar una solución sigue siendo escurridizo.
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